Para muchos colombianos, 1985 pudo haber sido un año de esperanza. El presidente era Belisario Betancur, un hombre nacido en Amagá, Antioquia, que siempre hizo gala de su sensibilidad poética y de su origen humilde, alimentando la imagen de un nuevo Marco Fidel Suárez. Aunque conservador, Betancur tenía posiciones políticas que, para la Colombia de entonces, podían considerarse progresistas. El país apenas intentaba sacudirse las consecuencias de los cuatro años de represión del gobierno de Julio César Turbay Ayala.
Betancur apostó por abrir negociaciones con las guerrillas. El 28 de marzo de 1984 firmó con las FARC los acuerdos de La Uribe, que contemplaban un cese al fuego y la posibilidad de abrir caminos hacia la participación política. De ese proceso surgió la Unión Patriótica (UP), que se presentó oficialmente en 1985 como una alternativa para llevar la confrontación armada al escenario democrático. Sin embargo, aquel intento de convertir las armas en votos terminó atravesado por uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia: el exterminio sistemático de sus militantes y dirigentes, en el que participaron estructuras paramilitares y agentes estatales. La violencia política cerró los caminos de participación y profundizó la desconfianza frente a cualquier posibilidad de paz. Al mismo tiempo, la presencia de generales como Fernando Landazábal en el gobierno representó una permanente tensión para los intentos de negociación del presidente.
Entre 1982 y 1986, durante el cuatrienio de Betancur, Colombia también vivió una escalada de violencia terrorista protagonizada por las estructuras del narcotráfico. Pablo Escobar había logrado acercarse a la política e incluso ocupar una suplencia en la Cámara de Representantes. Sin embargo, su pasado criminal terminó convirtiéndose en un obstáculo para sus aspiraciones. Luis Carlos Galán y el Nuevo Liberalismo se opusieron abiertamente a su ingreso a la política. Rodrigo Lara Bonilla, entonces ministro de Justicia, también denunció sus vínculos con el narcotráfico. La respuesta fue brutal: el 30 de abril de 1984, Lara Bonilla fue asesinado por sicarios al servicio de Escobar. Mientras tanto, las guerrillas ampliaban su presencia territorial y algunas lograban proyectar una imagen favorable entre sectores de la población.
En ese contexto, el M-19 se sintió con la capacidad de ejecutar una operación que terminaría convirtiéndose en una de las mayores tragedias de la historia nacional. El plan para tomarse el Palacio de Justicia fue tan arriesgado como deficiente: no contemplaba una salida viable para los guerrilleros ni dimensionaba las consecuencias de una respuesta militar de gran escala.
El 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19, bajo el liderazgo de Álvaro Fayad, ingresó al Palacio de Justicia. Con el paso de los años surgieron graves cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del edificio. La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio documentó que el esquema de protección policial había sido retirado de manera inexplicable e inconsulta, pese a las amenazas existentes y a los antecedentes de los planes del M-19 para tomarse el edificio. Esta circunstancia alimentó interrogantes sobre las condiciones que facilitaron la incursión guerrillera, aunque no permite afirmar, por sí sola, que existiera un plan deliberado para facilitarla.
Los integrantes del M-19 pretendían utilizar la retención de los magistrados para exigir un juicio político al presidente de la República. Creían que tener bajo su poder a integrantes de la Corte Suprema de Justicia les permitiría forzar una negociación. Sin embargo, la operación terminó en una confrontación armada de enormes proporciones. La ausencia de una salida negociada y la decisión de privilegiar la respuesta militar convirtieron el edificio en un escenario de guerra.
Nunca se ha esclarecido por completo qué ocurrió en las horas previas ni cuáles fueron todas las decisiones políticas que rodearon la operación. Belisario Betancur se llevó a la tumba muchas de esas respuestas. Lo cierto es que las decisiones militares de la retoma quedaron en manos de altos mandos como los generales Jesús Armando Arias Cabrales y Jesús Alberto Plazas Vega.
El resultado fue devastador: cerca de un centenar de personas murieron y once fueron desaparecidas. Entre las víctimas mortales se encontraban once magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También se produjeron graves violaciones de derechos humanos. Algunos sobrevivientes fueron sacados con vida del Palacio y posteriormente desaparecidos. Es el caso del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, quien, según lo establecido en las investigaciones judiciales, salió vivo del edificio en poder de integrantes de la Fuerza Pública y posteriormente fue ejecutado extrajudicialmente. Su caso es una de las evidencias más dolorosas de lo que ocurrió durante la retoma.
Pero el horror no había terminado. Una semana después, el país enfrentaría otra tragedia de dimensiones inconmensurables. Armero fue una catástrofe natural cuyas consecuencias pudieron haberse reducido considerablemente. La erupción del volcán Nevado del Ruiz, el 13 de noviembre de 1985, provocó el deshielo de sus glaciares y una serie de avalanchas que descendieron por los cauces de los ríos y sepultaron buena parte del municipio tolimense.
Las señales de alarma existían. Durante meses se habían advertido los riesgos de una erupción y la posibilidad de que los flujos de lodo arrasaran poblaciones enteras. Sin embargo, las alertas no se tradujeron en medidas oportunas y eficaces de evacuación. Las advertencias sobre la magnitud del peligro no recibieron la atención necesaria y las autoridades no lograron poner en marcha una respuesta capaz de proteger a la población. El resultado fue una tragedia que dejó cerca de 25.000 personas muertas.
La responsabilidad institucional no terminó con la incapacidad de prevenir la tragedia y evacuar a tiempo a la población. También hubo cuestionamientos sobre la gestión de la ayuda humanitaria internacional, su distribución y las irregularidades que rodearon su administración. Años después, otros episodios profundizaron las heridas de Armero, como el de los niños que fueron separados de sus familias y cuyo paradero terminó siendo objeto de numerosas denuncias. Algunos fueron entregados en adopción, incluso fuera del país. Las historias de estas familias siguen dejando preguntas y reclamos sin resolver.
En aquel noviembre de 1985, todo lo que estaba mal en Colombia pareció profundizarse. La violencia guerrillera, los abusos de sectores militares, el terrorismo del narcotráfico, la persecución política, la corrupción y la incapacidad del Estado coincidieron en una sucesión de tragedias que pusieron al país frente a sus propias fracturas.
Es difícil encontrar otro momento en nuestra historia reciente en el que tantas vidas, instituciones y esperanzas quedaran destruidas en tan pocos días. La década de los ochenta estaría marcada por la sangre, la persecución política y la violencia, cuyas consecuencias todavía sentimos cuatro décadas después.
En aquella semana de noviembre de 1985, Colombia no solo perdió miles de vidas: también perdió una parte de su confianza en el Estado. Y muchas de las heridas que entonces se abrieron siguen sin cerrar.
