Foto: Prensa de Abelardo de la Espriella
Desde el cierre de la jornada electoral del 21 de junio, Colombia comenzó a prepararse para una transición política complicada e histórica que tendrá lugar el 7 de agosto, cuando el país pase del progresismo a la extrema derecha. Las tensiones entre el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella y el presidente saliente, Gustavo Petro, han sido el diario vivir en el último mes.
Por un lado, el presidente Petro sigue rechazando los resultados y argumentando el “fraude electoral”; por el otro, el presidente electo, que a la menor oportunidad que tiene, señala e injuria a la administración saliente. En medio de esas injurias, de los señalamientos constantes y de un proceso de empalme que nunca se materializó, el gobierno electo ha comenzado a nombrar los ministros que acompañarán el desarrollo de la propuesta programática con la que se hicieron elegir.
Hasta el momento, los nombramientos se han caracterizado por no respetar la promesa de campaña de los famosos “nunca” y las carteras están siendo ocupadas por políticos de “vieja data” o por miembros de estructuras políticas que acompañaron el proyecto de De la Espriella desde la campaña. Entre esos nombramientos, está el del mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, quien desde el 7 de agosto asumirá la cartera de defensa, una cartera eje para la ejecución del proyecto político de Abelardo de la Espriella.
Pero… ¿Quién es Jorge Eduardo Mora?
Jorge Eduardo Mora nació en Cúcuta e hizo carrera en el Ejército Nacional hasta alcanzar el grado de mayor general. Es medio hermano del fallecido general Jorge Enrique Mora Rangel, señalado en la Jurisdicción Especial para la Paz como uno de los altos mandos que comandó el ejército en medio del flagelo criminal de los falsos positivos. A lo largo de su carrera, Mora López se especializó en temas relacionados con defensa, seguridad, comando y estrategia. En su paso por el ejército fue comandante de la Octava División, comandante de la División de Fuerzas Especiales y director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares.
Precisamente, cuando dirigió la División de Fuerzas Especiales, Mora López fue señalado por siete suboficiales y un oficial, quienes aseguraban que el general maneja una red de corrupción relacionada con viáticos especiales que los subalternos cobraban y debían enviar a las cuentas establecidas por el alto oficial. Mora se defendió y los tribunales militares lo encontraron inocente bajo el argumento de que él mismo había puesto en conocimiento de los tribunales la situación por la cual se le señalaba. Sin embargo, los rumores relacionados a corrupción y desvíos de dinero se mantuvieron cuando dirigió la Octava División.
Precisamente, en 2022, el recién posesionado presidente Petro decidió pedir la baja de mora por esos rumores que sonaban alrededor de su papel al interior del manejo de los recursos del ejército. Ahí comenzó su periplo por la política, en su natal Norte de Santander, donde intentó aspirar a la gobernación del departamento con el respaldo del Centro Democrático, aspiración de la que tuvo que desistir debido a que su hermano, Sergio Mora, era el director seccional de la Rama Judicial en el departamento.
Volvió a aspirar al senado en la lista de Salvación Nacional en 2026 donde solo obtuvo 11.000 votos. En ese momento comenzó a dirigir la campaña de Abelardo en Norte de Santander con apoyo de la estructura del diputado Diego González. Debido a los resultados en el departamento, donde la campaña de la extrema derecha logró ganar con más del 70 % de los votos válidos, el presidente electo lo nombró dentro del equipo de empalme y, días después, ratificó su nombre como el nuevo ministro de Defensa.
Pese a todos los señalamientos que hay en su contra y pese a la figura de corrupción que ha enlodado al ejército en los últimos años, Abelardo apuesta por una figura de su línea ideológica y retribuye una vez más a las figuras del Movimiento de Salvación Nacional, partido que lo avaló en el momento cero.
¿Y cuáles son las nuevas políticas que trae el ministro?
Tal y como ha afirmado el gobierno entrante, los grandes retos pasan por “recuperar la seguridad” y “retomar el orden” cooptado según ellos, por los grupos al margen de la ley. Las políticas de “mano dura” y de radicalización del poder militar parecen ser el eje del nuevo gobierno, sin embargo, el ensamblaje y el reacomodo de la entidad llevarán un tiempo en el cual se verán de primera mano las verdaderas intenciones de la nueva administración.
Por ahora, es claro que el país y el ministro de Defensa designado tienen los siguientes retos, retos que no podrá obviar y que deberán ser concertados en un país donde el gobierno está legitimado por una victoria muy estrecha.
Protesta, memoria y mano dura
La decisión del ministro de Defensa designado de derogar el decreto que creó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y restablecer el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) marca un punto relevante en la política de seguridad frente a la protesta social en Colombia. Este giro se produce tras un ciclo de movilización de los años 2019 y 2021 atravesado por graves violaciones de derechos humanos, en el que el ESMAD fue identificado por organizaciones nacionales e internacionales como uno de los principales responsables de homicidios, lesiones oculares y violencia sexual en el marco de la protesta social. En ese contexto, el regreso del escuadrón no solo reactiva un dispositivo cuestionado, sino que reconfigura políticamente el significado de esas luchas, desplazando su lectura como estallido democrático hacia un relato de amenaza que justifica la mano dura.
Diversos análisis sobre el Paro Nacional de 2021 describen ese momento como un estallido social en el que convergieron demandas por democratización económica, garantía de derechos y redefinición del modelo de seguridad estatal. Las movilizaciones, que se extendieron por semanas, combinaron marchas, plantones, bloqueos y experiencias de organización comunitaria, reabriendo debates sobre representación, desigualdad y participación política.
La respuesta estatal a este ciclo de protesta estuvo marcada por la violencia. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reportó denuncias de 63 muertes en el marco de las movilizaciones entre abril y julio de 2021, 46 de ellas verificadas, de las cuales al menos 28 habrían sido obra de la Policía y un mínimo de diez responsabilidades de miembros del ESMAD. La UIA de la JEP, por su parte, advirtió que Colombia llegó a tener “un muerto cada 36 horas” en el contexto del paro, ubicando al país entre los más letales del mundo en términos de muertes por día de protesta. A esto se suman registros de violencia sexual, tortura, detenciones arbitrarias y participación de civiles armados en acciones de represión.
Informes como el de “Bolillo, Dios y Patria”, de Temblores ONG, y los reportes conjuntos con Indepaz documentan el carácter estructural de la violencia policial y la centralidad del ESMAD en escenarios de protesta. Pues no se trató de excesos aislados, sino de prácticas ancladas en una doctrina de Seguridad Nacional que concibe la inconformidad como amenaza y habilita el uso rutinario de la fuerza para preservar el orden. En ese contexto, las protestas del 2019 y 2021 pusieron en crisis no solo políticas específicas, sino el modelo de gestión del conflicto social basado en escuadrones antidisturbios.
Del ESMAD al UNDMO durante el gobierno Petro
Ahora, el triunfo de Gustavo Petro en 2022 se leyó como resultado de ese ciclo de protesta y de la pérdida de legitimidad del uso de la fuerza, relacionado con el gobierno de Iván Duque. En campaña, una de las promesas centrales fue la reforma profunda del ESMAD y la garantía del derecho a la protesta, que pudiera, además, rendir cuentas a los cientos de jóvenes víctimas del ESMAD, pero también a las víctimas de falsos procesos judiciales.
Ya en el gobierno, el presidente Petro impulsó la transformación del ESMAD en UNDMO, expidió normas, como el Decreto 003 de 2021, sobre garantías a la manifestación pacífica y promovió un discurso que colocaba el diálogo como eje de la gestión del orden público. Si bien, organizaciones de derechos humanos señalaron que la reforma no fue estructural ni participativa, reconocieron que el cambio implicaba al menos una deslegitimación simbólica de la figura anterior y un intento de ajustar el uso de la fuerza a estándares de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.
Por su parte, los datos del Observatorio de Violencia Policial de Temblores muestran que, la violencia estatal frente a la protesta disminuyó perceptiblemente durante el gobierno Petro. Se registró una reducción cercana al 58 % en el promedio mensual de casos de uso de la fuerza y del 68 % en las intervenciones de la UNDMO frente al periodo de Iván Duque. Por ejemplo, en ciudades como Bogotá, los eventos vinculados al uso de la fuerza bajaron de más de 30.000 a alrededor de 9.000, y la proporción intervención/evento de protesta cayó de 0,14 a 0,10–0,08. Sin que desaparecieran las movilizaciones, se redujo el recurso a dispositivos antidisturbios como respuesta automática al conflicto social.
Elaborado por Temblores ONG, recuperado de X https://x.com/TembloresOng/status/2060435749833498894?s=20
Bolillo y garrote
El anuncio del general de revivir el ESMAD y poner fin a la UNDMO se articula claramente con la agenda de mano dura del presidente electo Abelardo de la Espriella. En sus declaraciones, Mora sostiene que las normas expedidas en el periodo anterior “limitaron” a la fuerza pública, dejaron “sin herramientas” la intervención antidisturbios y trazaron una “delgada línea roja” entre protesta y terrorismo. La solución propuesta no es fortalecer garantías ni mecanismos de control civil, sino restaurar un escuadrón de choque con protocolos endurecidos frente a bloqueos y movilizaciones consideradas violentas.
Esta narrativa reconfigura el relato sobre el ciclo de protestas recientes. Así, mientras informes de la ONU, JEP y organizaciones sociales describen el Paro Nacional como escenario de graves violaciones de derechos humanos y recomiendan reformar la policía, revisar el papel del ESMAD y garantizar el derecho protesta, Mora y De la Espriella presentan la experiencia como evidencia de que el Estado fue “demasiado laxo” y que la protesta se convirtió en herramienta de sabotaje y terrorismo. Dejando así, una disputa explícita por el sentido de lo ocurrido entre 2019 y 2021.
Organizaciones de derechos humanos y plataformas sociales han advertido que el regreso del ESMAD constituiría un retroceso en materia de derechos, pues revive un aparato señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como alejado de los estándares internacionales y facilitador de violaciones a los derechos humanos. Desde esta perspectiva, la decisión de Mora no solo ignora los reclamos judiciales acumulados contra el escuadrón, sino que atenta contra la posibilidad de una reforma estructural de la policía, que fue una de las demandas centrales del estallido social.
En este sentido, las luchas sociales de 2019 y 2021 hicieron visible la violencia policial como problema estructural, instalaron la demanda de desmonte del ESMAD en la agenda política y vincularon la protesta con la disputa por el modelo de Estado social de derecho. El giro parcial del gobierno Petro, aun con sus límites, reconocía ese diagnóstico, en tanto redujo el uso de la fuerza, transformó el escuadrón antidisturbios y abrió debates sobre reforma policial y control civil. Reactivar el ESMAD implica retroceder en ese camino, reinstalando la idea de que el orden público se garantiza a través de escuadrones de choque y que la inconformidad social es, ante todo, un problema de seguridad nacional.
Ahora, en términos políticos, el regreso del ESMAD funciona como gesto de disciplinamiento frente al movimiento social, pues reenvía a quienes se movilizaron en 2019 y 2021 el mensaje de que sus demandas no serán respondidas con cambios estructurales, sino con más capacidad de represión. Al desplazar la lectura del estallido de “reclamo democrático” a “amenaza terrorista”, se habilita la criminalización de la protesta y se debilita la idea de que la calle es un espacio legítimo de construcción de lo público.
Así pues, situar este giro en una perspectiva de largo plazo permite ver una continuidad en el uso del lenguaje de seguridad para gobernar el conflicto social desde la doctrina del “enemigo interno” en el conflicto armado hasta las narrativas actuales que asocian bloqueos con terrorismo y protesta con sabotaje. El regreso del ESMAD no sólo revierte la experiencia de reducción de la violencia policial en el gobierno Petro, sino que consolida una contraofensiva que busca cerrar el ciclo abierto por el estallido social, reinstalando la mano dura como respuesta a las justas luchas sociales.
Referencias
Temblores ONG. (2020). Bolillo, Dios y Patria. Informe sobre violencia policial en Colombia 2017–2019. Temblores ONG.
Temblores ONG. (2024). Violencia policial y gestión de la protesta durante el gobierno de Gustavo Petro. Temblores ONG.
Temblores ONG, Indepaz & PAIIS. (2021). Cifras de la violencia en el marco del Paro Nacional 2021. Indepaz.
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). (2021). Colombia: La ONU llama al gobierno a garantizar el derecho a la protesta pacífica. Naciones Unidas.
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). (2026). Tratamiento dado a la protesta social y sus repercusiones en el conflicto armado. JEP.
Mesa por la Reforma Policial. (2023). Informe sobre la transformación del ESMAD en UNDMO: alcances y límites. Mesa por la Reforma Policial.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2021). Observaciones y recomendaciones sobre la protesta social en Colombia. Organización de Estados Americanos.
Presidencia de la República de Colombia. (2021). Decreto 003 de 2021, por el cual se establecen garantías para la manifestación pacífica. Diario Oficial.
Policía Nacional de Colombia. (2022). Informe del sector defensa: garantías a la manifestación pacífica y control de actuaciones de la fuerza pública. Policía Nacional de Colombia.
Senado de la República de Colombia. (2021). Proyecto de Ley 038 de 2021: Por medio del cual se ordena el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD–. Senado de la República.
