Durante los días del paro armado y los diferentes hechos de violencia registrados en Santa Marta, la ciudad no solo enfrentó restricciones en la movilidad, afectaciones al comercio y alteraciones en distintas actividades cotidianas. La situación también permitió evidenciar, una vez más, la fragilidad estructural que existe alrededor del acceso al agua. La suspensión o reducción de actividades de empresas distribuidoras, así como la imposibilidad de movilización de quienes diariamente abastecen a muchos hogares mediante carrotanques, tanques u otros mecanismos alternativos, mostró hasta qué punto una parte de la población depende de soluciones externas para garantizar una necesidad básica.
El escenario puede parecer cotidiano: el vehículo que distribuye agua no llega, el vendedor de tanques no puede movilizarse o una empresa limita temporalmente sus operaciones. Sin embargo, detrás de esas situaciones aparentemente menores existe una realidad mucho más profunda. En una ciudad donde numerosos hogares todavía dependen de mecanismos complementarios para abastecerse, cualquier alteración de la movilidad termina convirtiéndose también en una alteración del acceso al agua. El paro armado mostró, de otra manera, que la seguridad hídrica de Santa Marta sigue siendo vulnerable y que para muchas familias abrir la llave no siempre significa encontrar agua.
En medio de este panorama, el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella, realizado durante una reunión con funcionarios del Gobierno nacional, la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena, abrió nuevamente la discusión: el proyecto de desalinizadora para la ciudad no continuará (Caracol Radio, 2026)
La decisión resulta especialmente relevante porque la desalinizadora no era solamente una idea en discusión. Durante la administración anterior se habían adelantado etapas de estructuración y estudios relacionados con una solución integral de abastecimiento mediante desalinización, almacenamiento y distribución. En junio de 2026, ESSMAR publicó información técnica asociada al proyecto, entre ella estudios previos, condiciones para su ejecución, especificaciones de infraestructura de almacenamiento y documentación técnica para recibir observaciones de actores interesados. (ESSMAR, 2026)
Sin embargo, el proceso ya venía acompañado de cuestionamientos y revisiones institucionales. En agosto de 2026, ESSMAR aclaró públicamente que no existía en ese momento un proceso de licitación, adjudicación o contratación para ejecutar las plantas desalinizadoras y señaló que lo adelantado correspondía a una solicitud de ofertas no vinculantes dentro de la etapa de estructuración.(ESSMAR, 2026)
Esto significa que hablar de la cancelación del proyecto exige reconocer dos elementos al mismo tiempo. Por un lado, existían avances técnicos y administrativos que habían permitido llevar la alternativa de desalinización más allá de una simple propuesta, mientras por el otro lado, todavía había aspectos que debían revisarse antes de llegar a una contratación definitiva. Por consiguiente, la discusión, entonces, no debería reducirse a defender o rechazar automáticamente una planta desalinizadora, sino a preguntarse qué ocurre con la solución estructural al problema del agua después de que esta alternativa deja de ser prioritaria.
Santa Marta ha convivido durante décadas con dificultades de abastecimiento que se hacen más evidentes en temporadas de altas temperaturas, disminución de caudales, crecimiento de la demanda o fallas en la infraestructura existente. A esto se suma una expansión urbana que continúa aumentando las necesidades de agua potable mientras buena parte de la discusión pública sigue girando alrededor de nuevas fuentes, estudios y proyectos que no siempre terminan materializándose en una solución permanente.
El problema tampoco se resuelve únicamente encontrando más agua. La seguridad hídrica de una ciudad depende de una cadena completa: captación, tratamiento, almacenamiento, conducción, distribución, mantenimiento de redes y capacidad institucional para garantizar continuidad y calidad en el servicio. Por eso, una nueva propuesta tendrá que responder no solo de dónde saldrá el agua, sino también cómo llegará a los hogares y cómo se evitará que las fallas estructurales del sistema sigan permeándose en la ciudadanía.
Precisamente ahí está uno de los principales interrogantes después del anuncio presidencial. Si los estudios realizados concluyeron que la alternativa de desalinización no debía continuar, resulta necesario conocer cuáles fueron las razones técnicas, ambientales, financieras o institucionales que llevaron a esa determinación y de esa misma manera conocer cuál será la solución que ocupará su lugar.
No se trata de mantener un proyecto únicamente porque una administración anterior lo hubiera impulsado. Las grandes obras públicas deben poder revisarse, ajustarse e incluso descartarse cuando existan argumentos técnicos suficientes. Pero cuando se trata de un problema básico y persistente como el acceso al agua, la decisión de abandonar una alternativa debería venir acompañada de una ruta igualmente concreta para reemplazarla.
El episodio del paro armado dejó una imagen que permite comprender la dimensión del problema. Cuando incluso el abastecimiento informal o complementario se detiene, muchos hogares descubren inmediatamente cuán frágil es su acceso al agua. No es solamente una discusión sobre grandes proyectos de infraestructura. Es también la realidad diaria de familias que compran agua, almacenan lo que pueden o dependen de terceros para cubrir una necesidad que debería estar garantizada mediante un sistema confiable.
Por eso, el debate que se abre después de la decisión sobre la desalinizadora debería ir mucho más allá de establecer si esa tecnología era o no la adecuada. Santa Marta necesita conocer cuál será la política estructural para superar el déficit de abastecimiento y cómo se garantizará que los recursos, estudios y esfuerzos institucionales realizados hasta ahora no terminen convertidos únicamente en otro capítulo de una larga historia de proyectos anunciados.
Bibliografía
Caracol Radio. (2026, 25 de septiembre). Abelardo de la Espriella anunció que proyecto de desalinizadoras para Santa Marta “no va”.
Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR). (2026, 19 de agosto). Comunicado de prensa.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2025, 7 de noviembre). Agua para Santa Marta: Construcción de las dos plantas desalinizadoras es declarado Proyecto Estratégico de la Nación.
