Cauca, Chocó Y Catatumbo: El costo de ser joven y líder social

Podemos afirmar que las comunidades negras del río San Juan están cada vez más en alto riesgo de extinción física y cultural: es decir, hay un etnocidio en curso.

Fragmento extractado del

Comunicado del consejo comunitario del San Juan,

ACADESAN

17 de enero de 2022

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina

Covocero de la línea jóvenes en riesgo y participación juvenil de Pares


No sólo estamos frente a un etnocidio como bien lo dice este fragmento del comunicado de ACADESAN, sino ante una serie de acciones armadas que vienen costándole mucho en vidas, víctimas y heridos a la niñez y a la juventud colombiana.


2021 no fue un buen año para la juventud en Colombia, el paro iniciado el 28 de abril y su respuesta desde el estado fue un ensañamiento violento contra este segmento poblacional, claramente denunciado ante organismos protectores y garantes de derechos humanos, defensorías y demás entes guardianes de la protesta social. Un símbolo de esto es Lucas Villas, activista estudiantil asesinado el 17 de mayo de 2021 en el Viaducto Pereira- Dosquebradas, en el área metropolitana del centro occidente, vía neurálgica del Eje cafetero, la cual ha sido resignificada y renombrada por el movimiento social como Viaducto Lucas Villa.


Así pues, entre protestas, marchas, enfrentamientos con la fuerza pública, etc., pasó el 2021 en su primer semestre para la juventud nacional. Los medios pusieron su foco en lo que pasaba en las grandes ciudades y en las capitales, pues cada día se generaban grandes hechos de violencia que afectaron bienes públicos y privados al fragor de los enfrentamientos con el ESMAD y cuerpos de policía. La coyuntura agrupó diversos hechos: quema de CAIS, jóvenes desaparecidos en batidas, detenidos sin el debido proceso, gasificación de las marchas, barras de fútbol marchando juntas, muchos sectores del movimiento social unidos al paro; para el gobierno, por su lado, significó la salida de varios ministros y funcionarios y el replanteamiento de reformas económicas y tributarias. Recordemos que ya en 2019 a inicios, el movimiento estudiantil le ganó en franca lid el pulso a Duque frente a la reforma a la ley 30 y en noviembre del mismo año, las protestas del 19 N, sólo se vieron interrumpidas por la pandemia del 2020, que aquietó las aguas.


¿Pero qué pasaba en zonas donde la ausencia del estado ha sido el común denominador desde siempre, regiones como el Chocó, Catatumbo y Cauca, históricamente golpeadas por la disputa territorial, rutas del narcotráfico, economía cocalera, bandas criminales, pobreza, conflictos socioambientales, etc.? ¿Cuál ha sido el rol de la juventud en estos territorios?


Allí creció el conflicto armado, debido a la histórica ausencia del estado que entiende esta como presencia militar, pero que olvida mínimos básicos necesarios para la supervivencia, agua potable, vías, educación, salud, trabajo, conectividad, entre otras. A esto sumémosle la poca o casi nula voluntad del gobierno en la implementación del acuerdo de paz de la Habana, lo que fortaleció la presencia de disidencias de las FARC, ELN y paramilitarismo. Esto pinta entonces un panorama bastante complejo para la juventud y la niñez en estas regiones y que las noticias de los primeros días del 2022 así lo ponen de relieve.


Así pues, en Chocó una niña de 10 años perdió su vida en una incursión armada del Clan del Golfo. El pasado fin de semana, la menor, quien se encontraba refugiada en su casa, fue alcanzada por una bala perdida en medio de los disparos amedrentadores del grupo armado, incursión en la que también perdió la vida el joven Jesús Lerma Murillo.


Días antes, el pasado 10 de enero, según comunicado de la ACADESAN, también es secuestrado y luego hallado sin vida Nilson Antonio Velásquez Gil de 51 años de edad, acto atribuido al ELN.

En el departamento del Cauca, el joven líder ambientalista Breiner David Cucuñame de 14 años y miembro de la guardia indígena estudiantil del resguardo de Las Delicias, fue asesinado con varios impactos de bala que le costaron la vida. En el mismo lugar también fue asesinado el líder del esquema de seguridad Guillermo Chicame y resultó herido Fabián Camayo, ambos miembros del resguardo.


Finalmente, en el municipio del Tarra, Norte de Santander, una niña de nueve años, resultó herida de bala en su pierna, durante enfrentamientos entre el ejército nacional y el GAOR E33, grupo armado organizado residual. Según precisiones hechas por el comunicado de prensa del Ejercito nacional del 9 de enero, emanado del operativo liderado por el Comando Operativo Energético No. 1, la niña fue trasladada a Ocaña, donde es atendida debidamente por especialistas.

Dadas estas tres situaciones de orden público, que afectan directamente a la niñez y juventud, y al ejercicio de los liderazgos sociales en zonas de conflicto podemos decir lo siguiente:

  1. Es necesario insistir en una presencia integral del Estado, que no solo suponga militarización del territorio, esta debe ir acompañada de procesos de sustitución de cultivos ilícitos, soberanía del territorio y voluntad negociadora con los actores del conflicto.

  2. Los procesos de presencia estatal, asistencia humanitaria, garantía de derechos e incidencia territorial, deben ir con alto componente diferencial y étnico, para casos específicos como los del Chocó y Cauca.

  3. Es urgente la implementación del acuerdo de paz de la Habana en estas zonas, sobre todo en el capítulo étnico. Esto podría dar, a zonas específicas, garantías de supervivencia digna, con enfoque diferenciado y en consecuencia con sus modos de vivir y cosmogonías propias.

  4. Deben buscarse voluntades y estrategias para fortalecer e implementar el estatuto de ciudadanía juvenil, Ley 1622 de 2013, y que se formen liderazgos sociales en este aspecto, buscando crear propias rutas de atención integral a los problemas de la juventud de estos territorios. Este podría ayudar a entablar acciones encaminadas a evitar reclutamientos en economías ilegales y reclutamientos forzados.

  5. El sistema de protección a primera infancia en zonas de conflicto recrudecido se ha mostrado débil, Ley 1098 de 2006. Allí la presencia del ICBF debería ser priorizada y con enfoque diferencial étnico y cultural

  6. Queda demostrada la incapacidad del Estado de hacer frente a los grupos armados ilegales. Es momento, entonces, de buscar otros caminos y estrategias. Entre ellas, un diálogo que incluya a las víctimas del conflicto como principales protagonistas y un enfoque de política antidrogas diametralmente distinto a lo ya hecho por años.

  7. El debilitamiento de la presencia del Estado en estas zonas, y la emergencia de disidencias y otros grupos armados al margen de la ley, le pasarán factura al partido de gobierno en las próximas contiendas electorales, 2022 y 2023.

Panorama difícil para estas poblaciones que comienzan el 2022 con dolores y pérdidas muy profundas. Los esfuerzos del Estado deben aumentar en atender estas tragedias, en garantizar seguridad y paz.


Ya veremos en términos de lo electoral, cómo decidirán en las urnas estas regiones y qué acciones se darán desde los próximos liderazgos por venir para superar estas complejas condiciones de vida.