El nombre de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, estuvo durante décadas ligado a uno de los expedientes más controvertidos del paramilitarismo en Colombia. Fue señalado de participar en la conformación y dirección de Los 12 Apóstoles, una estructura armada ilegal que operó en el norte de Antioquia durante los años noventa. El 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia lo condenó a 340 meses de prisión, equivalentes a 28 años y cuatro meses, por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. La decisión revocó una absolución de primera instancia. En junio de 2026, la Corte Suprema confirmó la condena y, en noviembre, una nueva decisión judicial cerró otro intento de la defensa por cuestionarla.
Pero esta historia comenzó mucho antes de la sentencia. Para entenderla hay que llegar a una hacienda de Yarumal, Antioquia: La Carolina.
El proceso judicial tuvo un largo recorrido. En noviembre de 2024, después de años de investigación y de un juicio que comenzó formalmente en 2010, un juez de Antioquia declaró inocente a Santiago Uribe. La decisión fue cuestionada por las víctimas y sus representantes, quienes consideraron que no se habían valorado adecuadamente los testimonios y las pruebas que señalaban al ganadero.
El juez argumentó que la Fiscalía había cometido graves errores en la formulación de la acusación y en la descripción de los hechos. En la sentencia señaló:
«Fueron evidentes los garrafales yerros cometidos por la Fiscalía General de la Nación frente al acontecer factual, ya que no continuó con la línea que adelantó en la diligencia de indagatoria en la resolución de acusación; aplicó por favorabilidad una disposición con un verbo que no existía; no determinó el tiempo ni el lugar de la ejecución de la conducta punible y confundió las figuras de intervención cambiándolas frente a este delito en tres oportunidades».
La Fiscalía, el Ministerio Público y los representantes de las víctimas apelaron la decisión. El 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución y encontró penalmente responsable a Santiago Uribe por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Le impuso una pena de 340 meses de prisión, una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante veinte años.
La defensa presentó una impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia, que el 3 de junio de 2026 confirmó la condena.
Pero la defensa no se detuvo allí. Intentó una última vía para cuestionar la decisión mediante una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia. Argumentó que se habían vulnerado los derechos fundamentales de Santiago Uribe al debido proceso, la igualdad, la libertad personal y el acceso a la administración de justicia. Sus abogados buscaban que se dejara sin efecto la decisión que había rechazado el recurso extraordinario de casación y que se habilitara un nuevo plazo para presentar esa solicitud.
Sin embargo, la Corte no encontró vulneración de los derechos fundamentales alegados. En una decisión del 5 de noviembre de 2026, la Sala de Casación Laboral confirmó la negativa de la tutela y mantuvo cerrada esa posibilidad procesal. De esta manera, quedó en firme la condena de 340 meses de prisión, equivalentes a 28 años y cuatro meses, impuesta a Santiago Uribe Vélez por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, en el caso relacionado con Los 12 Apóstoles.
Después de casi tres décadas de investigaciones, declaraciones y disputas judiciales, la condena contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe quedó firme en la justicia ordinaria.
Esta es la historia de cómo surgió el grupo paramilitar que terminó convirtiéndose en uno de los expedientes judiciales más importantes del norte de Antioquia.
La Carolina: el escenario de los 12 Apóstoles
La Carolina, en Yarumal, Antioquia, era una de las grandes propiedades rurales de la familia Uribe Vélez. La historia de este patrimonio está vinculada a Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente y de Santiago Uribe, quien fue asesinado en 1983 cuando llegaba a su hacienda Las Guacharacas.
La muerte de Alberto Uribe Sierra fue un episodio que marcaría la historia familiar. Álvaro Uribe atribuyó el asesinato a las FARC, aunque las circunstancias y responsabilidades del crimen han sido objeto de distintas versiones.
Uno de los libros que investigó las relaciones entre el narcotráfico, el poder económico y la política colombiana fue Los jinetes de la cocaína, del periodista Fabio Castillo. En esta publicación se formularon señalamientos sobre los presuntos vínculos de Alberto Uribe Sierra con integrantes del clan Ochoa, relacionado con el Cartel de Medellín. Castillo también sostuvo que Uribe Sierra había sido detenido en 1982 con fines de extradición a Estados Unidos y planteó interrogantes sobre las relaciones que le habrían permitido superar aquella situación.
El contexto importa. Los años ochenta fueron el escenario de nacimiento y expansión de algunas de las primeras estructuras paramilitares del país. Después del secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana de los integrantes del clan Ochoa, narcotraficantes y otros sectores organizaron el grupo Muerte a Secuestradores (MAS), considerado uno de los antecedentes del paramilitarismo colombiano.
Entre las propiedades de la familia Uribe Vélez, Santiago Uribe tenía especial cercanía con La Carolina. La periodista Olga Behar, en su libro El clan de los doce apóstoles, reconstruyó los acontecimientos alrededor de esta hacienda y recogió el testimonio de un personaje fundamental para entender el caso: el mayor Juan Carlos Meneses.
Meneses había sido comandante de la Policía de Yarumal y se convirtió en uno de los principales testigos contra Santiago Uribe. Sus declaraciones también fueron conocidas en escenarios judiciales y ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
A Olga Behar le contó lo que, según su versión, encontró al llegar a La Carolina:
«Usted llegaba a la hacienda La Carolina y encontraba gente armada, con fusiles y uniformados. Usted pensaba: “es el ejército”, pero no. Al mirarles los fusiles R-15 o el AK-47, se daba cuenta de que no eran soldados, esas no son armas que el ejército manejaba. Ya por esa época los paramilitares consiguieron buen armamento».
Meneses también aseguró que se reunió varias veces con Santiago Uribe y que este le mostró una pista ubicada detrás de la plaza de toros de la hacienda, donde, según su testimonio, se entrenaba físicamente a hombres que posteriormente participaban en operaciones paramilitares.
En sus declaraciones también relató que Santiago Uribe le hablaba de sus conexiones políticas y del respaldo que tenía su familia en Antioquia. Según Meneses, aquellas conversaciones le hicieron pensar que la estructura paramilitar contaba con protección de sectores del poder político y militar.
Los hechos se remontan a 1992 y 1993. En 1993, Meneses llegó a Yarumal para asumir el comando de la Policía. Reemplazaba a un oficial de apellido Benavides, quien, según contó posteriormente, le advirtió que debía colaborar con un grupo que operaba en la región y que realizaba labores de «limpieza social».
En declaraciones recogidas por el portal Verdad Abierta, Meneses recordó las palabras de su antecesor:
«El grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez, que es el hermano del (entonces) senador Álvaro Uribe. Él es un ganadero de la región que tiene la hacienda cerca de Yarumal, la hacienda La Carolina. Él es el jefe de este grupo paramilitar».
De acuerdo con su relato, durante los tres meses que estuvo al frente de la Policía de Yarumal mantuvo reuniones y acuerdos de colaboración con integrantes de Los 12 Apóstoles. También aseguró haber conocido algunas de las acciones violentas de esta estructura.
El nombre del grupo quedó asociado a una de las características más inquietantes de su composición. Según los testimonios recogidos sobre su funcionamiento, entre sus presuntos integrantes había personas provenientes de distintos sectores de la sociedad, incluso un sacerdote de apellido Palacios. De acuerdo con esas versiones, el religioso llevaba una Biblia modificada en cuyo interior escondía una pistola.
Los testimonios y la larga espera de la justicia
Meneses no fue el único testigo que señaló a Santiago Uribe. A lo largo de la investigación también aparecieron las declaraciones de Salvatore Mancuso y Eunisio Pineda Luján, antiguo trabajador de la hacienda La Carolina.
En 1995, Santiago Uribe fue mencionado dentro de las investigaciones sobre la estructura paramilitar. En 1997 fue interrogado por estos señalamientos y, en 1999, el caso fue archivado por falta de pruebas. Durante años permaneció sin mayores avances, hasta que nuevas declaraciones, entre ellas las de Juan Carlos Meneses, impulsaron su reactivación en 2010.
La investigación buscaba establecer no solamente quiénes integraban Los 12 Apóstoles, sino también cómo funcionaba la estructura, quiénes la financiaban, qué relaciones mantenía con integrantes de la fuerza pública y quiénes eran responsables de los asesinatos cometidos en la región.
Uno de los crímenes centrales del proceso fue el asesinato de Camilo Barrientos, un conductor de transporte público que fue atacado en febrero de 1994 cuando cubría la ruta entre Yarumal y Campamento. La justicia encontró penalmente responsable a Santiago Uribe por este homicidio y por su participación en la estructura criminal.
Lo extraordinario de este caso es que, después de años de investigaciones, declaraciones y controversias judiciales, Santiago Uribe fue absuelto en noviembre de 2024. La decisión parecía cerrar una historia que las víctimas llevaban décadas intentando esclarecer.
Pero el proceso no había terminado.
El 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia revocó aquella absolución y lo condenó a más de 28 años de prisión. En junio de 2026, la Corte Suprema confirmó la decisión. Y en noviembre de ese mismo año, otro pronunciamiento judicial mantuvo cerrada la posibilidad de que la defensa llevara el caso a una nueva revisión mediante casación.
Casi tres décadas después de las primeras investigaciones, la historia de Los 12 Apóstoles volvió a ocupar el centro del debate nacional.
Detrás de esta condena hay preguntas que atraviesan buena parte de la historia del paramilitarismo colombiano: ¿cómo pudieron operar estas estructuras durante años?, ¿qué relaciones establecieron con sectores políticos, económicos y de la fuerza pública?, ¿quiénes facilitaron su expansión y garantizaron su funcionamiento?
La historia de La Carolina, los testimonios de Juan Carlos Meneses y las decisiones judiciales sobre Santiago Uribe muestran que el paramilitarismo en Antioquia no puede entenderse únicamente como la actuación de unos hombres armados. También es necesario investigar las redes de apoyo, los mecanismos de protección y las relaciones de poder que hicieron posible su expansión.
Los 12 Apóstoles dejaron víctimas, silencios y preguntas que tardaron décadas en llegar a los tribunales. La condena de Santiago Uribe representa un capítulo decisivo de ese proceso judicial. Pero reconstruir toda aquella historia, establecer las responsabilidades y garantizar que las víctimas conozcan la verdad sigue siendo una tarea fundamental para Colombia.
