Esta historia es de terror y resume el problema histórico que ha tenido la justicia en Colombia. Por favor, paciencia que vale la pena. ¿Se acuerdan de Alberto Jubiz Hasbún? Esta historia debe dolernos a todos los colombianos a propósito de la libertad que le dieron a uno de los verdaderos responsables del asesinato de Galán.
El 17 de agosto de 1989, el profesor de la Universidad del Atlántico y vicecónsul de Haití en Barranquilla, Alberto Jubiz Hazbún, llegaba a Bogotá con el fin de asistir a una capacitación sobre cultivos hidropónicos. Hazbún era químico de profesión y, a pesar de sus 53 años, el hombre no paraba de estudiar. Se encontró en la capital con viejos amigos y celebraron la vida con grandes cantidades de ron.
En la noche, su viejo conocido Edgar Perea lo invitó a ver el partido Millonarios-Junior desde la cabina de Caracol. Al salir del estadio, apesadumbrado por lo que el Pájaro Juárez le había hecho a su amado equipo tiburón, se enteró de la noticia: en Soacha acababan de atentar contra el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. Las informaciones eran difusas. Algunos medios decían que el político solo había sido herido en un brazo y que en ningún momento había perdido el conocimiento. Poco antes de llegar al hotel, Hazbún se enteró de que Galán había muerto.
El lunes 22 de agosto, pocas horas antes de salir en un vuelo a Barranquilla, se reunió con gente que había conocido en la capacitación y viejos amigos costeños radicados en Bogotá. En medio de la reunión aparecieron unos hombres fuertemente armados. Hazbún, acostumbrado a las celebraciones pantagruélicas, a las bromas desmedidas, creyó que era víctima del humor de sus propios amigos. El rostro le cambió cuando los policías le mostraron las armas que él supuestamente guardaba. Nunca había visto esa Mini Ingram ni mucho menos las dos nueve milímetros que le pusieron sobre la mesa. A Alberto ni siquiera le gustaban las armas.
Violando todo tipo de proceso, rompiendo en mil pedazos la ley que lo protegía, lo detuvieron. Pensó en llamar a la poderosa familia Char de Barranquilla. Él trabajaba para ellos y podrían atestiguar “Además mírenme a la cara y díganme si yo podría ser un asesino”. El policía no se inmutó, ni siquiera lo miró, se limitó a exhalar un suspiro y a cerrar con llave la celda donde lo trasladaron.
A pesar de haberse violado todo proceso, de que se inventaron testigos falsos, de haber desestimado el testimonio de gente tan influyente como Fuad Chard, Edgar Perea, el exministro Carlos Obando Velazco, que alegaban la inocencia del barranquillero, Alberto Jubiz Hazbún nunca perdió la esperanza. Cuando el país lo había olvidado y solo su hermano Wilson, un prestigioso abogado de la costa Atlántica colombiana movía cielo y tierra para sacarlo del hueco, Alberto recibió la visita de uno de sus presuntos victimarios. Se trataba del general Oscar Peláez Carmona. Según declaraciones dadas por él, le prometió que nunca saldría de la cárcel. Detrás de él estaban, presuntamente, Miguel Maza Márquez, Alberto Santofimio Botero, y con esas dos fichas jugando en contra de Hazbún, difícilmente podría demostrarse su inocencia.
Tuvo que esperar cuatro años este hombre bueno para volver a respirar la libertad. El 5 de mayo de 1993 fue recibido por tremenda parranda vallenata en el aeropuerto Ernesto Cortissoz. Después de recuperarse de la rumba, instauró una demanda contra el Estado que ascendía a más de 5.000 millones de pesos. En 1998, justo cuando lo habían llamado a conciliar la demanda, un infarto lo sorprendió en su finca en Sabanalarga. La familia afirma que, en esos cuatro años de reclusión, la salud de Alberto se deterioró.
En 2014, dieciséis años después de su muerte, el Consejo de Estado ordenó a la Fiscalía, a la Policía y a Miguel Maza Márquez pagarle a la familia del académico 3.000 millones de pesos. Se cerraba así uno de los más lamentables episodios de falsos positivos de la historia judicial colombiana.
