Fotografía: Calles del corregimiento La Parada, Villa del Rosario. (2026)
En Norte de Santander, la frontera entre Colombia y Venezuela fue una de las más activas entre ambos países hasta que se presentó el cierre de los pasos fronterizos en agosto de 2015. Entre tanto, el territorio se transformó en un escenario de disputa permanente donde estructuras criminales y grupos armados ilegales buscan consolidar corredores estratégicos para el control de economías ilícitas, la movilidad armada y el dominio social sobre las comunidades fronterizas. Bandas transnacionales como el Tren de Aragua y AK-47, junto al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las disidencias de las extintas FARC que comienzan a expandir su presencia, configuran hoy un mapa de poder criminal que desafía la institucionalidad y convierte la frontera en un fortín de guerra marcado por la violencia, las amenazas y el control territorial.
La presencia de grupos armados ilegales en Norte de Santander se remonta a las décadas de 1970 y 1980, con la llegada y consolidación del ELN, las FARC y el EPL en la región del Catatumbo y la frontera con Venezuela. Mientras el ELN estableció uno de sus primeros frentes en el departamento, el EPL y posteriormente el Frente 33 de las FARC fortalecieron su presencia en municipios estratégicos vinculados a la economía cocalera y al control de corredores fronterizos. Durante los años noventa, la disputa entre guerrillas y grupos paramilitares por el dominio territorial y las rutas del narcotráfico intensificó la violencia contra la población civil.
A finales de esa década, la llegada del Bloque Catatumbo de las AUC y posteriormente del Bloque Fronteras consolidó un modelo de control armado y social en Cúcuta y su área metropolitana, especialmente en municipios fronterizos como Villa del Rosario, Puerto Santander y El Zulia. Tras la desmovilización paramilitar, surgieron estructuras posdesmovilización como Las Águilas Negras, Los Rastrojos y posteriormente el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia, que disputaron el control del microtráfico, las extorsiones y los pasos ilegales hacia Venezuela.
Luego de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, el conflicto armado en Norte de Santander entró en una nueva fase marcada por las confrontaciones entre el ELN y el EPL, así como por el fortalecimiento del ELN en la región tras la pérdida de capacidad del EPL y la derrota de Los Rastrojos en la frontera. Más recientemente, el despliegue del Frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo y su expansión hacia municipios fronterizos y urbanos evidencia una nueva reconfiguración del conflicto armado y la disputa por el control territorial y las economías ilegales en Norte de Santander.
No obstante, la disputa por el control de la frontera entre Colombia y Venezuela no es un fenómeno reciente. Durante décadas, Norte de Santander ha sido un territorio estratégico para grupos armados ilegales debido a su ubicación geográfica, la cercanía con corredores internacionales del narcotráfico, la existencia de decenas de pasos ilegales y la histórica ausencia del Estado en amplios sectores urbanos y rurales. Sin embargo, el conflicto sufrió una transformación profunda: la guerra que se agudizó desde enero de 2025 dejó de estar concentrada únicamente en las montañas del Catatumbo y comenzó a trasladarse hacia el área metropolitana de Cúcuta, donde la disputa deja dos masacres en el área metropolitana de Cúcuta que se presentaron entre finales de abril e inicios de mayo.
Para Jorge Forero, del Centro de Estudios Fronterizos, “La frontera se convirtió en un territorio altamente apetecido por grupos armados y bandas transnacionales debido a las múltiples economías criminales que allí convergen”. El narcotráfico continúa siendo el principal motor de esta disputa. Norte de Santander mantiene conexión directa con zonas de producción de cocaína en el Catatumbo y corredores que permiten la salida de droga hacia Venezuela y posteriormente hacia mercados internacionales. Las trochas y pasos informales se transformaron en rutas estratégicas para el transporte de estupefacientes, armas, combustible de contrabando y mercancías ilegales, generando una guerra silenciosa por el dominio territorial.
En este escenario, la Policía Metropolitana de Cúcuta le indicó a la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) que, el ELN mantiene la estructura armada de mayor jerarquía y capacidad operativa en la región. Su presencia histórica en Norte de Santander le permitió consolidar una red de control territorial que combina dominio militar, economías ilegales y regulación social sobre comunidades fronterizas. De acuerdo al monitoreo que se adelanta desde la fundación Pares el ELN tiene influencia en municipios como Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios mediante el Frente Urbano Carlos Germán Velazco Villamizar, mientras que en zonas rurales de Cúcuta, Puerto Santander y El Zulia mantiene presencia a través del Frente Reinaldo Ardila Gómez.
Fotografía: Operativos de patrullaje del ELN en Norte de Santander. (2023)
El control territorial ejercido históricamente por el ELN en los municipios de Norte de Santander en la zona de frontera no responde únicamente a una lógica militar, sino también al dominio de economías ilegales asociadas al narcotráfico, el microtráfico, el contrabando de combustible y las extorsiones transfronterizas. Durante años, esta guerrilla consolidó presencia en sectores estratégicos de Villa del Rosario, como Montevideo Uno, Montevideo Dos y Lomitas, mediante el control del expendio de drogas, las amenazas a comerciantes y el cobro de extorsiones a transportadores y habitantes de la zona.
Sin embargo, este panorama comenzó a reconfigurarse con la llegada y expansión de nuevas estructuras criminales y bandas transnacionales que hoy disputan corredores ilegales y rentas criminales en el área metropolitana de Cúcuta. La presencia del Tren de Aragua, AK-47 y recientemente las disidencias del Frente 33 de las FARC genera nuevas dinámicas de confrontación y alianzas criminales, transformando el histórico dominio del ELN en una disputa territorial más fragmentada y violenta.
La ubicación estratégica de estos sectores explica el interés criminal. Villa del Rosario y especialmente La Parada representan uno de los principales corredores fronterizos del país. Miles de personas cruzan diariamente hacia Venezuela o ingresan a Colombia a través del Puente Internacional Simón Bolívar y múltiples pasos irregulares. Quien controle estos corredores controla también el tránsito de mercancías ilegales, el tráfico de migrantes y buena parte de las rentas derivadas del comercio criminal transfronterizo.
Históricamente, el ELN encontró en la frontera un escenario favorable para fortalecer su capacidad financiera y logística. El control de trochas le permite cobrar “impuestos” ilegales a quienes cruzan mercancías, combustible o drogas. Además, el fenómeno migratorio derivado de la crisis venezolana incrementó las posibilidades de explotación económica mediante extorsiones, tráfico de personas y regulación ilegal de los pasos fronterizos.
Pero el ELN ya no es el único actor con capacidad de control territorial en la frontera. Durante los últimos años, la expansión de estructuras criminales transnacionales transformó radicalmente las dinámicas de violencia en el área metropolitana de Cúcuta. Para la fuerza pública, entre estas organizaciones se destaca el Tren de Aragua, considerada una de las bandas criminales más peligrosas de origen venezolano y que hoy mantiene presencia en distintos países de América Latina.
Su epicentro delictivo en Norte de Santander se concentra en La Parada, jurisdicción de Villa del Rosario, un territorio históricamente golpeado por la informalidad, la pobreza y la ausencia institucional. Desde este punto estratégico, la estructura criminal ejerce control sobre sectores como el Puente Internacional Simón Bolívar, la Terminal de Transporte, El Quilombo, la trocha Los Mangos y la autopista internacional.
La importancia de estos lugares radica en que representan nodos de movilidad humana y económica. Allí convergen migrantes, comerciantes informales, transportadores y estructuras ilegales que convierten la frontera en un escenario de alta rentabilidad criminal. El Tren de Aragua consolidó dominio mediante actividades relacionadas con tráfico de migrantes, extorsión, homicidios, secuestros, desplazamientos forzados y desmembramientos, una práctica utilizada como mecanismo de terror y control social.
La presencia del Tren de Aragua evidencia además cómo la criminalidad fronteriza evolucionó hacia estructuras con capacidad transnacional. A diferencia de bandas locales tradicionales, esta organización combina violencia extrema, articulación internacional y control territorial sobre corredores estratégicos. Su expansión en Norte de Santander está directamente relacionada con el flujo migratorio y la existencia de pasos ilegales que facilitan actividades ilícitas.
Junto al Tren de Aragua, otras estructuras criminales consolidaron presencia en el área metropolitana de Cúcuta. Bandas como AK-47 y Familia P presentan una trayectoria superior a cinco años, demostrando capacidad de adaptación y sostenimiento frente a las acciones de las autoridades. Según los análisis de investigación criminal, la Familia P mantiene incidencia directa en las comunas 7 y 8 de Cúcuta, mientras que AK-47 ejerce control en sectores céntricos de la ciudad.
Estas organizaciones concentran sus principales fuentes de financiamiento en el tráfico local de estupefacientes. Sin embargo, alrededor del microtráfico se derivan otras economías ilegales como homicidios por encargo, amenazas, cobro de extorsiones y disputas violentas por control territorial. El dominio de una comuna o un barrio representa el control sobre expendios de droga, rutas de distribución y cobros ilegales a comerciantes.
La aparición de “Los Mexicanos” desde el año 2024 refleja además la constante recomposición criminal en la frontera. Esta estructura comenzó a ganar fuerza especialmente en la comuna 8 y el municipio de El Zulia, evidenciando cómo nuevos actores buscan ocupar espacios dejados por organizaciones debilitadas o ingresar a territorios estratégicos en disputa.
Sin embargo, el fenómeno más preocupante en términos de expansión armada corresponde al avance del Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las FARC-EP hacia el área metropolitana de Cúcuta. Tradicionalmente concentradas en el Catatumbo, las disidencias comenzaron a extender su presencia hacia municipios fronterizos y zonas urbanas, especialmente en El Zulia. La aparición de grafitis alusivos a esta estructura y las recientes masacres registradas tanto en El Zulia como en Cúcuta evidencian que la confrontación entre el ELN y las disidencias dejó de ser un fenómeno exclusivamente rural.
Ahora, el avance de las disidencias de las FARC-EP sobre municipios fronterizos y urbanos de Norte de Santander evidencia una estrategia de expansión territorial orientada a disputar el poder histórico del ELN y controlar las dinámicas criminales asociadas al narcotráfico, el contrabando y las rutas transfronterizas en el área metropolitana de Cúcuta.
La masacre de cuatro personas presuntamente vinculadas al ELN en El Zulia y posteriormente el asesinato de tres integrantes de las disidencias en Cúcuta fueron interpretados por el Ministerio de Defensa como parte de una lucha territorial que ya se expande desde el Catatumbo hacia el área metropolitana.
Esta disputa tiene un trasfondo económico claramente definido. Las disidencias buscan ingresar a territorios donde confluyen rutas del narcotráfico, trochas estratégicas y corredores de movilidad ilegal. Según información de inteligencia, el Frente 33 habría establecido alianzas con la banda delincuencial Los Turcos y estaría reforzando su estructura con hombres provenientes de Cauca y Valle del Cauca.
La expansión de las disidencias hacia la frontera marca un nuevo capítulo en la guerra territorial de Norte de Santander. Durante años, el Catatumbo concentró las confrontaciones armadas por el control de cultivos ilícitos y corredores de narcotráfico. Ahora, esa disputa se traslada hacia municipios urbanos y fronterizos donde convergen nuevas economías ilegales asociadas al tráfico de migrantes, el microtráfico y el contrabando.
El contrabando de gasolina continúa siendo otra de las principales rentas criminales de la región. Históricamente, el diferencial de precios entre Colombia y Venezuela convirtió el combustible en un negocio altamente rentable para estructuras ilegales. El ELN mantiene fuerte participación en esta economía mediante el control de pasos fronterizos y cobros ilegales a quienes transportan combustible de contrabando.
Las trochas cumplen un papel central dentro de este engranaje criminal. Estos pasos ilegales no solo permiten el tránsito de combustible y drogas, sino también el movimiento de armas, dinero y personas. Cada trocha representa ingresos derivados de pagos extorsivos y regulación criminal. Por eso, la disputa territorial se concentra principalmente en corredores fronterizos donde los grupos armados buscan consolidar dominio permanente.
La crisis humanitaria del Catatumbo agravó aún más este panorama. Desde el 16 de enero de 2025, la región enfrenta una escalada de violencia que deja miles de personas desplazadas, múltiples víctimas y un tejido social profundamente fracturado. La confrontación entre el ELN y el Frente 33 provocó nuevos flujos de desplazamiento hacia Cúcuta y municipios metropolitanos, aumentando los riesgos de expansión del conflicto hacia zonas urbanas.
La Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana 006 de 2026, advirtió sobre tres escenarios que podrían agudizar la crisis regional. El primero corresponde a una intensificación de las confrontaciones entre el ELN y el Frente 33; el segundo, a posibles disputas entre el Ejército Gaitanista de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra; y el tercero, a una eventual alianza entre el Frente 33 y el EPL para recuperar control territorial en la región.
En este panorama, se presume que la llegada de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se estaría dando por los límites entre Cesar y Norte de Santander, especialmente entre los municipios de González, Río de Oro y Ocaña, mientras que la presencia del Ejército Gaitanista ya es habitual en algunas zonas estratégicas. El principal riesgo radica en una posible agudización de las confrontaciones entre estos actores armados ilegales, lo que podría incrementar las afectaciones humanitarias, los desplazamientos y la disputa por corredores estratégicos y economías ilícitas en la región.
Estos escenarios reflejan el alto nivel de fragmentación criminal existente en Norte de Santander. La frontera se convirtió en un tablero estratégico donde múltiples estructuras armadas buscan posicionarse para controlar economías ilegales y corredores de movilidad binacional. Las principales afectaciones para la población civil se expresan en amenazas, desplazamientos forzados, homicidios selectivos, extorsiones y desapariciones. Comerciantes, transportadores y habitantes de sectores periféricos enfrentan presiones constantes por parte de organizaciones criminales que imponen pagos ilegales y ejercen control sobre la vida cotidiana.
En sectores fronterizos como La Parada, las comunidades conviven diariamente con estructuras armadas que regulan horarios, movilidad y actividades económicas. El miedo y el silencio se convirtieron en mecanismos de supervivencia dentro de territorios donde las organizaciones criminales reemplazan parcialmente la presencia institucional.
La tipología de los hechos victimizantes evidencia la complejidad y profundidad del fenómeno criminal que hoy enfrenta la frontera colombo-venezolana. Las amenazas, desplazamientos forzados, homicidios por ajuste de cuentas, secuestros, desmembramientos, extorsiones y el narcotráfico no pueden entenderse como hechos aislados, sino como parte de una misma lógica de dominación territorial impulsada por estructuras armadas que buscan consolidar poder económico, militar y social sobre corredores estratégicos de la región.
La frontera entre Colombia y Venezuela atraviesa una de las etapas más complejas en materia de seguridad de las últimas décadas. La convergencia entre guerrillas, bandas transnacionales y estructuras delincuenciales urbanas transformó el área metropolitana de Cúcuta en un escenario de disputa permanente donde el control territorial representa dominio sobre rutas del narcotráfico, trochas, economías ilegales y comunidades enteras sometidas a dinámicas de miedo y silenciamiento. A esto se suma el agravamiento de la crisis humanitaria del Catatumbo y las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre posibles reconfiguraciones y expansiones armadas hacia nuevas zonas estratégicas de Norte de Santander.
Detrás de cada trocha, cada barrio periférico y cada corredor fronterizo existe una lucha silenciosa por el poder criminal. Una guerra que se alimenta del narcotráfico, el contrabando de combustible, el tráfico de migrantes y la vulnerabilidad social de miles de personas atrapadas en una región donde la violencia continúa imponiendo sus propias reglas. El fenómeno demuestra que la frontera dejó de ser únicamente un punto de tránsito binacional para convertirse en un territorio estratégico de gobernanza criminal donde grupos armados ilegales reemplazan parcialmente funciones del Estado mediante el control social, la coerción y el miedo.
Frente a este panorama, la respuesta del Estado colombiano no puede limitarse únicamente al fortalecimiento militar o al aumento de operaciones de seguridad. La complejidad de la crisis fronteriza exige una intervención integral y sostenida que combine presencia institucional efectiva, fortalecimiento de la justicia, control territorial legítimo, inversión social y atención humanitaria para las comunidades más vulnerables.
La disputa armada en Norte de Santander no solo se combate con fuerza pública; también requiere políticas que respondan a las condiciones estructurales que históricamente facilitaron el arraigo de los grupos armados en la región. La situación actual de la frontera demanda una estrategia estatal articulada que priorice la protección de la población civil, la recuperación de los territorios bajo control criminal y el fortalecimiento de oportunidades económicas y sociales para las comunidades fronterizas.
Bibliografía
Forero, J. (2026). Entrevista concedida a la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), mayo de 2026.
Policía Nacional de Colombia. (2025). Información institucional suministrada a la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), noviembre de 2025.
Presidencia de la República de Colombia. (2025, mayo 25). Gobierno establece zona de ubicación temporal en Tibú para el Frente 33. Presidencia de la República. https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-establece-zona-de-ubicaci%C3%B3n-temporal-en-Tibu-para-el-frente-33-250523.aspx
Caracol Radio. (2025, julio). Los Gaitanistas y Los Pachencas están ingresando al Catatumbo: Enrique Pertuz. Caracol Radio. https://caracol.com.co/2025/07/11/los-gaitanistas-y-los-pachencas-estan-ingresando-al-catatumbo-enrique-pertuz/
Centro Nacional de Memoria Histórica. (2016) Recorridos por paisajes de la violencia: Bajo Catatumbo. CNMH. https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/recorridos-por-paisajes-de-la-violencia/bajo-catatumbo.html
Defensoría del Pueblo. (2025, mayo). El Catatumbo padece la emergencia humanitaria más grande desde que hay registro en Colombia a causa del conflicto armado. Defensoría del Pueblo. https://www.defensoria.gov.co/-/el-catatumbo-padece-la-emergencia-humanitaria-mas-grande-desde-que-hay-registro-en-colombia-a-causa-del-conflicto-armado
