Los nombres detrás de las “narcolanchas”: pescadores, indígenas y trabajadores costeros muertos bajo sospecha

Detrás de estas cifras hay nombres propios y familias que buscan justicia. De acuerdo con el reporte realizado por la revista Cambio, Adrián Lubo y Ronald Arregocés, identificados como indígenas wayuu de La Guajira, fueron vinculados por una investigación de OCCRP y 360 con el ataque anunciado por el Comando Sur el 4 de mayo de 2026 en el Caribe. Mientras el anuncio estadounidense hablaba de dos “narcoterroristas”, los periodistas reconstruyeron las historias de dos amigos de Riohacha, conocidos localmente como lancheros. 

Según la investigación, la Fiscalía de La Guajira informó que estas personas no tenían investigaciones penales abiertas ni los identificaba en los organigramas criminales conocidos. Por su parte, el Comando Sur afirmó que la inteligencia había confirmado actividades de narcotráfico y el tránsito por rutas conocidas, pero no explicó los detalles de la operación.

Para sus familias, la incertidumbre no terminó con el anuncio de las muertes. Según el reportaje, seguían sin recuperar sus restos. La falta de cuerpos y de información sobre lo ocurrido dificulta conocer su destino y esclarecer las circunstancias del ataque. Ya lo menciona el relator de la ONU: en estos casos es fundamental identificar a los fallecidos, preservar los registros operativos y determinar qué medidas se adoptaron para localizar y rescatar sobrevivientes.

Ahora, a medida que se siguen reportando ataques a embarcaciones, también van avanzando medidas judiciales que van esclareciendo los hechos y dando justicia a las víctimas. El antecedente ecuatoriano empieza a abrir luces de como estas violaciones a derechos humanos llegan a los tribunales. Una jueza declaró inocentes en primera instancia a 32 tripulantes de las embarcaciones Conquista 2 y María Candelaria, que habían sido interceptadas y destruidas por fuerzas estadounidenses. El abogado del caso afirmó que la Fiscalía no pudo probar los actos ilícitos atribuidos.

Lo ocurrido obliga a discutir no solo la legalidad de cada ataque, sino también los límites de la intervención estadounidense en América Latina. Es necesario revisar quién decide que una embarcación y sus ocupantes pueden ser destruidos. La lucha contra el narcotráfico no puede convertirse en una autorización para que una potencia extranjera determine unilateralmente quién representa una amenaza y quién puede morir. Como lo advierte el relator de la ONU, no existe un derecho general a emplear fuerza militar fuera del propio territorio para combatir el tráfico de drogas, y la cooperación entre Estados no los exime de responder por las violaciones de derechos humanos que cometan o contribuyan a cometer. 

Defender la soberanía de América Latina exige, por tanto, algo más que proteger fronteras, implica defender la vida de quienes habitan sus costas, navegan sus mares y sostienen sus comunidades. No se trata de negar la existencia del narcotráfico ni de proteger a las organizaciones criminales, sino de rechazar que su persecución sirva para normalizar ejecuciones, destruir pruebas y dejar a las familias sin respuestas.