Por: Isabela Puyana
Foto tomada de: Mundo Eléctrico
Democratizar la energía es el propósito central de la figura de las Comunidades Energéticas, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y reglamentada desde el pasado 22 de diciembre, cuando el Ministerio de Minas y Energía (MME) expidió el Decreto 2236 de 2023. La norma define la posibilidad para la participación de los usuarios en la generación, almacenamiento y consumo de energía eléctrica en los territorios.
Según Maria Victoria Ramírez, directora de energías del Ministerio, esta es una oportunidad desde lo social y lo ambiental para el aprovechamiento eficiente y responsable de los potenciales energéticos renovables en cada región, en el marco de la transición energética justa.
Ya son más de 7.000 grupos organizados que se han postulado en poco más de un mes para ser reconocidas como comunidades energéticas, principalmente en las regiones Andina, el Caribe y el Pacífico, que buscan aprovechar los beneficios de este nuevo modelo orientado a reconfigurar la matriz energética en el país a partir de sus proyectos de generación a través de fuentes de energía renovables.
El PND estableció que “los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos podrán constituir Comunidades Energéticas para generar, comercializar o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos”. Por su parte, el Ministerio de Minas reglamentó con el decreto que estas comunidades “están constituidas por personas naturales o jurídicas que cooperan entre sí, a través de un contrato de derecho privado. Su objetivo fundamental es la generación, comercialización y uso eficiente de la energía”.
El Ministerio definió que actuarán como agentes autogeneradores colectivos —concepto que se refiere a producir energía para las necesidades de la comunidad y poder vender electricidad si se genera más de lo que se consume— o como generadores distribuidos colectivos —dedicados a la producción de energía eléctrica para vender mediante la conexión a un sistema de distribución local o una microrred—.
Esta figura, que convoca a la postulación de comunidades organizadas, asociaciones de derecho, en contraposición a la búsqueda de ganancias económicas, apunta a proyectos de generación a partir de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, de la energía eólica, solar, geotérmica, biomasa o la proveniente de las mareas, según el potencial local.
El camino para las comunidades energéticas
La postulación para constituir comunidades energéticas es el primer paso para la participación de los usuarios en la cadena de la energía eléctrica. Según el esquema trazado por el MME, durante el primer trimestre de 2024 se definirá quiénes pueden recibir recursos, los criterios de priorización de los proyectos y de focalización, el mecanismo para recibir los recursos y un modelo de incubadora, que hará parte de la siguiente fase del proceso, a través del fortalecimiento de las comunidades energéticas y el desarrollo de sus proyectos de generación, antes de su operación efectiva.
Sin embargo, el proceso requerirá todavía acciones del Ministerio, así como de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
“La definición de criterios de focalización para la asignación de recursos públicos es un paso crítico”, señala el Centro de Pensamiento Polen Transiciones Justas. “Es imperativo que el MME defina estos criterios con transparencia y sin ambigüedades, priorizando de manera efectiva (no solo formal) a las comunidades vulnerables”.
La definición precisa de los "combustibles renovables" y la reglamentación del Registro de Comunidades Energéticas son otros aspectos entre las observaciones de la entidad, que tiene entre sus líneas de trabajo la descarbonización del sector eléctrico, la democratización energética, la reconversión laboral y reorientación económica y la eliminación progresiva de los extractivismos fósiles.
“Es importante que el MME, la CREG y la UPME (cada una en lo de sus competencias) tomen medidas tendientes a evitar que los propósitos de las Comunidades Energéticas se desdibujen, y/o que el esquema sea utilizado para disfrazar esquemas de negocio de empresas y agentes con mero ánimo de lucro”, advierte Polen.
Las primeras comunidades energéticas
En noviembre de 2023, nuestro coordinador de la línea Gobernanza, Transición Energética y Paz, Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, explicó en un artículo que ya desde ese año el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE) priorizó las primeras Comunidades Energéticas en los departamentos de La Guajira, Nariño y Valle del Cauca para desarrollar proyectos que aportarán al Sistema Interconectado Nacional, y en los que las comunidades participarán de toda la cadena de generación con energías limpias.
Destacó que en Medellín ya existe un trabajo de comunidad energética, apoyado por EPM y el Reino Unido. En el barrio El Salvador y que 24 familias participan en la generación de energía a través de 43 paneles solares que generan aproximadamente 3.000 kWh por mes, según la Alcaldía de Medellín.
Las familias involucradas tienen la posibilidad de autogestionar su consumo y acumular puntos que representan incentivos económicos, además de consolidar un tejido social alrededor de la energía: “Este caso se convierte en un referente para los desafíos que se tienen en la implementación de las comunidades energéticas en Colombia. Retos que pasan por barreras de conocimiento técnico, normatividades claras, los incentivos económicos y ayudas; y el cómo entran a participar las grandes empresas generadoras de energía”, subrayó Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, para quien las desigualdades socioeconómicas, sobre todo en las comunidades rurales y marginadas que tienen poco acceso a la energía plantean otro importante desafío en el camino de la democratización energética propuesta por el Gobierno.