En la noche del lunes, se entregó ante los magistrados de la Corte Constitucional la ponencia para el estudio de la denominada "ley de Paz Total". Sin embargo, según fuentes del alto tribunal, el documento es contrario a los intereses del Gobierno de Gustavo Petro y solicita su eliminación. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez argumentó que la norma presentó irregularidades en su proceso, como la falta de consulta al Consejo de Política Criminal. La ley en cuestión, la 2272 de 2022, fue implementada al inicio del mandato de Petro y buscaba establecer diálogos con grupos ilegales como el Clan del Golfo y las narcobandas en el Valle de Aburrá.

Este análisis se está llevando a cabo con carácter de urgencia, lo que sugiere que la votación de la ponencia podría tener lugar en los próximos días. Para que la propuesta de Ibáñez sea aprobada, se necesitaría al menos el apoyo de cinco de los nueve magistrados. La demanda de constitucionalidad surgió a raíz de la cirugía realizada por Petro a la ley de orden público, la cual fue cuestionada por Javier Pava Quiceno debido a que consideraba que violaba la Carta Política de 1991. Aunque Ibáñez había solicitado la suspensión de algunos apartados de la norma, esta petición fue denegada. No obstante, se estableció el precedente de que la Corte podría suspender la entrada en vigor de una ley mientras la analiza.

En el expediente también se incluía un concepto de la Procuraduría que instaba a la Corte a eliminar una norma que buscaba acercamientos con bandas delincuenciales como La Oficina y Los Pachelly. Según el Ministerio Público, no se tuvo en cuenta el concepto del Consejo de Política Criminal ni se suspendieron las deliberaciones mientras se obtenía dicho dictamen. Por su parte, el Gobierno presentó documentos solicitando que la ley se mantuviera vigente y se declarara constitucional.