Colombia ha dedicado décadas a aprender cómo se construye la paz después de la firma de un acuerdo. Ese aprendizaje se aceleró a partir de 2016, cuando el Estado debió convertir los compromisos pactados con las FARC en políticas, programas y procedimientos concretos. Desde entonces, el país ha acumulado conocimientos para atender la reincorporación, transformar territorios afectados por la guerra, impulsar la sustitución de cultivos ilícitos y coordinar instituciones. Ese conocimiento constituye hoy una capacidad estatal que debe protegerse.
Los anuncios del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre la eliminación y fusión de dependencias responsables de la política de paz obligan a examinar ese patrimonio institucional. La discusión se ha concentrado en el número de oficinas que desaparecerían y en los recursos que podría ahorrar el Estado. Sin embargo, cerrar una entidad puede producir un costo que no aparece en las cuentas del ahorro: la pérdida de aprendizajes construidos durante años mediante costosos esfuerzos.
Después del Acuerdo Final, Colombia desarrolló una compleja arquitectura institucional para atender el posconflicto. La paz dejó de entenderse únicamente como el silenciamiento de las armas e incorporó políticas de desarrollo rural, reincorporación económica y social, participación política, sustitución de cultivos ilícitos, atención a las víctimas, coordinación territorial y seguimiento a la implementación. Cada una de estas tareas exigió conocimientos especializados y organizaciones capaces de llevarlas a cabo.
El país aprendió, además, que ninguna entidad podía asumir por sí sola todas las tareas del posconflicto. Fue necesario distribuir responsabilidades y coordinar agencias nacionales, entidades territoriales, organismos internacionales y organizaciones sociales. Así se consolidó una estructura de gobernanza en la cual instituciones con funciones diferentes cooperan para alcanzar un objetivo común. Esa arquitectura requiere ajustes, pero representa un aprendizaje colectivo que el Estado no debería menospreciar.
Las organizaciones públicas son depósitos de conocimiento. En ellas se forman equipos especializados, se diseñan procedimientos, se construyen sistemas de información y se desarrollan relaciones de confianza con comunidades y autoridades territoriales. También se aprende de errores, se corrigen instrumentos y se descubren formas eficaces de coordinación. Ese conjunto de saberes constituye la memoria organizacional. Esa memoria no siempre queda registrada en los decretos, los manuales de funciones o los informes de gestión.
Por eso, trasladar una función no equivale a transferir la capacidad necesaria para cumplirla. Un decreto puede ordenar que un ministerio asuma las responsabilidades de una entidad suprimida, pero no garantiza que conserve sus equipos, redes territoriales, archivos, prácticas de trabajo y relaciones institucionales. Durante una fusión, el conocimiento puede fragmentarse: algunos funcionarios se retiran, los procedimientos se interrumpen y las prioridades de la entidad receptora pueden relegar las funciones trasladadas.
El riesgo es especialmente alto en la política de paz. Acompañar a quienes dejaron las armas, concertar proyectos con las comunidades, coordinar inversiones en territorios PDET y verificar el cumplimiento de los compromisos exigen experiencia acumulada. Estas labores se realizan en contextos marcados por la desconfianza, la débil presencia estatal y la persistencia de organizaciones armadas. Cuando desaparece un equipo que conoce el territorio y ha construido relaciones con sus habitantes, el Estado debe comenzar de nuevo.
Colombia ha pagado por ese aprendizaje con recursos públicos, cooperación internacional, asistencia técnica y años de trabajo de miles de funcionarios y comunidades. Suprimir una organización para reducir gastos puede generar un ahorro inmediato, pero también desperdiciar esa inversión. Reconstruir después los equipos, la información y la confianza perdida podría costar mucho más. La eficiencia administrativa no debería medirse únicamente por el dinero que se deja de gastar.
Esto no significa que todas las entidades que conforman esta arquitectura deban permanecer inalteradas. Algunas pueden tener funciones duplicadas, operar deficientemente o necesitar transformaciones profundas. La arquitectura institucional de la paz debe evaluarse y reformarse. Pero una reforma responsable tendría que identificar primero qué conocimientos y capacidades alberga cada organización, cómo pueden preservarse y qué consecuencias tendría trasladar sus funciones o eliminarla.
Paradójicamente, mientras otros países estudian la experiencia colombiana para comprender cómo se implementa un acuerdo de paz, en Colombia corremos el riesgo de tratar las instituciones que la hicieron posible como burocracia prescindible. El organigrama puede modificarse; el conocimiento acumulado no se recupera con la misma facilidad. La fortaleza del Estado depende de su capacidad para aprender y conservar aquello que le permite responder a problemas públicos complejos.
El nuevo gobierno tiene derecho a reorganizar la administración y buscar un uso más eficiente de los recursos. Pero debe hacerlo con prudencia. Antes de cerrar o fusionar las instituciones del posconflicto, tendría que establecer qué capacidades preservará y mediante qué mecanismos evitará que se pierdan. El costo de una reforma apresurada podría ser mucho mayor que el ahorro anunciado: perder lo que Colombia aprendió durante décadas para construir la paz.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
