Colombia está experimentando una transformación silenciosa, pero profundamente estructural, en las economías que alimentan el conflicto armado. Durante décadas, la cocaína ocupó el lugar central como principal fuente de financiación de organizaciones criminales y estructuras armadas. Hoy, sin embargo, asistimos a un desplazamiento progresivo: producir oro empieza a ser más atractivo que producir coca.
No se trata de una percepción aislada. Diversos informes oficiales han advertido que la minería ilegal de oro ya representa una de las principales fuentes de financiación de grupos armados como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC-EP. Colombia produce alrededor de 60 toneladas de oro al año, y se estima que más del 60% proviene de explotaciones ilícitas o informales, según datos de la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas.
Pero lo más alarmante no es solo su peso en las economías ilegales, sino la magnitud del daño que está produciendo. Reportes recientes señalan que la fiebre del oro ilegal ha arrasado cerca de 94.000 hectáreas y contaminado más de 1.120 ríos en el país. No estamos, entonces, frente a una economía ilícita más, sino ante una actividad que combina financiación del conflicto armado con destrucción ambiental masiva.
La razón de este relevo es estructural y responde a la lógica misma del sistema económico capitalista. En El Capital, Karl Marx identifica al oro como la mercancía por excelencia. No solo por sus propiedades físicas —durabilidad, divisibilidad, portabilidad— sino por su condición de equivalente universal. El oro no se daña, conserva valor en el tiempo y es aceptado en cualquier mercado del mundo. Tener oro es, en términos prácticos, tener dinero universal.
Esta condición lo convierte en una mercancía privilegiada. El oro no necesita intermediación simbólica para circular: es riqueza en sí misma. Tiene liquidez inmediata y reconocimiento global. En tiempos de incertidumbre económica, su demanda incluso aumenta. Es, como diría Marx, la expresión material más pura del valor dentro del capitalismo.
En contraste, la cocaína es una mercancía proscrita. A pesar de su alto valor en mercados ilegales, ha sido objeto de una construcción global de estigmatización y persecución. Está asociada al terrorismo, al crimen organizado y a la violencia. Su producción, comercialización y consumo están criminalizados en la mayoría de los países del mundo.
Esta diferencia normativa es clave. Mientras el oro es una mercancía deseada y legal en los mercados internacionales, la cocaína es perseguida y penalizada. Esto genera un incentivo evidente: producir oro implica menores riesgos jurídicos, mayores facilidades de comercialización y una integración más sencilla a los circuitos económicos globales, incluso cuando su origen es ilegal.
En otras palabras, el oro combina lo mejor de dos mundos para las economías criminales: alta rentabilidad y baja estigmatización. Esta ventaja competitiva está siendo rápidamente aprovechada por los grupos armados ilegales en Colombia, que han encontrado en la minería ilegal una fuente de ingresos más estable, menos riesgosa y más difícil de rastrear que el narcotráfico.
Pero el problema no es solo económico. Es también profundamente ambiental y territorial. A diferencia de la narrativa dominante, la producción de oro genera impactos ecológicos mucho más severos que los cultivos de coca. La minería aluvial ilegal destruye cauces de ríos, deforesta grandes extensiones de selva y contamina ecosistemas con mercurio y otros químicos altamente tóxicos.
Colombia es hoy uno de los países con mayores niveles de contaminación por mercurio en el mundo. Este metal pesado no solo afecta la salud humana, sino que altera de manera irreversible los ecosistemas acuáticos y terrestres. La cifra de más de mil ríos contaminados no es un dato técnico: es la evidencia de una transformación estructural del territorio.
Así, el país enfrenta una mutación profunda: el tránsito de una economía ilegal estigmatizada hacia una economía ilegal normalizada. El oro no solo financia la guerra, sino que lo hace de manera más eficiente, más discreta y con mayor aceptación global, mientras produce una huella ambiental mucho más destructiva.
Esta realidad plantea un desafío urgente de política pública. Colombia ha desarrollado, a lo largo de décadas, una compleja arquitectura institucional para enfrentar el problema de la coca, incluyendo programas como el PNIS en el marco del Acuerdo de Paz. Sin embargo, no existe una estrategia equivalente para abordar de manera integral la minería ilegal de oro.
Las respuestas del Estado han sido, hasta ahora, fragmentarias e insuficientes. La destrucción de maquinaria, aunque necesaria, no ataca el núcleo del problema. El verdadero desafío está en regular todo el ciclo económico del oro: desde la extracción hasta la comercialización, pasando por la trazabilidad, la exportación y su inserción en los mercados internacionales.
Si no se actúa con prontitud, Colombia podría enfrentarse en el futuro a una paradoja histórica: tener que diseñar programas de sustitución no de cultivos ilícitos, sino de economías extractivas ilegales. Es decir, pasar de la erradicación de la coca a la sustitución del oro ilegal como condición para la paz.
El país está a tiempo de evitar ese escenario. Pero para hacerlo, es necesario reconocer que el problema ya no es solo la coca. El nuevo combustible del conflicto no solo financia la guerra: está destruyendo, al mismo tiempo, los territorios sobre los cuales esa guerra se sostiene.
Porque cuando una economía ilegal logra ser rentable, socialmente tolerada y ambientalmente devastadora al mismo tiempo, el problema deja de ser solo de seguridad: se convierte en un problema civilizatorio. Y en este punto, el oro deja de ser un recurso. Se convierte en el nuevo rostro —silencioso, legal y profundamente destructivo— de la guerra en Colombia.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
