Cuando, en 2012, el naciente gobierno de Juan Manuel Santos anunció que se empezaba una etapa exploratoria de diálogos de paz en Oslo con el secretariado de las FARC, el escepticismo volvió a cundir en la opinión pública colombiana. Desde 1985, con el gobierno de Belisario Betancur, se había intentado lograr una salida negociada con esta guerrilla, la más vieja en actividad del hemisferio occidental. Al principio, los delegados insurgentes sorprendieron con sus exigencias: en su agenda estaba quedarse incluso con un ministerio. Pero, poco a poco, la negociación fue cobrando, gracias a sus miembros, visos de realidad. Las FARC, durante los ocho años de la Seguridad Democrática, habían sido mermadas. No les quedaba de otra que negociar. Santos se jugó su capital político intentando levantar puentes hacia la paz. La crisis llegó, y de qué manera, el 2 de octubre de 2016. Ese día, aunque ya se había firmado el acuerdo en Cartagena un mes atrás, los colombianos, por un margen mínimo, les dijeron No a los acuerdos en el plebiscito. Fue un golpe muy duro del que el presidente pudo resarcirse gracias al voto de confianza que le dieron los noruegos: nada más y nada menos que el Premio Nobel de Paz. La firma se dio el 26 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Por eso, a diez años de esa firma, hay que hacer balance.
En la mañana del 16 de julio de 2026, en el aula máxima de la Universidad Nueva Granada, se dio el Congreso Internacional ‘Diez años de memoria: poder, dignidad humana y construcción de paz en Colombia’. La moderadora del evento fue Laura Bonilla, subdirectora de nuestra fundación. Ella supo repartir la pelota en un panel que tuvo como protagonistas, ellos fueron a Fernando Harto de Vera, profesor de la Universidad Complutense de Madrid; María Camila Múnera, directora del ICTJ y David Cortés, director de Asuntos étnicos de la Alcaldía de Bogotá.
Una de las conclusiones que dejó este encuentro fueron los problemas que se tuvieron para la implementación de un acuerdo que buscaba reparar a más de diez millones de víctimas que, además, exigían impartir una justicia restaurativa a través de la JEP porque era imposible hacerlo apoyados en la justicia tradicional. Hoy existe una deuda de no repetición y también de justicia. David Cortés, quien fue víctima de la violencia, se mostró un poco crítico con lo lenta que ha sido la JEP a la hora de reparar y dar fallos. También se habló sobre la incapacidad que ha tenido el Estado para entregar tierra a los que lo perdieron por el conflicto.
Sobre el control territorial del Estado en las zonas donde las FARC se desmovilizan, Fernando Harto de Vera hizo este balance a diez años de la firma del acuerdo. La crítica ha sido la incapacidad de convertir el acuerdo en una arquitectura de transformación en los territorios. La deuda más grave es que el Estado no ocupó los espacios dejados por las FARC, no bastaba solo la ocupación militar, hacía falta titulación de tierras, escuelas, soporte social y, como no llegaron, aparecieron entonces otros actores armados. Se crearon mecanismos, pero la protección es fragmentada ante la aparición de otros ejércitos. Algunos aspectos avanzaron de manera desarticulada y a este no ayudó la falta de claridad que hubo en la paz total. En conclusión, los defectos de la implementación pueden resumirse en los siguientes puntos: no se priorizó el desmantelamiento de las estructuras sucesoras del paramilitarismo, tampoco se diseñó una respuesta rápida frente a las alertas tempranas de la Defensoría, el resultado fue una implementación fragmentada. La ausencia de presencia estatal en las 16 subregiones permitió que el vacío de poder fuera ocupado por actores armados. El Estado priorizó el control territorial con lógicas convencionales, pero sin pensar en el cumplimiento integral del acuerdo.
Una de las conclusiones del rompimiento del acuerdo fueron los obstáculos que se encontraron para hacer reales estos acuerdos. Hubo una desconexión entre las políticas nacionales y las necesidades regionales. Con la administración de Petro se pensó que se podía poner en movimiento con los acuerdos después del letargo que tuvo con Duque. Si se puede calcular lo que va a pasar con el nuevo gobierno tampoco son alentadores para estos acuerdos, incluso nos podríamos devolver a los años de la Seguridad Democrática.
Se habló sobre la voluntad de Petro para implementar los acuerdos. La fórmula que adoptó el gobierno fue hacer una estrategia de paz llamada la paz total. Se tenía la premisa de desescalar el conflicto para que llegue el Estado con la inversión que se necesita para saldar la deuda con las comunidades. Esto haría que se incorporara de manera plena al estado social de derecho. En teoría esto era acertado. El problema fue que a la hora de la verdad aparecieron la falta de estrategia y metodología y, además, seguimos teniendo una situación en la que en territorios siguen siendo obstáculos para la implementación plena de los acuerdos de paz. No hay una situación favorable para esto y hace que la violencia continúa, es un loop del que no podemos salir. Lo que propone María Camila Múnera es recuperar la triada paz, justicia y seguridad, además de buscar el desmantelamiento de los diferentes grupos armados. La seguridad sin justicia y sin desarrollo territorial es insuficiente, es que la sola acción de la fuerza pública no transforma las condiciones y permite que la violencia se mantenga. En Argelia se ve este fracaso de las estrategias. Así se hizo en el Catatumbo, en el Cauca. Todos los gobiernos adoptan el famoso semáforo.
Las preocupaciones quedan sobre la mesa y se espera que estas imperfecciones puedan ser corregidas. El problema es que llega un nuevo gobierno que ha dejado claro que, la paz y la implementación del acuerdo, no es, como mínimo, una prioridad.
