Cuarenta años después de la tragedia del Palacio de Justicia, Colombia sigue esperando respuestas. Las víctimas esperan verdad, los familiares siguen reclamando justicia y algunos de los militares que estuvieron al frente de la operación de retoma todavía tienen cuentas pendientes con la historia. Uno de ellos es el general Arias Cabrales, quien desde 2024 cumple su condena en un apartamento del norte de Bogotá. Se acogió a la JEP y el país, sobre todo las víctimas, esperaba que contara la verdad ante este tribunal. Pero lo que se impuso fue, una vez más, el silencio.
A las once de la mañana del 6 de noviembre de 1985, cuando el abogado samario Alfonso Jacquin entró al Palacio de Justicia, se sorprendió al encontrar que apenas tres guardias de seguridad privada custodiaban aquella mole de concreto. Dos meses antes, el Ejército había desarticulado un plan del M-19 para tomarse el edificio. Los vientos de paz que habían soplado durante los primeros años de la presidencia de Belisario Betancur se habían extinguido. La élite política volvía a darle la espalda a la guerrilla y el M-19 regresaba a la guerra.
El grupo necesitaba un golpe publicitario de gran impacto. Nadie como ellos para despertar el fervor popular con acciones espectaculares que, hasta entonces, habían logrado ejecutar sin disparar un solo tiro: la toma de la Embajada de la República Dominicana, el robo de la espada de Bolívar y el de más de tres mil armas del Cantón Norte. Esperaban la visita de François Mitterrand para provocar un nuevo escándalo internacional, pero pudo más la ansiedad. Por orden de Álvaro Fayad, máximo comandante del grupo, Luis Cuervo y Andrés Almarales quedaron al frente del plan: 27 guerrilleros se tomarían el Palacio. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serían sus rehenes y, a cambio de sus vidas, obligarían a Belisario a someterse a un juicio público en plena Plaza de Bolívar. Se la habían fumado verde. Lo que no imaginaba el M-19 era que el Ejército estaba al mando de una cúpula dispuesta a cobrarse una venganza.
En 1985, ser magistrado en Colombia pesaba como una condena a muerte. La guerrilla era quizá el menos peligroso de sus enemigos. Las profundas investigaciones que adelantaba la Corte Suprema de Justicia, presidida por Alfonso Reyes Echandía, sobre los carteles de la droga habían puesto al descubierto los vínculos de algunos de los más altos oficiales de las Fuerzas Armadas con Pablo Escobar. Un año antes, el capo había asesinado a un ministro de Justicia por perseguirlo y promover un tratado de extradición con Estados Unidos. El tratado fue refrendado por la Corte Suprema de Justicia.
Pero la Corte cometió, en junio de 1985, lo que para algunos sectores militares fue una afrenta imperdonable al honor del Ejército Nacional: condenó al entonces ministro de Defensa, el general Miguel Vega Uribe, por la tortura de una joven médica y su hija de diez años, detenidas horas después del robo de las armas del Cantón Norte por parte del M-19. Vega Uribe había sido, en 1979, comandante de la Brigada XIII de Bogotá y una de las caras de la terrorífica represión ordenada durante el gobierno de Turbay Ayala.
La decisión hizo que el mundo se le viniera encima a la Corte. Algunos medios señalaban a los magistrados como responsables de desestabilizar al país y cuestionaban sus decisiones frente a los militares. El miércoles 6 de noviembre de 1985, después de un puente festivo, cinco magistrados de esa corporación, entre ellos su presidente, habían recibido toda clase de amenazas. Lo único que podían hacer era pedirle al Gobierno protección. Cuando se descubrió el plan del M-19, se había desplegado una verdadera muralla de seguridad alrededor del Palacio. Sin embargo, el día de la toma, todo estaba despejado. Apenas 27 guerrilleros entraron al edificio, al Ejército le tomó treinta minutos instalar su base de operaciones en la Plaza de Bolívar y en el Museo del Florero.
Semanas después del holocausto, que cobró 111 vidas, el ministro de Justicia, Enrique Parejo, quien siempre se ha considerado traicionado por las decisiones que tomó el Ejército aquel día, ordenó investigar quién había dado la orden de retirar la vigilancia del Palacio. Dos coroneles de la Policía ofrecieron una explicación difícil de creer: aseguraron que la orden había sido impartida por el propio Alfonso Reyes Echandía, quien ya había muerto durante la sangrienta retoma. Más tarde se comprobó que el presidente de la Corte se encontraba en Bucaramanga en la fecha en que, según los coroneles, se había ordenado retirar el esquema de seguridad.
La orden del general Arias Cabrales, apostado en la Casa del Florero, fue simple y devastadora: gastar todas las municiones disponibles, acabar a cohetazos con el Palacio y no reparar en bajas. Matarlos a todos. Por eso, Plazas Vega ingresó sus tanques Cascabel al edificio y disparó desde allí. Ante la brutalidad de la respuesta militar, los integrantes del M-19 comprendieron la dimensión de la estupidez que habían cometido: habían terminado convertidos en instrumentos de las Fuerzas Armadas para resolver un problema a sangre y fuego. Un magistrado sobreviviente le contó a la periodista irlandesa Ana Carrigan que alcanzó a escuchar las órdenes que recibían los soldados dentro del Palacio: «Al que vean, quiébrenlo». Y mataron a casi todos.
El Palacio de Justicia: una tragedia colombiana, la investigación de Ana Carrigan, publicada originalmente en 1993 y traducida al español en 2009, acaba de ser reeditada por Planeta. Es un libro necesario y valiente, que incluye el testimonio exclusivo de uno de los sobrevivientes que permaneció en el baño del Palacio junto a Andrés Almarales y otros guerrilleros. Su denuncia es contundente: al Ejército no le bastó con ejecutar una operación de retoma deliberadamente desastrosa, en la que murieron once magistrados. Después desplegó una ofensiva de terror contra quienes pudieran contar lo que realmente había sucedido. Arias Cabrales, desde la Casa del Florero, estuvo al frente de los interrogatorios, los registros y las torturas a las cerca de 200 personas que sobrevivieron.
Más que alimentar teorías de conspiración, y sin exonerar en ningún momento a los comandantes guerrilleros que durante horas jugaron con la vida de las decenas de personas que permanecían encerradas con ellos en uno de los baños del Palacio, el libro de Carrigan debería servir como punto de partida para esclarecer, de una vez por todas, la responsabilidad que tuvo el glorioso Ejército Nacional en el incendio y la muerte de 111 personas. También debería ayudar a establecer la responsabilidad de Belisario Betancur por su incapacidad para afrontar la crisis y la de los expresidentes y las principales figuras políticas que lo aconsejaron durante aquellas horas dramáticas. Según esta reconstrucción, los únicos que le recomendaron buscar un diálogo con el M-19 para evitar la masacre fueron Galán y Turbay.
A cuarenta años de la toma, la historia sigue esperando respuestas. Que los oficiales sobrevivientes asuman su responsabilidad. Que hablen. Que cuenten la verdad que las víctimas llevan cuatro décadas esperando.
