41 años después, el horror del Palacio de Justicia sigue sin esclarecerse por completo. Noviembre volvió a poner en el centro de la memoria nacional dos de las tragedias más dolorosas de nuestra historia: la toma y retoma del Palacio de Justicia, que dejó decenas de personas muertas y desaparecidas, y la tragedia de Armero, donde miles de personas perdieron la vida bajo el lodo.
Pero esta conmemoración también estuvo marcada por las disputas sobre la memoria histórica. Mientras algunos sectores han intentado reescribir lo ocurrido durante la retoma del Palacio de Justicia y eximir de responsabilidad a integrantes del Ejército, también se presentaron cuestionamientos y acciones de censura contra la película Noviembre, que retrata la tragedia vivida por quienes permanecieron encerrados en uno de los baños del Palacio. Sin embargo, cuatro décadas después, la justicia continúa su trabajo y la búsqueda de verdad sigue abierta.
En este contexto, la Fiscalía acusó a nueve exmilitares por el delito de tortura. Se trata de Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Iván Ramírez Quintero y Bernardo Alfonso Garzón.
Según la investigación de la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido durante la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985. Las pruebas del proceso señalarían que varias personas fueron calificadas como «sospechosas», trasladadas a la Casa del Florero y sometidas allí a torturas físicas, psicológicas y morales.
Entre las víctimas se encuentran Yolanda Ernestina Santodomingo Alberricci, Eduardo Arturo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis, Aristóbulo Rozo, Orlando Quijano, Orlando Arrechea Ocoro, Saúl Antonio Arce, Jaime Buitrago Castro, Ana Lucía Limas Montaña y Héctor Darío Correa Tamayo. Los hechos de tortura estarían relacionados con las actuaciones militares desarrolladas en el marco del Plan Tricolor 83, aspecto que deberá contrastarse con lo establecido en el expediente judicial.
Cabe recordar que por los crímenes cometidos durante la retoma del Palacio de Justicia ya fueron condenados altos mandos militares, entre ellos el general Jesús Armando Arias Cabrales. No obstante, las nuevas actuaciones judiciales son fundamentales para esclarecer otras responsabilidades individuales y establecer hasta dónde llegaron las decisiones y órdenes dentro de la cadena de mando.
Rafael Barrios, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y representante de las víctimas, considera alentadora esta actuación de la justicia contra los militares. Sin embargo, espera que las investigaciones vayan mucho más allá y lleguen al fondo de la cadena de mando, para establecer quiénes dieron las órdenes y quiénes tuvieron responsabilidad en los hechos.
En medio del negacionismo que todavía persiste en el país, continúan vigentes distintas hipótesis sobre lo ocurrido. Una de ellas sostiene que algunos integrantes de las Fuerzas Militares habrían propiciado la toma del M-19 para justificar represalias contra esa organización. Otra hipótesis, que también circuló desde entonces, apunta a un supuesto plan del Ejército para acabar con la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados, quienes investigaban los abusos y actuaciones ilegales de integrantes de esa institución. Estas interpretaciones forman parte de una discusión histórica que exige investigación, documentación y esclarecimiento judicial.
Cuarenta años después, el holocausto del Palacio de Justicia sigue siendo un capítulo central para comprender la historia contemporánea de Colombia. La memoria permanece en disputa, las preguntas siguen abiertas y la justicia todavía tiene una tarea pendiente: esclarecer la verdad, establecer todas las responsabilidades y garantizar que estos hechos no queden en el olvido.
