Por: Laura Cano, Periodista Pares.
Ayer en medio de la instalación de la legislatura del Congreso se escuchó a la senadora Aída Avella, quien ha forjado su carrera política desde las luchas justas por más de 30 años y desde el respeto y defensa a quienes han estado desprotegidos históricamente. Ella fue la encargada de pronunciarse en nombre de la oposición, demostrando en sus palabras la responsabilidad, análisis y experiencia de alguien que ha vivido la realidad del país.
En su discurso, a diferencia de lo dicho por Duque quien se ufanaba de logros como la supuesta disminución de asesinatos a lideresas y líderes sociales en un 25%, Avella trajo de nuevo a la discusión temas que deberían ser centrales en la agenda nacional, y que parecen pasar de lado, no solo ayer, sino en los más de cien días de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Dado esto es necesario retomar las palabras y reclamos de Aída Avella, exigencias que no son nuevas, y que con el panorama sociopolítico actual del país es de urgencia empezar a presionar a las y los dirigentes del país.
"El país se inundó de decretos, resoluciones y normas"
El debate sobre la necesidad de retomar las sesiones del Congreso de manera presencial se sigue dando, muestra de esto fue la presencia de más de 35 parlamentarios el día de ayer en las instalaciones del Congreso, esto como reclamo a que la virtualidad ha impedido “dar debates profundos” y que este pareciera estar funcionando solo como una “plataforma virtual”.
En este sentido la senadora señaló que en este periodo en el que la presidencia ha tenido vía libre para expedir decretos, resoluciones y normas, se han expedido “164 decretos, solamente cinco se refieren a la salud, varios tocaron temas sensibles para la sociedad, como las pensiones, la eliminación de aranceles para las importaciones, la enajenación de bienes públicos, entre otros. Llama la atención que muy pocos fueron dirigidos a los sectores sociales y todos, absolutamente todos, carecieron de perspectiva de género, permitiendo que los efectos de esta pandemia recaigan arbitrariamente en las mujeres”.
Con este panorama se pueden evaluar varios de los cuestionamientos que han surgido respecto a las medidas tomadas. Siendo una de las primeras los espaldarazos que ha dado el Gobierno Nacional al sector bancario, centrando muchas de las decisiones en alivios para estos que terminan convirtiéndose en créditos que las personas más vulnerables deben sacar para poder solventar la crisis económica.
“Para la atención de la emergencia se han colocado 117 billones de pesos, se invirtieron 7,2 en salud, 4,5 en atención humanitaria, 2,6 para entidades territoriales y 60 billones como respaldo a créditos, es decir, la banca es la gran beneficiada”, aseguró Avella.
En vía a esto se instó en la necesidad de generar aportes de los sectores más ricos para poder hacerle frente a la crisis a través de programas sociales, insistiendo, por otra parte, en la urgencia de frenar la reforma tributaria, que en palabras de la senadora “regresiva para el pueblo trabajador, pobres y capas medias”.
Lo anterior sin dejar de lado una de las problemáticas creciente con la pandemia, y que se ve acentuada con la crisis económica, social y sanitaria: el desempleo, que, según las más recientes cifras del DANE, en mayo la tasa total llegó al 21.4%, presentando un aumento de 10.9 puntos respecto al mismo mes de 2019.
Lo anterior es una de las razones por las que se exige la entrega de una renta básica correspondiente a un salario mínimo, acción que ha sido propuesta reiteradamente, incluso estableciendo de dónde podrían salir esos recursos. Esto sumado a uno de los dramas más notables y dolorosos que la pandemia ha expuesto: el hambre que ronda en las calles y que ha obligado a millones de personas a dejar de estar en confinamiento para buscar las formas de poder acceder a alimento.
“No es posible que un gobierno no entienda que esa es una forma de activar la economía, entregándole ingresos a 9 millones de hogares, beneficiando a 32 millones de personas. (…) Con la renta básica todos los negocias se reactivan; las tiendas de barrio, los restaurantes y la compra de los productos del campo.”
"Hay un detrimento en los servicios de salud"
Según el Ministerio de Salud al 20 de julio en Colombia había 204.005 casos confirmados de Covid-19, 100.870 casos activos y 6.929 muertes, esto mientras el Gobierno desde inicios de marzo pedía tiempo en confinamiento para evitar un colapso de los centros médicos. No obstante, la falta de priorización en las medidas implementadas no logró un panorama muy diferente al que se evitaba. A hoy, solo en Bogotá se pasó por el 90% de ocupación de las 1.083 camas de UCI disponibles en la capital para pacientes con Coronavirus.
Sin dejar de lado que en Medellín la ocupación ronda e 86%, en Barranquilla llegó al 73% luego de pasar por el 90%, en Cali el porcentaje está en el 95%. En Córdoba de las 259 camas que disponen el 81.8% están ocupadas. En Riohacha 22 de las 29 camas que tienen están ocupadas. En Quibdó hay 36 camas, sin embargo, solo 30 cuentan con ventiladores y de estas 24 ya están ocupadas.
Esto, como se venía advirtiendo, es el resultado de un problema estructural sin atención, que incluso ha promovido paros, movilizaciones, y que hoy salta a la luz la validez de cada exigencia. “Persisten las dificultades provocadas por las EPS, que incluso en tiempo de pandemia el Gobierno no se atreve a toma bajo su control el financiamiento. La intermediación dificulta, corrompe y entorpece la prestación de salud en el país. Usted presidente, ha desaprovechado un momento crucial. La Ley 100 no ha servido en 27 años y hay que cambiarla”.
“Hay otra pandemia, violencia contra niñas y mujeres"
Así como iniciaba diciendo la senadora, a las medidas tomadas durante la pandemia han carecido de perspectiva de género, no evaluaron los innumerables riegos a los que están expuestas las mujeres durante la pandemia, y resultado de esto, es que durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio se hayan registrado, por lo menos, 148 feminicidios en el país. Agregando que solo en Bogotá las llamadas y denuncias que han sido atendidas a través de la Línea Purpura aumentaron en un 200%
Sin dejar de lado, que siguiendo los datos de Medicina Legal se han reportado 2.962 hechos de violencia intrafamiliar y 933 de violencia sexual, esto como consecuencia, como lo indica Avella, que “en pandemia muchas familias deben convivir con un maltratador las 24 horas del día”.
A este panorama se suma los abusos sexuales cometidos por la Fuerza Pública que han sido conocidos en este periodo. Siendo el caso de la menor Embera Katio abusada sexualmente por siete miembros del Ejército, el que motivó que muchas otras mujeres comenzaran a contar sus historias, poniendo a la luz pública que no son hechos aislados y que estamos en camino de conocer dolorosos hechos de violencia sexual cometidos por la Fuerza Pública.
“Los actos de abuso sexual cometidos contra las mujeres por parte de miembros de la Fuerzas Militares merecen especial atención y castigo, porque nadie debe utilizar sus cargos de mando ni sus armas para violentar e intimidar a las mujeres y a los y las menores de edad. No se trata de manzanas podridas. Es necesario analizar el tipo de formación que reciben los militares en nuestro país. La oposición ha presentado un proyecto cuyo objetivo es la reforma a las Fuerzas Militares, con énfasis en la construcción de paz”.
“Nos devolvieron a los asesinatos, a las masacres"
Solo días antes del discurso de Aída Avella en el país se vivieron dos masacres. Una en Quebradón Sur, en Algeciras, donde, a pesar de que se alertó sobre la crítica situación de Derechos Humanos, 16 de julio, a eso de las 8:30 de la noche, 12 hombres armados asesinaron a cuatro personas (Edinson Moya, Juan David, Luis Gómez y Luz Burgos), entre las que se encontraría un familiar de un firmante de paz, Nencer Barrera.
Días después, el 18 de julio, en Tibú, Norte de Santander, otra masacre se perpetró contra la comunidad de la vereda Totumito – Carboneras por parte de Los Rastrojos, causando la muerte de ocho personas y el desplazamiento forzado hacia el casco urbano del municipio de cerca de 450 personas en las que hay 23 adultos mayores, 132 niños, 5 en condición de discapacidad y 47 migrantes venezolanos.
Este panorama pone sobre la mesa la grave situaciones que se vive en las regiones, donde además del virus se ven enfrentadas a los contextos de amenaza a las que están expuestas a causa de la presencia y disputa que ejercen grupos armados ilegales, quienes incluso han impuesto sus propias reglas para hacer cumplir la cuarentena.
Adicionalente, reclaman la arremetida del Gobierno Nacional, que hace presencia, pero para adelantar procesos de erradicación forzada, acciones en las que se ha denunciado el asesinato por parte del Ejército de, por lo menos, cinco (5) personas: Alejandro Carvajal. Sardinata, Norte de Santander. 26 de marzo; Ángel Artemino Nastacuas Villarreal. Tumaco, Nariño. 22 de abril; Emérito Digno Buendía Martínez. Cúcuta, Norte de Santander. 18 de mayo; Ariolfo Sánchez Ruíz. Anori, Antioquia. 20 de mayo; Salvador Jaime Durán. Teorama, Norte de Santander. 27 de junio.
“Las zonas futuro simplemente están diseñadas por una serie de proyectos que lejos de garantizar el porvenir para los habitantes restringen sus derechos a la defensa de sus tierras. Estas estrategias solo traen violencia”, indicó Aída Avella.
A este panorama también se adiciona el asesinato de líderes y lideresas sociales, que solo en la pandemia, según el sistema de información Sipares van 38 víctimas. Mientras que en este mismo periodo se han cometido 14 asesinatos contra personas en proceso de reincorporación. “Nos solidarizamos con los firmantes, reconocemos su valioso compromiso. No es concebible que sigan siendo asesinados”, agregó.
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