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De cómo Estados Unidos busca disciplinar a Colombia y a América Latina bajo el nuevo gobierno Trump

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad




Nueve horas duró la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia. De las amenazas de una potencial guerra comercial, mediada por la imposición de aranceles entre ambos países y los llamados de un lado y del otro a defender su soberanía (los estadounidenses bajo la idea de mantener su programa de deportación activo como parte de su proyecto de seguridad estratégica; los colombianos bajo la premisa de la defensa de la dignidad y responder a las medidas arbitrarias dictaminadas inicialmente por Trump en su red social, Truth Social) se logró concertar un acuerdo para que los deportados que no lograron aterrizar el día domingo en suelo colombiano llegaran en mejores condiciones en el avión presidencial, cedido por el presidente para hacer estos traslados.


Aunque ya había habido denuncias por parte del gobierno colombiano de que el trato a los migrantes deportados eran inhumanos desde la administración Biden, como lo señala este artículo de El Espectador, la respuesta del gobierno de Donald Trump a la negativa del gobierno colombiano por recibirlos denotó que la relación que Estados Unidos va a tener con Latinoamérica va a estar mediada más por una doctrina neorrealista, similar a la sostenida por autores como Robert Keohane y su postura de que el orden internacional y la estabilidad en un sistema global pueden ser mantenidos por un estado hegemónico que actúa como garante de normas, reglas y estabilidad, y en la que se puede identificar cómo Estados Unidos intenta reafirmar su hegemonía en la región latinoamericana como espacio estratégico para el país.


Tal parece que las relaciones con la región estarán mediadas por lógicas de subordinación y coacción, en la que reconstruir la esfera de influencia que tenía Estados Unidos hace 30 años se vuelve un punto estratégico para el nuevo Departamento de Estado, y un punto de honor para Marco Rubio, quien es su nuevo secretario en este despacho.


La recomposición de la esfera de influencia estadounidense en Latinoamérica



Fuente: Minneapolis Journal, 1912.
Fuente: Minneapolis Journal, 1912.

Tal y como lo señalamos en este y este artículo, la política internacional de Estados Unidos estaría dirigida por dos grandes enfoques, no siempre coincidentes entre ellos, pero que tendrían sentido en tanto buscan la satisfacción de los propios intereses de los Estados Unidos y la conservación de su propia esfera de seguridad.


De hecho, la política exterior planteada por Marco Rubio como nuevo secretario de Estado se ha volcado hacia la securitización de Latinoamérica como escenario geopolítico estratégico frente a la multipolarización del mundo y la emergencia de nuevos bloques regionales que han entrado a disputar los escenarios comerciales y económicos de la región (BRICS, China), lo que implica recuperarla como parte de su nueva esfera de influencia, en un momento donde también la política exterior de Trump, designada bajo el término de “America First”, piensa establecer lazos mucho más pragmáticos y transaccionales entre Estados Unidos y el resto del mundo.


En este caso, para Rubio, la presencia de gobiernos de izquierda democrática (como Petro en Colombia; Boric en Chile; Sheinbaum en México; Lula en Brasil) supone una amenaza regional existencial similar a la presencia de gobiernos autoritarios como el de Venezuela o Nicaragua, en tanto no están alineados con la agenda y los intereses estadounidenses, especialmente frente a la promoción de su idea de democracia y la defensa del sistema de valores y el programa político de su gobierno.


En otras palabras: Para Rubio, como para Trump, la existencia de gobiernos de corte alternativo rompe con su idea de una nueva Doctrina Monroe y el nuevo destino manifiesto de Estados Unidos, basado en la defensa de la “Revolución del Sentido Común” y la posibilidad de tomar medidas por fuera de cualquier procedimiento normal y en marcos de emergencia, como sucedió en este caso con las sanciones que el gobierno de Donald Trump emitió contra Colombia y que ratificó horas después.


Hacia Colombia, esto se traduce en presionar al gobierno de Gustavo Petro, percibido como un aliado no confiable por su relación ambivalente con Venezuela (desconoce los resultados de la elección del 28 de julio de 2024, pero cuestiona el bloqueo contra Venezuela y sostiene aún relaciones diplomáticas con el gobierno oficialista), su rechazo a políticas migratorias coercitivas y su política de Paz Total, que va en contravía de cualquier estrategia frontal de guerra contra las drogas.


Disciplinamiento económico: la nueva estrategia de Estados Unidos en la región



Fuente: RCN Radio.
Fuente: RCN Radio.

El problema radica en que las relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno estadounidense estarán condicionadas, principalmente, por las estrategias que empleen Donald Trump y Marco Rubio como secretario de Estado bajo pretextos para impulsar la alineación de los gobiernos latinoamericanos con los intereses de Washington y su renovada Doctrina Monroe.

En este primer escenario, la administración Trump aprovechó los vuelos de deportación de migrantes hacia Latinoamérica (ya iniciados durante el gobierno Biden) para sondear las reacciones diplomáticas regionales. Fotografías de migrantes encadenados y esposados al descender de aviones en Brasil saturaron redes sociales y desataron protestas formales por parte de los gobiernos de Lula, México y Honduras, tras revelarse posibles casos de humillaciones, vejaciones y torturas durante los traslados.


Posteriormente, el gobierno Petro, que ya se encontraba informado sobre la llegada de dos aviones militares con migrantes colombianos, negó el ingreso de dichos vuelos, argumentando que no recibiría a connacionales tratados como delincuentes. Esto derivó en una réplica contundente de la administración Trump, que amenazó con imponer aranceles de 25% a 50% a productos colombianos y prohibir la entrada a EE.UU. de funcionarios del país sudamericano si no rectificaba su decisión. La contraparte colombiana respondió anunciando aranceles retaliativos a bienes estadounidenses, un llamado a regularizar la situación migratoria de más de 15.000 ciudadanos de EE.UU. y la convocatoria a una reunión urgente de la CELAC para abordar la crisis.


La crisis no duró más de 12 horas. Al caer la noche, ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo. Sin embargo, el diablo está en los detalles, y el comunicado de la Casa Blanca que daba por superado el impase indicaba que el gobierno colombiano había aceptado todas las condiciones solicitadas por el gobierno Trump para levantar la amenaza de sanción, lo que implica que las medidas coercitivas económicas cumplieron su objetivo y demostraron que la diplomacia estadounidense se moverá más sobre la presión unilateral de Estados Unidos ante sus vecinos, que en una agenda multilateral concertada y basada en el diálogo.

(Insertar post de X en la publicación:





Por su parte, el comunicado de la Cancillería indicó que lo acordado estaría en línea con la defensa de las condiciones dignas en las que deben ser recibidos. No obstante, no profundiza en si lo pactado con el gobierno norteamericano está en consonancia con sus demandas de garantías para que los migrantes tengan mejor trato o si, como señala el comunicado de la Casa Blanca, el gobierno colombiano finalmente aceptó las condiciones impuestas por el gobierno Trump para el traslado de deportados. Lo que sí queda claro es que el avión presidencial estará haciendo estos vuelos.


Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores - Cancillería.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores - Cancillería.

 Es claro que este tipo de enfrentamientos van a seguir con el nuevo gobierno de Donald Trump, al menos hasta que haya un cambio de gobierno en Colombia. Las tensiones tenderán a continuar en tanto Petro representa un proyecto político antagónico al de Trump, centrado en el discurso de la defensa de la soberanía regional latinoamericana, las constantes críticas a los procesos de intervención histórica de Estados Unidos en el continente y la priorización de un enfoque alternativo por encima de la doctrina de seguridad norteamericana frente a la migración, al tema de drogas y conflicto armado interno.


Para Trump y Rubio, gobiernos como el de Petro son un riesgo para la seguridad hemisférica, no solo por su alineación con causas progresistas, sino por su potencial acercamiento a China, que EE.UU. ve como una amenaza estratégica.


La imposibilidad de soluciones pragmáticas en un marco de asimetría internacional 


Fuente: Diario El Universo, Ecuador.
Fuente: Diario El Universo, Ecuador.

Aun cuando Rubio había señalado la necesidad de mantener buenas relaciones con los países de Latinoamérica, en la realidad cualquier intento de acercamiento pragmático tenderá a fracasar debido a que la recomposición de la influencia estadounidense, liderada por Rubio como secretario de Estado, demanda alineamientos incondicionales y no deja margen para relaciones neutrales, especialmente cuando la nueva doctrina diplomática norteamericana no buscan negociar, sino reconfigurar la región bajo su influencia, usando herramientas económicas y diplomáticas para el disciplinamiento.


El gobierno Petro, aunque intente evitar choques, se está enfrentando a un nuevo contexto internacional diseñado para crear tensiones como herramienta de control, en un escenario en el que el consenso liberal emergido luego del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se está derrumbando en un mundo multipolar y regionalizado. En este nuevo marco emergente, las relaciones entre países del centro y la periferia están profundizando su asimetría, mientras que los escenarios de cooperación, integración e intercambio se ven restringidos por las tensiones geopolíticas y la fragmentación de las estructuras globales.


Las amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos denotan que las potencias suelen reaccionar con fuerza ante gobiernos percibidos como desestabilizadores de su esfera de influencia. Petro, al resistirse y enunciar en su respuesta que también tomaría medidas coercitivas contra el comercio estadounidense, activa este mecanismo de control.

No obstante, lo que Estados Unidos parece no medir (incluso en los cálculos del propio Departamento de Estado) es que, antes que afectar cualquier intento de China por incidir en la construcción de infraestructura estratégica en la región, este tipo de medidas puede terminar generando dos grandes efectos:


1. Acercar a los gobiernos latinoamericanos hacia otras esferas regionales, en su ánimo de solventar las sanciones en otros mercados y establecer nuevos lazos de cooperación y desarrollo en un mundo que se configura hacia la multipolaridad. En este caso, terminar de acercar a Latinoamérica hacia China, que ya ha venido haciendo un trabajo profundo de diplomacia y soft power para instalarse en los principales proyectos de infraestructura de transporte y comercio en Sudamérica. Aquí, Estados Unidos estaría cumpliendo prácticamente con una profecía autocumplida frente a lo que concibe como esa “amenaza” en China.


2. Construir nuevas redes de integración y cooperación regional que tengan suficiente fuerza para sostenerse y contener los embates de la política diplomática agresiva de Donald Trump. El llamado de Gustavo Petro para convocar una nueva sesión de la CELAC puede ir en esta vía, pero la fortaleza y la consolidación de un proyecto de integración latinoamericano depende, en gran medida, de que se convierta en un proyecto transversal a los gobiernos regionales y se convierta en política de Estado. Por ahora, la negativa de gobiernos como el de Milei o de proyectos como el de Bolsonaro o Kast para abrazar un proyecto de integración hacen que esta posibilidad, por ahora, sea frágil.


A modo de cierre


Fuente: Semana.com
Fuente: Semana.com

Por ahora, la crisis entre los Estados Unidos y Colombia terminó conteniéndose en un momento donde cualquier medida económica hubiera generado afectaciones al proceso de recuperación que se ha dado en el último año en el país. El sabor que deja esta resolución es simple para ambos lados en disputa. Para los Estados Unidos es una “victoria pírrica”, en tanto logra que Colombia acepte sus condiciones, pero con el costo de un debilitamiento en la aceptación de su hegemonía, con ciertas resistencias emergentes en los países latinoamericanos que puede terminar por hacer que su estrategia dura sea contestada.


Por el lado colombiano, el gobierno colombiano enfrenta la imposibilidad de construir una relación pragmática con Estados Unidos —como el que planteó Gustavo Petro el 20 de enero, cuando Trump se posesionó— y que las tensiones se mantendrán en el tiempo, en un escenario preelectoral donde el gobierno deberá navegar entre sus propias bases políticas y electorales, que le demandarán mayor coherencia en su postura antimperialista y un discurso más confrontativo frente a Estados Unidos, y los grupos independientes y de oposición que le pedirán mesura, negociación e incluso cierta aceptación de la nueva realidad diplomática, incluso pasando por su propio programa político.


Es claro que las relaciones con el nuevo gobierno estadounidense marcarán la agenda electoral hacia 2026, y que en esa contienda la forma como el gobierno Petro logre maniobrar su política exterior, con Laura Sarabia a la cabeza —quien debe asumir su cargo con el peso de que otra crisis diplomática con Estados Unidos puede estallar pronto, y quien hasta ahora no ha tenido experiencia en temas internacionales, como lo contamos en este perfil—, podría fortalecer agendas políticas pro-Trump en Colombia o consolidar un discurso más independiente frente a Estados Unidos. La forma en que el gobierno Petro maneje estas tensiones será decisiva para su futuro político.


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