La minería es una de las principales actividades económicas en muchas regiones del país, las cuales se concentran principalmente en territorios periféricos y donde existe poca presencia estatal. Según datos de un boletín presentado por la Procuraduría General de Nación (2024), alrededor de 350 mil personas se dedican a la explotación minera, y más del 90 % de la producción proviene de minería artesanal y de pequeña escala.
Esta cifra permite dar cuenta que son muchas familias que dependen de la explotación de minerales para su sustento, sin embargo, esta actividad pese a estar en 29 de los 32 departamentos, la gran mayoría de la minería de subsistencia o de pequeña escala no cuenta con las condiciones básicas de seguridad para desarrollar dicha práctica. Para poner un ejemplo, de los tantos casos que han acontecido a lo largo de los años, en el mes de julio del 2023 en el municipio de Barranca de Loba, Bolívar fallecieron mineros por inhalar gas metano en un socavón. (García, 2023)
En ese sentido, hechos tan lamentables no pueden solo verse desde el plano accidental, sino que obedecen al limitado manejo de equipos y elementos de protección en el desarrollo de estas actividades, por consiguiente, es fundamental lograr una ruta para que la minería de subsistencia y pequeña escala pueda garantizar mejores condiciones para los mineros y evitar riesgos al exponerse a altos niveles de contaminación. Dicha acción debe ser acompañada a través de la institucionalidad con los diferentes entes del estado, lo cual permitirá tener un seguimiento y control a los factores que puedan presentarse en el ejercicio y poder implementar una minería segura, digna y sostenible.
Desde el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro se actualizó la política de seguridad minera, la cual ha contribuido a reducir según el Ministerio de Minas y Energía (2026) una disminución de riesgos fatales en el sector. Lo que evidencia, que una adecuada implementación puede generar impactos favorables no solo a quienes ejercen la minería, sino a la comunidad en general, puesto en estos territorios mineros confluyen campesinos, pueblos indígenas que históricamente se les ha vulnerado sus derechos desde los diferentes componentes social, ambiental, cultural y económico, donde la actividad minera no solo representa una fuente de sustento, sino también un escenario de conflictos derivadas de la desigual distribución de los riesgos y los beneficios asociados a la explotación de recursos naturales.
Es por esto que debe proponerse esta política de seguridad minera desde la reparación de brechas estructurales, donde el derecho a la vida prevalezca por encima del modelo económico extractivista, quien ha sido el culpable de despojos de comunidades y ha generado graves daños ambientales en los territorios. En este sentido, el Ministerio de Minas y Energía señala que la seguridad en el sector minero debe ser entendida como un esfuerzo conjunto orientado a prevenir la ocurrencia de accidentes y proteger la vida de los trabajadores, mediante la implementación de buenas prácticas técnicas, sociales y ambientales (Ministerio de Minas y Energía, 2022). Finalmente, si bien hay compromiso por parte del estado en avanzar hacia el fortalecimiento de una seguridad minera, aún persisten importantes retos en su implementación, específicamente en territorios donde se mencionó anteriormente, una alta taza de la minería de subsistencia y la minería de pequeña escala. Lo cual, trae a colación que fundamental que estas políticas sean integrales y solo reduzcan los riegos y accidentes en la labor, sino que también transformen las condiciones de vida en las comunidades mineras.
Bibliografía
Ministerio de Minas y Energía. (2022). Política nacional de seguridad minera.
Ministerio de Minas y Energía. (2026). La política nacional de seguridad minera del gobierno del cambio logra reducciones en fatalidades en 2023 y 2024.
https://www.minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/la-politica-nacional-de-seguridad-minera-del-gobierno-del-cambio-logra-reducciones-en-fatalidades-en-2023-y-2024/
Procuraduría General de la Nación. (2024). Boletín sobre actividad minera en Colombia



