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Colombia endurece leyes contra el feminicidio: cero beneficios penales para condenados

Por: Katerin Erazo, Periodista




El Gobierno Nacional de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Justicia Néstor Osuna, firmó la Ley 2356 de 2024. Esta nueva legislación marca un hito en la lucha contra el feminicidio en el país al eliminar beneficios penales y endurecer las medidas para los condenados y detenidos por este delito.


La Ley 2356, que entra en vigor de inmediato, tiene como objetivo principal garantizar que las penas por feminicidio sean cumplidas en su totalidad en centros penitenciarios, sin posibilidad de beneficios o subrogados penales. Esta iniciativa legislativa surge en respuesta a la creciente preocupación por la violencia de género y el alarmante aumento de feminicidios en Colombia.

La Ley 2356 de 2024 consta de cuatro artículos esenciales. El primer artículo modifica el segundo inciso del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, también conocido como el Código Penal. Esta modificación establece que el feminicidio se excluye de beneficios penales como la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Esto significa que las personas condenadas por feminicidio no podrán acceder a ninguna forma de reducción o alteración de su pena, excepto en casos de colaboración regulados por la ley.


El segundo artículo modifica el artículo 314 de la Ley 906 de 2004, el Código de Procedimiento Penal, indicando que no se permitirá la sustitución de la detención preventiva en un establecimiento carcelario por detención domiciliaria para aquellos acusados de feminicidio. Esta medida se aplica tanto a los condenados como a los imputados que están bajo detención preventiva, asegurando que cumplan su detención en centros penitenciarios.


El tercer artículo modifica el artículo 38G del Código Penal, el cual normalmente permite que una persona cumpla la pena en su lugar de residencia tras haber cumplido la mitad de su condena y bajo ciertas condiciones. Sin embargo, la nueva ley excluye específicamente a los condenados por feminicidio de esta posibilidad, obligándolos a cumplir toda su pena en prisión.


Finalmente, el cuarto artículo de la ley establece que esta normativa entra en vigor desde el momento de su promulgación, asegurando una aplicación inmediata y sin dilaciones.

Según datos de la Procuraduría General de la Nación, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2024, se registraron 90 feminicidios en Colombia. De estos, en 61 casos los agresores fueron presuntamente parejas o exparejas de las víctimas. Las estadísticas subrayan la gravedad de la situación, con Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Atlántico y Bogotá siendo los departamentos con mayor incidencia.


Un caso que ejemplifica la urgencia de esta ley es el reciente feminicidio de Stefanny Barranco, quien fue asesinada por su expareja en el Centro Comercial Santafé de Bogotá. Este y otros casos recientes resaltan la extensión de la violencia de género más allá del ámbito familiar, afectando a las mujeres en sus lugares de trabajo y espacios públicos.


La procuradora general, Margarita Cabello, expresó su preocupación ante la alarmante cifra de feminicidios, destacando que "dieciocho mujeres por mes han sido asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas sentimentales en lo que va del año". Esta situación refleja una problemática sistemática que requiere medidas contundentes y eficaces.


La aprobación de la Ley 2356 ha sido recibida con aplausos por diversos sectores que abogan por los derechos de las mujeres. Carol Rojas, analista del Observatorio de Feminicidios Colombia, señaló que esta ley representa un paso crucial hacia la protección de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. "Es fundamental que la sociedad entienda que los feminicidios no son problemas personales, sino un riesgo para la vida de todas las mujeres", afirmó Rojas.


Por su parte, las congresistas de la Comisión para la Equidad de la Mujer han reiterado la necesidad de implementar políticas y programas que promuevan la equidad de género y eduquen sobre la no violencia. Además, han solicitado a la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes llevar a cabo investigaciones rigurosas y brindar apoyo a las mujeres y familias afectadas.


Cabe destacar el informe de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), titulado "Vivir sin miedo: informe de violencias basadas en género 2022-2023",publicado el pasado 7 de marzo, que destaca una preocupante escalada en la violencia de género en Colombia. El informe no solo subraya la necesidad de medidas legales efectivas, sino también una transformación profunda de las actitudes y prácticas sociales que perpetúan la desigualdad de género.


Según el documento, en 2023 se emitieron 84 alertas desde Medicina Legal por agresiones de violencia intrafamiliar, y 848 alertas por amenazas de feminicidio. Estas cifras reflejan un creciente riesgo para la seguridad de las mujeres, especialmente aquellas entre 18 y 59 años, quienes representaron el 88% de los casos de feminicidio en 2023.


Bogotá lidera el lamentable ranking de feminicidios con 149 casos en 2023, un incremento del 31.8% respecto a 2022. Le siguen Valle del Cauca con 82 casos y Antioquia con 73. Sin embargo, la lentitud judicial es alarmante: el 54% de los casos están en fase de indagación, el 8.6% en fase de investigación, el 47.3% en juicio y solo el 7.3% en ejecución de penas, fomentando así un entorno de impunidad.


La falta de unificación de datos sobre feminicidios es otro gran desafío señalado por el informe. Esta deficiencia impide una comprensión completa y precisa de la situación, dificultando la implementación de soluciones efectivas.


En dicho informe de Pares se recuerda que la administración del presidente Gustavo Petro introdujo iniciativas como el Ministerio de la Igualdad y la Patrulla Púrpura, pero aún no existen indicadores claros sobre su eficacia.


Por lo tanto, el informe de la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares es un llamado urgente a la acción. Es imperativo que las autoridades tomen medidas concretas para no solo fortalecer el marco legal, sino también cambiar las prácticas y actitudes que perpetúan la violencia de género. La seguridad y el bienestar de las mujeres en Colombia dependen de ello.


La Ley 2356 de 2024 podría ser una respuesta necesaria y urgente a la crisis de feminicidios en Colombia. Al eliminar los beneficios penales para los condenados por este delito, el gobierno busca garantizar que las penas se cumplan íntegramente en centros penitenciarios, enviando un mensaje claro de cero tolerancia hacia la violencia de género. Esta normativa podría representar un paso significativo hacia la justicia y la protección de las mujeres en Colombia, aunque queda mucho por hacer para erradicar completamente esta problemática.


Recordamos que en Colombia existen líneas de ayuda para víctimas de violencia de género. La línea 155 es un número telefónico gratuito disponible las 24 horas del día, que ofrece orientación psicosocial y jurídica, así como asistencia en la presentación de denuncias. La Línea Púrpura, habilitada por la Alcaldía de Bogotá, también proporciona atención especializada para mujeres en situaciones de emergencia.


Línea Púrpura Distrital: El servicio es gratuito y funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. Se puede contactar marcando el número 018000112137, enviando un mensaje al WhatsApp 300 755 1846 o escribiendo al correo lpurpura@sdmujer.gov.co.


Profamilia: Se puede acudir a cualquiera de las clínicas de Profamilia a nivel nacional para recibir apoyo e iniciar la ruta de atención integral.


Fiscalías: Se puede presentar la denuncia de forma verbal o escrita en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales de la Fiscalía o en las Unidades de Reacción Inmediata (URI).

1 comentario


teeartichoke
01 jul

Las mujeres deben estar protegidas por la ley lo más estrictamente posible. Cualquier delito que afecte a las mujeres debe ser castigado. dinosaur game

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