Crisis en los diálogos regionales de paz en Nariño

La mesa de negociación entre el Estado colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) atraviesa una crisis que pone en evidencia límites estructurales del proceso más que una crisis coyuntural, en la medida en que, aunque los hechos de violencia han incidido en su inestabilidad, el problema central se encuentra en la incapacidad de sostener condiciones mínimas para avanzar en los acuerdos, lo que se ha hecho particularmente visible en la suspensión del séptimo ciclo de diálogos realizado el 12 y 13 de abril en Llorente, Nariño, donde confluyeron dos tensiones de fondo que no han logrado resolverse: por un lado, la insuficiencia de recursos para implementar lo pactado y, por otro, el desacuerdo entre las partes frente a la erradicación y sustitución de cultivos de coca, un tema que, lejos de ser técnico, se ha convertido en el principal nudo político de la negociación.

Desde su inicio, la mesa ha operado con una contraparte insurgente débilmente cohesionada, ya que la CNEB, como resultado de una fragmentación de la Segunda Marquetalia, no ha logrado consolidar una estructura con control efectivo sobre sus unidades en territorio, lo que limita su capacidad tanto para responder por los compromisos adquiridos como para traducir las decisiones tomadas en la mesa en comportamientos consistentes en el terreno, de modo que lo que inicialmente se manifestaba como un problema de representatividad ha evolucionado hacia una dificultad más profunda relacionada con la sostenibilidad misma del proceso, especialmente en contextos donde la economía de la coca continúa siendo un eje organizador de la vida social y económica.

Durante marzo de 2026, la mesa ya había entrado en un momento de alta tensión tras la muerte de alias “Machaco”, uno de los negociadores de la Coordinadora, hecho que llevó a la organización a declarar el proceso en “estado crítico” y a cuestionar las garantías de seguridad para su participación, a lo que se sumó una suspensión temporal de los diálogos bajo la figura de consultas internas que, más allá de su carácter formal, evidenció la existencia de desacuerdos sustantivos no resueltos, de manera que la coyuntura de abril no constituye una ruptura aislada sino la profundización de una tendencia en la que la mesa no logra estabilizarse y opera en ciclos interrumpidos, sin continuidad efectiva.

En este escenario, la información más reciente permite afirmar que la suspensión del séptimo ciclo estuvo directamente asociada a la falta de consenso sobre la política de cultivos ilícitos, en tanto el Gobierno ha insistido en avanzar en metas de erradicación y sustitución, mientras que las disidencias han planteado reparos no solo frente a los tiempos y las condiciones, sino también frente a la viabilidad material de dichos compromisos en los territorios, lo que pone en evidencia que el desacuerdo no se limita a un ajuste programático sino que remite a una disputa más amplia sobre quién define el ritmo de la transición económica en zonas cocaleras y bajo qué garantías se lleva a cabo, es decir, sobre el control mismo de una economía que continúa siendo central tanto para la supervivencia de las comunidades como para la dinámica de los actores armados.

A esta tensión se suma un elemento que resulta determinante y que ha adquirido mayor visibilidad en la coyuntura reciente, como es la falta de recursos para financiar la sustitución, ya que, aunque esta política fue concebida como uno de los pilares del proceso, con metas ambiciosas en Nariño y Putumayo, no cuenta con un respaldo presupuestal suficiente que permita sostenerla en el tiempo, lo que ha generado una brecha creciente entre lo acordado y lo implementado, de modo que, sin pagos oportunos, sin proyectos productivos consolidados y sin infraestructura que garantice una transición real hacia economías legales, la sustitución pierde credibilidad tanto para las comunidades como para la contraparte insurgente.

En terreno, esta situación se traduce en un aumento de la desconfianza, ya que, aunque miles de familias han firmado acuerdos de erradicación voluntaria, no cuentan con alternativas económicas estables que les permitan sostener la decisión de abandonar los cultivos de uso ilícito, mientras que la transición hacia actividades como el cacao u otras economías legales no ha avanzado al ritmo esperado, lo que incrementa el riesgo de resiembra y debilita la legitimidad del proceso, convirtiendo la sustitución, que debía operar como un incentivo para la paz, en una fuente adicional de frustración.

En este contexto, el desacuerdo sobre la erradicación y la sustitución debe entenderse no como una diferencia técnica sino como una expresión de la desconexión entre la mesa de negociación y las realidades sociales del territorio, en la medida en que la sustitución implica transformaciones económicas, sociales y culturales de largo plazo que no pueden resolverse únicamente mediante acuerdos formales, de modo que intentar imponer metas sin garantizar condiciones materiales ni mecanismos efectivos de participación comunitaria genera resistencias y bloquea el proceso, más aún cuando las propias disidencias han señalado que no pueden comprometerse con objetivos que no controlan plenamente, dado que los cultivos pertenecen a campesinos y no a la estructura armada.

La falta de recursos, en este sentido, no es un problema secundario sino un factor que atraviesa toda la negociación, ya que la implementación de la sustitución requiere inversión sostenida no solo para compensar ingresos, sino para construir condiciones de desarrollo rural que permitan una transformación estructural del territorio, de manera que, sin esta base, los acuerdos pierden viabilidad y la mesa termina negociando compromisos que el Estado no está en capacidad de cumplir en el corto plazo, lo que erosiona su credibilidad y genera un efecto acumulativo de desgaste.

La reiteración de pausas y suspensiones confirma este deterioro, pues tanto el Gobierno como la Coordinadora han recurrido a la interrupción de los ciclos como mecanismo de manejo de la crisis, lo que, lejos de representar ajustes normales dentro de un proceso de negociación, evidencia un estancamiento estructural en el que la mesa no logra consolidar una hoja de ruta estable y funciona bajo una lógica de avances parciales seguidos de retrocesos constantes.

En el caso de Nariño, estas dificultades se ven agravadas por las condiciones específicas del territorio, donde la persistencia de economías ilegales, especialmente el narcotráfico, mantiene incentivos para la continuidad del conflicto, mientras que la disputa por corredores estratégicos, la presencia de múltiples actores armados y el abandono histórico del Estado limitan cualquier intento de implementación, de modo que la sustitución no puede entenderse únicamente como una política pública, sino como una disputa por el control territorial y económico.

La crisis actual, por tanto, no puede leerse como un fracaso puntual, sino como el resultado de una acumulación de tensiones no resueltas que incluyen una contraparte fragmentada, un Estado con capacidades limitadas para implementar, una economía ilegal profundamente arraigada y una política de negociación que no logra articular estos elementos de Lo que está en juego no es únicamente la continuidad de esta mesa, sino la viabilidad de la política de paz total en contextos como el de Nariño, ya que la experiencia reciente muestra que la apertura de espacios de negociación, sin condiciones materiales, institucionales y territoriales suficientes para su implementación, conduce a procesos frágiles y fácilmente reversibles, de manera que, sin recursos, sin acuerdos claros sobre temas estructurales como la sustitución y sin una conexión efectiva con las dinámicas locales, la negociación pierde su capacidad transformadora, lo que, visto desde las comunidades, adquiere una dimensión aún más crítica, pues, de acuerdo con lo expresado por un líder comunitario indígena consultado en el territorio, estos procesos generan expectativas concretas de cambio en las condiciones de vida que, al no cumplirse, terminan profundizando la desconfianza hacia el Estado y debilitando las formas organizativas locales, en tanto las comunidades asumen costos inmediatos —como la erradicación de cultivos o la exposición a riesgos de seguridad— sin que existan garantías reales de sostenibilidad económica o protección, lo que no solo pone en entredicho la eficacia de la negociación, sino que además incrementa la sensación de incertidumbre y abandono, reforzando la percepción de que la paz se discute en la mesa pero no logra materializarse en el territorio.

En este mismo marco, la coyuntura reciente introduce un elemento adicional que profundiza la crisis y eleva el nivel de exigencia política sobre la mesa, ya que el asesinato de tres militares en zona rural de Ipiales, atribuido a estructuras vinculadas a la Coordinadora, ha llevado al Gobierno a calificar el proceso como altamente crítico y a condicionar su continuidad a un pronunciamiento claro por parte de la CNEB frente a estos hechos, lo que desplaza el debate desde las dificultades estructurales de implementación hacia una discusión inmediata sobre responsabilidades, control territorial y voluntad real de desescalamiento, de modo que la mesa no solo enfrenta tensiones derivadas de la falta de recursos o de los desacuerdos sobre sustitución, sino que queda atravesada por la persistencia de acciones armadas que contradicen el sentido mismo del proceso y ponen en cuestión la capacidad de la organización insurgente para ejercer mando efectivo sobre sus estructuras.

Este hecho confirma la fragmentación interna de la Coordinadora y la existencia de unidades con niveles diferenciados de autonomía operativa, lo que dificulta la traducción de los compromisos políticos en comportamientos coherentes en el territorio, de manera que la negociación se sostiene con una contraparte cuya capacidad de garantizar el cumplimiento de lo acordado es limitada, mientras que la continuidad de acciones armadas de alto impacto endurece la posición gubernamental y reduce los márgenes de maniobra para sostener el diálogo, convirtiendo la exigencia de una respuesta formal en una prueba de viabilidad del proceso mismo, en la medida en que pone en el centro la pregunta por el control real de la organización sobre sus estructuras y evidencia, una vez más, que la negociación avanza sin contar con condiciones materiales, institucionales ni organizativas suficientes para sostenerse en el tiempo.