El 18 de febrero de 2026, el Gobierno nacional entregó más de un centenar de viviendas a población en proceso de reincorporación en el predio El Berlín, ubicado en el municipio de Acacías. Este proyecto, liderado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) junto al Ministerio de Vivienda y la ONU, forma parte de una política de estabilización territorial para los excombatientes y sus familias.
Para la institucionalidad, este evento marca un hito frente al rezago histórico. Como señala en entrevista Alejandra Miller, directora de la ARN, al iniciar el actual gobierno había cero viviendas entregadas a excombatientes. Hoy, la entidad proyecta una meta de 1.500 viviendas, entre entregadas y financiadas, que beneficiarán a cerca de 16 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en todo el país.
La adjudicación de 1.445 hectáreas en El Berlín busca materializar los compromisos asumidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro tras múltiples crisis de seguridad en la región. Para los excombatientes de las extintas FARC-EP, este avance representa el fruto de una larga resistencia civil. Como relata el líder Ricardo Guaduas, firmante del Acuerdo de Paz, la comunidad ha cumplido su palabra, asumiendo los inmensos retos de la vía política para evitar un mayor derramamiento de sangre en Colombia.
El desplazamiento forzado y la violencia
La entrega de estas viviendas en Acacías es la consecuencia directa del desplazamiento forzado del antiguo ETCR Mariana Páez. En 2023, estas familias debieron abandonar el municipio de Mesetas debido a inminentes riesgos de seguridad y amenazas explícitas de grupos armados ilegales. Este hecho no es un incidente aislado, sino el reflejo de una victimización sistemática que incluyó ETCR emblemáticos como Urías Rondón, Georgín Ortiz, Miravalle y la Nueva Área de Reincorporación (NAR) Simón Trinidad.
A pesar de los avances en tierras, la comunidad asume un riesgo vital permanente. Según las cifras consolidadas por el Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), la persistencia del conflicto ha cobrado la vida de 479 personas firmantes del Acuerdo de Paz entre 2017 y el 2026. Esta violencia se concentra en departamentos como Cauca (con 87 homicidios), Antioquia (50), Nariño (43) y Caquetá (41).
Frente a esta grave crisis, Alejandra Miller sostiene que la protección no puede depender exclusivamente de los esquemas de seguridad dura de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pues resulta logísticamente inviable asignar vehículos escoltados a los 11.000 firmantes. Para la directora de la ARN, la verdadera garantía para salvaguardar la vida es “una buena estrategia de paz” en los territorios. Miller contrasta escenarios regionales para ilustrar esta hipótesis: mientras en Nariño los homicidios de firmantes han disminuido en el marco de los avances de la Paz Total, en el departamento del Cauca, donde las negociaciones están rotas, la vulnerabilidad a la violencia letal es máxima.
La llegada a Acacías y la protección comunitaria
La instalación en el predio El Berlín significó arribar a un territorio desconocido y marcado por las dinámicas de control histórico del paramilitarismo. La asignación oficial de estas tierras despertó un agudo conflicto socio-territorial inicial. Años antes, el predio había sido invadido por familias campesinas vulnerables, que fueron expulsadas violentamente por el ESMAD durante el gobierno de Iván Duque. Este antecedente generó una profunda desconfianza local, la cual se agravó al percibir el ingreso de los vehículos blindados de la UNP como un privilegio económico inmerecido.
Frente a esta hostilidad, los firmantes asumieron un rol conciliador. Mediante la ejecución de “Agendas Comunitarias” apoyadas por la institucionalidad, la población reincorporada logró un acercamiento dialógico que logro reducir la estigmatización territorial. Miller profundiza en que estas agendas, que incluyen acompañamiento psicosocial, diálogos restaurativos y el desarrollo de obras compartidas, son en realidad una estrategia vital de protección comunitaria. Una comunidad vecina que comprende la reincorporación y se reconcilia con los firmantes, es una comunidad que a la larga los defiende y los protege.
Consolidación territorial y adjudicación colectiva
El proyecto habitacional entregado el 18 de febrero abarca 109 soluciones físicas. Se trata de viviendas de interés social rural de 52 metros cuadrados, equipadas con dos habitaciones, un baño, cuarto de lavado, cocina y sala. Estas estructuras fueron construidas sobre lotes de 200 metros cuadrados, un diseño intencional para que las familias tengan el espacio suficiente para ampliar sus hogares de forma autónoma. El desarrollo de esta vivienda rural nucleada representó un reto inmenso, exigiendo la construcción de plantas propias de tratamiento para garantizar acueducto y alcantarillado a toda la comunidad.
La materialización de proyectos habitacionales como El Berlín está intrínsecamente ligada a una transformación estructural en la política de tierras, concebida institucionalmente como un proceso colectivo. Según Miller, el salto cuantitativo de 800 a 19.000 hectáreas entregadas a excombatientes a nivel nacional fue posible al reconocer a los firmantes como sujetos especiales de la Reforma Agraria. Sin embargo, la funcionaria subraya que esta adjudicación prioritaria se dirige de manera exclusiva a cooperativas y proyectos productivos conjuntos. Si un firmante decide marginarse del modelo organizativo colectivo para buscar propiedad individual, pierde esta priorización y debe someterse a los procesos ordinarios como cualquier campesino.
Este modelo de acceso colectivo constituye el primer pilar de lo que la ARN denomina la “Consolidación de los ETCR”, un hito que marca el cierre de la etapa transitoria de la reincorporación. De acuerdo con Miller, un ETCR alcanza su “mayoría de edad” cuando el Estado logra garantizar tres condiciones: tierra propia para la producción, vivienda definitiva y acceso a servicios públicos. Una vez cumplida esta triada, el Estado se retira de la administración y sostenimiento financiero directo del asentamiento. A partir de ese momento, se le otorga plena autonomía a la comunidad reincorporada para que asuma las riendas de su desarrollo territorial.
Aunque la comunidad valora este logro, el líder Ricardo Guaduas señala que persisten tensiones entre el diseño técnico y la realidad demográfica. Las viviendas se concibieron para una cuota de 109 firmantes individuales, una medida limitada frente a un predio donde conviven cerca de 400 habitantes. Esto evidencia el reto de albergar con dignidad a los núcleos extendidos y a los más de 115 niños nacidos en medio del Proceso de Paz, en este ETCR.
En última instancia, estas garantías de hábitat y territorio trascienden el mero cumplimiento técnico para convertirse en herramientas estratégicas de prevención de nuevos ciclos de violencia. La dirección de la ARN ha reorientado su enfoque para establecer un motor de construcción de paz mediante el fomento de factores de arraigo a la vida civil. Miller advierte que los excombatientes, al poseer entrenamiento militar, representan una especie de “mano de obra cualificada para la guerra”, convirtiéndose en el blanco principal de reclutamiento por parte de actores armados ilegales.
Bajo esta premisa, la vivienda, la sostenibilidad económica y la participación política actúan como escudos protectores frente a la reincidencia. La hipótesis institucional sostiene que un firmante arraigado, aquel que siembra su tierra o proyecta su liderazgo sociopolítico, en juntas de acción comunal o en otros escenarios, es un sujeto que ha encauzado sus anhelos de transformación hacia las vías democráticas y no está pensando en regresar a la guerra.
