Ocho años después de iniciar su funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha consolidado como una de las principales fuentes de esclarecimiento sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado colombiano. A través de investigaciones judiciales, contrastación de testimonios y análisis de miles de expedientes, el tribunal ha revelado dimensiones de la guerra que durante décadas permanecieron ocultas, incompletas o minimizadas.
Las investigaciones adelantadas por la JEP han permitido establecer nuevas cifras sobre ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones forzadas y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. También han contribuido a la identificación de víctimas y a la reconstrucción de hechos que durante años permanecieron en la impunidad.
A medida que avanzan los macrocasos, las conclusiones del tribunal han transformado la comprensión pública del conflicto colombiano y han abierto nuevas discusiones
La magnitud de los falsos positivos
Uno de los hallazgos más significativos de la JEP ha sido la documentación de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, una práctica mediante la cual civiles fueron asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate.
En 2021, la JEP estableció que entre 2002 y 2008 se registraron al menos 6.402 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado. La cifra superó ampliamente los registros que hasta ese momento manejaban otras instituciones y evidenció la dimensión nacional y sistemática de estos crímenes.
Desde entonces, el tribunal ha continuado profundizando en el esclarecimiento de estos hechos mediante investigaciones regionales en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Casanare, Huila, Meta y la Costa Caribe. Las decisiones judiciales han derivado en la imputación de altos mandos militares, incluidos generales y oficiales retirados, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Uno de los avances más recientes fue anunciado en junio de 2026, cuando la JEP informó que logró identificar plenamente a 1.956 víctimas de ejecuciones extrajudiciales dentro del Caso 03. Sin embargo, la entidad también reconoció que aún existen 418 víctimas cuya identidad continúa sin establecerse completamente. En total, el tribunal ha determinado judicialmente 2.374 víctimas dentro de los procesos de esclarecimiento adelantados hasta el momento.
La identificación de estas personas representa mucho más que una cifra. Para cientos de familias significa recuperar el nombre, la historia y la dignidad de seres queridos que durante años fueron señalados injustamente como integrantes de grupos armados.
Los desaparecidos que comenzaron a ser encontrados
Las medidas cautelares adoptadas por el tribunal permitieron intervenir lugares considerados clave para el esclarecimiento de desapariciones forzadas, entre ellos el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, en Antioquia, y otros camposantos en diferentes regiones del país. Estas actuaciones se han desarrollado en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
En varios casos, las investigaciones permitieron recuperar restos humanos que habían permanecido durante años sin identificar y entregarlos posteriormente a sus familias. Los hallazgos también han servido para corroborar testimonios de comparecientes y reconstruir patrones de violencia asociados a las desapariciones forzadas.
La JEP ha señalado que muchos de estos hallazgos han sido posibles gracias a los aportes de verdad realizados por integrantes de la fuerza pública que comparecen ante la jurisdicción. En distintas regiones del país, esos testimonios han permitido ubicar fosas, identificar víctimas y esclarecer circunstancias de tiempo, modo y lugar de los crímenes.
Las acciones de las extintas FARC-EP
La JEP documentó más de 21.000 víctimas de secuestro relacionadas con acciones de esa las extintas FARC-EP, una cifra significativamente superior a la que se manejaba en distintos registros previos. El tribunal concluyó que estas privaciones de la libertad no fueron hechos aislados, sino parte de una política desarrollada por la organización armada durante años.
Los secuestros tuvieron múltiples propósitos: financiación, control territorial, presión política y obtención de ventajas militares. Miles de personas permanecieron cautivas durante meses o incluso años, mientras sus familias enfrentaban extorsiones, incertidumbre y afectaciones psicológicas profundas.
Los reconocimientos de responsabilidad realizados por antiguos integrantes del Secretariado de las FARC han permitido reconstruir parte de lo ocurrido y abrir espacios de participación para las víctimas dentro del proceso judicial.
Los hallazgos del tribunal, al menos 18.677 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por las extintas FARC entre 1971 y 2016. Esta cifra reveló una dimensión mucho mayor de la que históricamente había sido reconocida por distintas instituciones.
La investigación permitió identificar que muchas de estas vinculaciones ocurrieron en contextos de vulnerabilidad social, pobreza y ausencia estatal. Además, la JEP encontró evidencia sobre prácticas asociadas al control de la vida cotidiana de los menores reclutados, incluyendo restricciones a la libertad, castigos y afectaciones a sus proyectos de vida.
Para organizaciones defensoras de derechos de la niñez, estos hallazgos representan un paso importante para reconocer la magnitud del daño causado a miles de personas que crecieron en medio de la guerra.
Violencia en los territorios y responsabilidades institucionales
Los macrocasos de la JEP han permitido reconstruir cómo operaron distintos actores armados en regiones específicas del país; las investigaciones han evidenciado que muchas de las violaciones de derechos humanos no respondieron únicamente a conductas individuales, sino a patrones de macrocriminalidad desarrollados durante largos periodos. La identificación de estos patrones ha sido uno de los principales aportes metodológicos del tribunal.
A través de este enfoque, la jurisdicción ha logrado establecer responsabilidades de mandos militares, exintegrantes de las FARC y otros comparecientes, analizando no solo hechos aislados sino estructuras organizadas y contextos regionales.
Las imputaciones realizadas hasta ahora han involucrado a decenas de comparecientes considerados máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Según la JEP, los procesos han permitido identificar mecanismos de encubrimiento, incentivos institucionales y cadenas de mando que contribuyeron a la comisión de violaciones graves de derechos humanos.
La verdad como derecho de las víctimas
Durante décadas, muchas familias enfrentaron versiones oficiales que negaban o distorsionaban lo ocurrido con sus seres queridos, por lo que la lucha constate y más destacada de la JEP ha sido el derecho a la verdad. En numerosos casos, las investigaciones adelantadas por la justicia ordinaria no lograron esclarecer plenamente los hechos o avanzaron de manera limitada.
La creación del Sistema Integral para la Paz, derivado del Acuerdo Final firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC, abrió la posibilidad de construir mecanismos extraordinarios para investigar los crímenes más graves del conflicto.
En ese contexto, la JEP ha permitido recopilar testimonios, contrastar información y producir decisiones judiciales que contribuyen a reconstruir la memoria histórica del país. Para muchas víctimas, el reconocimiento de responsabilidades constituye una forma de reparación simbólica y un paso hacia la garantía de no repetición.
A pesar de los avances, el trabajo de la JEP enfrenta importantes desafíos; uno de ellos es la identificación de cientos de víctimas que aún permanecen sin nombre dentro de los expedientes de ejecuciones extrajudiciales. Otro reto consiste en continuar verificando la información aportada por comparecientes y garantizar que las víctimas participen efectivamente en los procesos.
Incluso aún persisten debates sobre el alcance de las sanciones propias, los niveles de reconocimiento de responsabilidad y el cumplimiento de los compromisos asumidos por quienes comparecen ante la jurisdicción. Sin embargo, los hallazgos alcanzados hasta ahora muestran que el tribunal ha logrado producir algunas de las investigaciones más profundas sobre el conflicto armado colombiano.
Las cifras reveladas sobre falsos positivos, secuestros, desapariciones forzadas y reclutamiento de menores no solo amplían el conocimiento sobre lo ocurrido durante décadas de violencia. También permiten dimensionar la magnitud del daño causado a miles de personas y la importancia de garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Más allá de los hallazgos ya conocidos, diversos sectores han advertido que una eventual eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz tendría consecuencias profundas para las víctimas y para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. La JEP constituye el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado precisamente para investigar los crímenes más graves del conflicto armado, garantizar los derechos de las víctimas y contribuir a una paz estable y duradera. Según la propia jurisdicción, su función no se limita a juzgar responsables, sino también a esclarecer la verdad, promover la reparación y generar garantías de no repetición.
En ese contexto, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha advertido que si el tribunal desaparece no solo quedarían en riesgo miles de investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones forzadas y reclutamiento de menores, sino también los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el marco del Acuerdo de Paz. Ramelli ha señalado que cerrar la jurisdicción podría afectar los derechos de millones de víctimas que aún esperan verdad, justicia y reparación, además de generar incertidumbre sobre la estabilidad jurídica e institucional del proceso de paz. “Si se acaba la JEP, no solo está en juego la justicia, sino la estabilidad del Acuerdo de Paz”, afirmó el magistrado en entrevista con Cambio. Para expertos en justicia transicional, el principal riesgo sería que numerosos casos quedaran sin esclarecer plenamente, debilitando los esfuerzos de memoria histórica, reconciliación y no repetición construidos durante la última década.
A ocho años de su puesta en marcha, la JEP continúa demostrando que el esclarecimiento judicial no es únicamente un ejercicio de reconstrucción histórica. Es, ante todo, una herramienta para reconocer a las víctimas, dignificar sus memorias y evitar que los crímenes del pasado vuelvan a repetirse.
