A menos de que haya una sorpresa el domingo por la noche, la definición de las presidencias de Senado y Cámara de Representantes para los próximos cuatro años parece estar terminando de cocinarse. Un primer triunfo del gobierno de Abelardo de la Espriella y de su ministro del Interior, Rodrigo Lara, que logran asegurar en los cargos directivos mesas favorables para el trámite legislativo, así como potencialmente una coalición de gobierno mayoritaria con la que pueden mover su agenda legislativa.
Sin embargo, el costo de este triunfo estaría pasando por una primera ruptura con el uribismo, a quien el gobierno electo ha dejado, por ahora, en el vagón de atrás en las negociaciones políticas, al que aún no le da una cartera ministerial y al que acusan, en parte, de oportunismo político. Así es como el gobierno De la Espriella estaría asegurándose de una primera luna de miel con el legislativo, que ha redescubierto su capacidad de imponer vetos al ejecutivo.
—El poder de veto de los partidos minoritarios mueve la agenda
Por otro lado, lo que se rumora (hasta ahora) en la mayoría de los pasillos del Capitolio y en el hotel Grand Hyatt de Bogotá, donde los compromisarios de los partidos políticos con representación parlamentaria están reunidos para definir las mesas directivas del Congreso, es que ya existe consensos para elegir a Alfredo Deluque (Partido de la U) como presidente del Senado y a Nicolás Barguil (Partido Conservador) como presidente de la Cámara de Representantes. Ambos han sido cuestionados en varios informes desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). En el caso de Deluque, debido a su pertenencia al clan Nueva Fuerza Guajira, así como su presunta relación con fundaciones vinculadas a contratos irregulares en el departamento de La Guajira entre 2019 y 2020. Barguil, por su parte, es familiar de David Barguil, excandidato presidencial y electo senador de la República, y ha sido cuestionado por su pertenencia al clan político de su primo.
En contravía de lo que se esperaba en un primer momento, el Centro Democrático ha quedado rezagado en las negociaciones por definir esas mesas directivas. Según una tabla digitalizada que se filtró en varios medios de comunicación, al partido del uribismo le correspondería la presidencia de la Cámara en el tercer año, así como se quedó con la subsecretaría de esa corporación para los próximos cuatro años. La esperanza del partido, que se había enunciado de gobierno recién el triunfo de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta, era quedarse con las presidencias de Senado y Cámara en el primer año de legislatura, como ha sido tradición en el Congreso desde hace tiempo. No obstante, la negociación de Rodrigo Lara, ministro del Interior del gobierno entrante, con los partidos minoritarios les estaría dando suficiente peso para imponerse en estas negociaciones ante la segunda bancada más grande del Congreso.
De hecho, ya se han generado varios roces e intercambios entre algunos políticos del Centro Democrático y los sectores más radicales del llamado “abelardismo” en redes sociales, luego de que Revista Semana publicara un confidencial señalando que el Centro Democrático iba a buscar a otro candidato para la presidencia de Cámara en detrimento de Daniel Briceño, quien buscaba la presidencia de esa corporación. Según Semana, las directivas del partido no le habrían perdonado a Briceño sus declaraciones contra la candidatura de Paloma Valencia y su alianza con Juan Daniel Oviedo, así como tampoco su estrecha cercanía previa con sectores de la campaña de De la Espriella.
No es para menos. El gobierno de Abelardo de la Espriella abre su gestión el próximo 7 de agosto con la realidad de que no tiene su propio partido de gobierno, y de que depende más que nunca de las negociaciones con las bancadas de los partidos para poder impulsar su agenda legislativa. Aunque el Movimiento de Salvación Nacional le dio el aval para llegar a la presidencia, De la Espriella se encuentra más interesado en la consolidación de su propio partido “Defensores De La Patria” que en consolidar al movimiento de la familia Gómez. Siendo así, parece que el gobierno entrante habría elegido acercarse inicialmente a los viejos partidos tradicionales para consolidar su primera coalición de gobierno, antes que darle relevancia al Centro Democrático (el partido más cercano ideológicamente a De la Espriella) para asegurar esa gobernabilidad.
Esto, en parte, porque los partidos minoritarios, al menos desde 2022, se han convertido en puntos de veto relevantes para decisiones políticas en el legislativo. A pesar de que los partidos tradicionales (Liberal, Conservador) y los partidos clientelares (La U, Cambio Radical) redujeron de manera abrupta su presencia en términos de curules, siguen teniendo suficiente poder de veto para bloquear al Congreso e impedir la gobernabilidad. Con ellos, De la Espriella garantizaría 62 votos en Senado y 103 en la Cámara de Representantes, suficientes mayorías para impulsar proyectos de ley de manera cómoda, pero lejos de los 2/3 que requieren las mayorías calificadas para generar reformas constitucionales profundas, como las que plantea hacer para agotar los mecanismos de justicia transicional del Acuerdo de Paz o para desmantelar definitivamente el andamiaje institucional del mismo.
Si bien, con esta coalición tendría suficiente fuerza para sobrevivir a las grandes discusiones sobre el presupuesto general de 2027 y a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, así como tendría la capacidad de sobrepasar la posibilidad de veto que tiene la oposición de izquierdas, aún sigue siendo una mayoría frágil, fragmentada por dentro y dependiente de la voluntad de los congresistas para funcionar.
—¿Y los costos de la transacción política?
La dependencia del Congreso a los cupos indicativos y a las negociaciones presupuestales anuales a cambio de apoyos, así como de la presencia burocrática, hace que cualquier negociación entre Abelardo de la Espriella y el Congreso pase inherentemente por su propuesta de un fuerte recorte al gasto público y al presupuesto nacional, discusiones que se deben dar entre septiembre y octubre de este año. El primer escenario de prueba que va a tener esta nueva coalición que se cocina alrededor de De la Espriella es si el Congreso puede aceptar, en parte como sacrificio, que esa posible reducción presupuestal afecte partidas territoriales que los congresistas siempre movilizan en estas discusiones.
Esto es importante porque, dependiendo de la profundidad de los recortes, parte del apoyo de los partidos puede resquebrajarse, más con congresistas cuyo apoyo hacia el gobierno puede ser instrumental o que vienen de apoyar al gobierno Petro. Esto ya nos habla de que los costos de transacción política para mover iniciativas van a estar altos, y que los congresistas van a vender caro sus apoyos frente a un gobierno al que le urge tener buenas relaciones con el Congreso. Un bloqueo político parcial temprano (sumada a la oposición que hará el Pacto Histórico) puede entorpecer el camino legislativo del gobierno De la Espriella, quien espera también presentar una reforma tributaria y un paquete de reformas para derogar la agenda social que el gobierno Petro logró salvar en estos últimos cuatro años (especialmente frente a la reforma pensional), así como mover una nueva reforma a la salud.
