La ciudad de Cali se prepara para recibir por primera vez la ceremonia de posesión presidencial del presidente electo Abelardo de la Espriella, una jornada que contará con la presencia de jefes de Estado y distintas delegaciones internacionales. Sin embargo, esta posesión también ha estado marcada por serios interrogantes frente a las condiciones de seguridad para su realización. Inicialmente se proyectó la ciudad de Popayán como escenario para la posesión, no obstante, las condiciones de seguridad y las complejidades logísticas propias del departamento del Cauca hicieron desistir de la idea al gobierno entrante. Bajo estos condicionantes el dispositivo de seguridad previsto para la posesión contará con cerca de 11.000 integrantes de la fuerza pública articulados entre Ejército y Policía Nacional, velando por la seguridad y mitigando los escenarios de riesgo provenientes de la alta presencia de criminalidad en la ciudad, así como de Grupos Armados Organizados (GAO) en el departamento de Valle del Cauca.
Por ello es importante revisar no solo el contexto actual de seguridad en Cali y Valle del Cauca, sino analizar también los retos que afronta el gobierno entrante con miras a contrarrestar la hibridación actual entre el crimen organizado en ciudades como Cali y las dinámicas del conflicto en las que se encuentran inmersas los GAO en el departamento.
Contexto de seguridad en el Valle del Cauca y Cali
El Valle del Cauca constituye actualmente uno de los escenarios de seguridad más complejos del país debido a la convergencia de dinámicas propias del conflicto armado, el crimen organizado y la delincuencia urbana. Su ubicación estratégica como corredor entre el Pacífico colombiano, el Cauca, el Eje Cafetero y el centro del país ha convertido al departamento en un territorio altamente disputado por organizaciones armadas y redes criminales interesadas en controlar corredores de movilidad, rutas del narcotráfico, mercados ilegales y economías criminales de alcance regional y transnacional.
Esto ha hecho que tanto en áreas rurales como urbanas el departamento enfrente un escenario marcado por la creciente presencia de GAO, especialmente de estructuras del Estado Mayor Central (EMC), a través del Bloque Occidental Jacobo Arenas y de frentes como Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Adán Izquierdo, los cuales mantienen presencia en municipios como Jamundí, Dagua, Palmira y Candelaria, articulando sus operaciones con las dinámicas del norte del Cauca. El más reciente seguimiento de la Fundación Paz & Reconciliación a las dinámicas de conflictividad en el suroccidente del país, da cuenta de una presencia del EMC en cerca de 16 municipios del Valle del Cauca. En este mismo sentido, grupos como EGC – Clan del Golfo, así como el ELN y más recientemente el Frente 57 Yair Bermúdez, también operan en el territorio de forma activa.
Mapa 1. Dinámica regional de disputas activas entre grupos armados en Valle del Cauca y Norte del Cauca[1]
La disputa permanente entre estas estructuras, otros grupos armados y la fuerza pública ha incrementado los niveles de confrontación violenta, generando atentados contra infraestructura pública, ataques a unidades militares y policiales y acciones terroristas. Especialmente la presencia predominante del EMC en el Cauca y Valle del Cauca y su el amplio control social y territorial en algunas zonas específicas como el Cañón del Micay, llevó al gobierno nacional a realizar operativos de neutralización contra este grupo, para la retoma del territorio, lo que generó amplias retaliaciones hacia la fuerza pública, siendo evidentes las múltiples afectaciones al orden público. Como parte de esto, la Policía desactivo el pasado 5 de agosto un vehículo acondicionado con más de 420 kilogramos de explosivos en el Cauca, el cual tenía como propósito afectar el normal desarrollo de la ceremonia de posesión.
De manera simultánea, el departamento experimenta un proceso de reconfiguración del crimen organizado caracterizado por el fortalecimiento de organizaciones criminales con capacidad de articulación regional. En este escenario sobresale la consolidación de La Inmaculada, estructura originaria de Tuluá que logró ejercer un amplio control sobre economías ilegales mediante actividades de microtráfico, extorsión, sicariato y mecanismos sistemáticos de intimidación contra funcionarios del INPEC, operadores judiciales y periodistas. Aunque la extradición reciente de su máximo líder, alias Pipe Tuluá, genera un escenario de incertidumbre sobre la capacidad de la estructura interna para mantenerse cohesionada, también incrementa el riesgo de disputas por el liderazgo de la organización y de una eventual fragmentación que podría traducirse en nuevos ciclos de violencia tanto en Tuluá como en otros municipios del centro del departamento.
A su vez, Cali continúa enfrentando elevados niveles de violencia homicida y una persistencia de fenómenos como la extorsión, el sicariato y el control social ejercido por estructuras criminales en diversos sectores urbanos, producto de la expansión de actores armados, la reorganización del crimen organizado y el fortalecimiento de redes criminales urbanas de delincuencia común, que terminan por articular dinámicas regionales. De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, tanto el Valle del Cauca como Cali presentan un incremento sostenido de delitos de alto, impacto como el homicidio, entre los años 2022 y 2025, en ambos casos con incrementos porcentuales muy similares. Adicionalmente, durante el primer semestre de 2026, el Valle del Cauca cerró con 1198 casos de homicidio, siendo la cifra más alta a nivel nacional, muy por encima de ciudades como Bogotá (545) o departamentos como Antioquia (836) y Atlántico (677).
Gráfica 1. Comportamiento del homicidio, entre 2022 y 2025, en Cali y Valle del Cauca
En conclusión, bajo este escenario, tanto el Valle del Cauca como la ciudad de Cali se dejan entrever como uno de los principales focos regionales de conflicto que tendrá el gobierno de Abelardo de la Espriella, puesto que requiere de la reconfiguración integral de una política de seguridad que atienda los cambios constantes en las dinámicas de conflicto y de criminalidad en áreas conurbadas.
Por demás, la realización de un evento de alta visibilidad política, como una posesión presidencial, en la ciudad de Cali implica retos significativos para las autoridades nacionales y locales, pues la concentración de altos funcionarios, jefes de Estado y delegaciones internacionales convierte a este tipo de acontecimientos en objetivos potenciales para organizaciones que buscan demostrar capacidad operativa, generar impacto mediático y desafiar la presencia institucional. Se deben considerar escenarios de riesgo de carácter terrorista, también posibles alteraciones del orden público, acciones de sabotaje y afectaciones derivadas de la compleja gobernanza criminal que caracteriza actualmente al departamento.
