Por: Daniela Quintero. Redacción Pares y Juan Arturo Gómez Tobón, Colaborador Pares.
La Organización Indígena de Antioquia -OIA, informó este martes sobre de la difícil situación humanitaria que se vive en los municipios de Dabeiba, Frontino, Urrao y Murindó en el departamento de Antioquia, debido a enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales. Según nota enviada por el alcalde de Murindó, Jorge Eliécer Maturana, son cerca de 1500 indígenas en estado de confinamiento, los cuales también expresan su intención de desplazarse al casco urbano, pero el número puede ser mayor debido al miedo latente de los lugareños. “El municipio no tiene cómo atender esta situación” expresa de manera angustiada.
De acuerdo con la organización, las comunidades indígenas Embera Eyábida que habitan en Antioquia han quedado en medio del fuego cruzado aparentemente entre estructuras del Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional -ELN.
Asimismo, expresó que Murindó, Frontino, Urrao y Dabeiba son los municipios más afectados por el recrudecimiento de la guerra y la presencia de actores armados.
Los Embera Eyábida constituyen el 59% de la población indígena de ese departamento y están distribuidos de la siguiente manera: en el Urabá en cinco (5) municipios, entre ellos Murindó; en el occidente en tres (3) municipios, entre ellos Frontino y Dabeiba; en el suroeste en el municipio de Urrao; también en Ituango, y en otros del Bajo Cauca y el Valle de Aburrá.
Según el comunicado, más de 1.000 familias indígenas están sufriendo el confinamiento en sus territorios y al menos 500 estudiantes indígenas no han podido asistir a clases por presencia de dichos grupos.
Ante la situación, la OIC denunció a la opinión pública y ante los organismos defensores de Derechos Humanos, la grave situación humanitaria que se registra en las cuatro (4) zonas, “donde las comunidades indígenas son sometidas a la violación constante de los derechos fundamentales, por parte de los grupos armados al margen de la ley, que poco a poco hacen ocupación territorial de los territorios ancestrales”, indicó.
Cronología
Tal como lo registró la AIC, desde el pasado lunes 26 de agosto se agudizó la situación de orden público. Ese día se registraron enfrentamientos armado en Resguardo Indígena Genaturadó en el municipio de Dabeiba.
Dos días después, se presentaron combate en el Resguardo Chageradó en el municipio de Murindó. Y el 31 de agosto, en el Resguardo Ampartradó Alto y Medio, comunidad Amparradó Alto, municipio de Frontino.
La Fundación Paz y Reconciliación-Pares habló con un enlace territorial quien pudo constatar los enfrentamientos en el municipio de Frontino y expresó que en esta zona se están enfrentando el Clan del Golfo y el ELN por el control territorial. Estos hechos estarían ocurriendo en el corregimiento de Murrí, en la vereda La Blanquita y tienen en estado de alerta a una comunidad indígena, campesina y un grupo de excombatientes de las Farc que están en proceso de reincorporación.
“Dicha situación ha generado que las familias indígenas confinadas no puedan desarrollar su vida de manera normal, poniendo en riesgo su mínimo vital, hoy por la siembra indiscriminada de minas antipersonas, no pueden buscar alimentos de pan coger o desarrollar actividades propias para su subsistencia como la caza y la pesca”, indicó la OIA.
En ese sentido, la OIA llamó a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Gobernación de Antioquia, y a organismos internacionales para que adelanten acciones conjuntas y se puedan mitigar inmediatamente los riesgos a los que están expuestas las comunidades.
“Los pueblos indígenas estamos cansados de la guerra y exigimos el respeto por la vida, la autonomía y los recursos naturales, no más minas antipersonas en nuestros resguardos, no más confinamiento, no más trabajos forzosos, no más amenazas e intimidaciones, somos pueblos de paz que convivimos en armonía con nuestros hermanos y nuestros territorios”, sentenció la organización indígena.
Dichos territorios se han convertido en espacios de interés para los grupos armados. En ese sentido, estos municipios son utilizados para la siembra de coca, materia prima de la cocaína, y posteriormente para la movilización de la droga, lo cual pone en riesgo a las comunidades por el posible reclutamiento forzado, confinamiento en las viviendas, así como la estigmatización, principalmente de líderes y lideresas sociales.
Murindó asfixiado por grupos armados y olvido estatal
El día de ayer, 2 de septiembre, llegaron al casco urbano de Murindó, después de caminar toda la noche, 50 personas desplazadas del resguardo de Turriquitadó Llano, entre los cuales hay 20 niños.
Paz y Reconciliación -Pares, logró hablar con uno de los indígenas, quien pidió la reserva de su identidad por temor a su seguridad. Sus palabras fueron breves y con el tono de su voz dejó entrever el temor y la zozobra a la que están sometidos:
“Llevamos varios días de intranquilidad; los grupos armados están a escasos 150 metros el uno del otro, por las noches lanzan ráfagas de fusil al aire, el otro responde de igual forma y nosotros estamos en el medio. Ambos controlan hasta el ingreso de una libra de sal con el pretexto de que es para ayudar, al contrario, no nos permiten la pesca, la caza y llegar a nuestros cultivos de pancoger. Si no nos matan las balas, nos morimos de hambre”.
Pares tuvo acceso a un mensaje del alcalde de Murindó, en el cual le expresa lo siguiente: “Desde hace tiempo yo vengo reportando la presencia del ELN en las comunidades indígenas. Desde hace 12 o 15 días, ingresó un grupo considerable de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia a las comunidades de Gugua e Isla. Tienen a la población de Chageradó confinada y a pocos metros está el ELN, que también tiene la población confinada”.
Según el DANE: el 92, 15 % de los habitantes de Murindó tiene bajo logro educativo y un 48, 89 % no sabe leer ni escribir y el 46, 63 de los infantes de Murindó, tienen barreras para acceder al cuidado en su primera infancia.
El alcalde de Murindó
En un diálogo sostenido con Pares, Jorge Eliecer Maturana, alcalde de Murindó, describió así la situación que vive hoy su comunidad:
“No son solo las comunidades indígenas las confinadas, es toda la población, el miedo no nos permite movernos, vivimos un estado de tensión constante. Yo le digo a los grupos armados, nos lo queremos en nuestro territorio, somos gente de paz y queremos vivir en paz”.
Pares: ¿Cuál es la situación de orden público de Murindó?
Jorge Eliécer Maturana: Ayer tuve un Consejo de Seguridad y en este nos informaron que en el resguardo de Chageradó hay un grupo de las AGC y a escasos metros hay un grupo del ELN, en el resguardo de Murindó. Unos no los dejan salir y otro no hace lo mismo con el otro. El uno hace disparos al aire y el otro le contesta, en cualquier momento se da un enfrentamiento y los indígenas quedaran en medio del fuego cruzado.
«El mensaje es que no queremos ni guerrilleros ni paramilitares. Que nos dejen el territorio en paz.»
Pares: ¿Qué se evidenció en el Consejo de Seguridad?
J.E.M: Después de una visita a terreno por parte de la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Delegada para lo Étnico, ellos me informaron que cuando llegaron, a una comunidad la tenía reunida un grupo armado, y otra de más arriba también la tenía reunida un grupo armado diferente.
Pares: ¿Por qué se disputan este territorio?
J.E.M: Por un lado, esto es corredor estratégico que comunica a Antioquia con el Pacífico, por otro lado los cultivos de coca han aumentado después de la firma de los acuerdos. Esta gente compra coca y el gobierno no busca la sustitución de cultivos. El campesino la quiere, pero necesitamos vías y precios de sustentación que permitan una vida digna.
Pares: ¿Esta situación es nueva o viene de tiempo atrás?
J.E.M: Mire, la paz la vimos como un sueño realizado con la firma de los acuerdos con las Farc; salió el frente 34 de las FARC y a los dos meses ya estaba el ELN, pero no el Estado.
Desde el 2017 se nos están dando desplazamientos, siempre nos toca atenderlos con nuestros recursos. Los que estamos viviendo esta guerra por años en carne propia, nos sentimos abandonados por el Estado.
La Fundación Pares ha registrado desde noviembre de 2016 hasta la fecha 292 defensores de derechos humanos asesinados, de los cuales 43 casos corresponden al perfil de líder indígena. Asimismo, Antioquia es el segundo departamento que más presenta casos de asesinatos contra defensores.
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