Elegir en política cuesta. El proceso electoral que vive Colombia en este 2026 demanda una inversión institucional y social sin precedentes. No se trata solo de un ejercicio ciudadano, sino de una operación logística y económica de alta complejidad que pone a prueba las finanzas del Estado y la capacidad de las “empresas políticas” para competir en el mercado del poder.
Desde la perspectiva del Análisis Político Transaccional, las elecciones son el escenario donde ocurre el intercambio de derechos de propiedad sobre el control del Estado. En este mercado, los candidatos actúan como oferentes de políticas y los ciudadanos como demandantes. Pero para que este intercambio se materialice, deben superarse barreras que generan costos de fricción o de transacción.
El problema radica en que, a medida que los actores y la competencia política se intensifica, estos costos tienden a crecer de manera ineficiente. El Estado, los partidos y los ciudadanos estamos invirtiendo recursos que podrían optimizarse si existiera una mayor conciencia sobre el valor de cada transacción política. La eficiencia no es opcional en una democracia que busca legitimidad y estabilidad.
Para este ciclo de 2026, las cifras son contundentes. El Gobierno nacional ha garantizado un presupuesto de $3,7 billones de pesos para el funcionamiento de la organización electoral a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es una inversión masiva en software, biometría y logística necesaria para reducir la incertidumbre, el riesgo más costoso y perturbador de cualquier sistema político moderno.
A este gasto administrativo debemos sumar la reposición de votos, un costo de transacción que el Estado asume para financiar a los oferentes exitosos. Para 2026, se estima que el Estado, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), pagará miles de millones de pesos a los partidos que superen el umbral, reembolsando gastos de campaña. Es un mecanismo de incentivos que busca formalizar el mercado político, pero que eleva la factura total del proceso.
Algunos ejemplos son la campaña de Paloma Valencia, a quien se le calcula una reposición de $26.819 millones de pesos, que salen de 3’236.286 votos por $8.287 por voto valido; a Juan Daniel Oviedo de $10.404 millones de pesos por los 1’255.520 votos que obtuvo; o a Roy Barreras, el ganador de la consulta Frente por la Vida, quien a pesar de haber obtenido pocos votos (237.347), en comparación con otras consultas, tiene derecho a la reposición de $1.966 millones de pesos, por cumplir el requisito del umbral mínimo de votación.
Si sumamos el presupuesto de la Registraduría y los recursos estimados para la reposición, el costo por cada ciudadano —participe o no— supera los $100.000 pesos. Es el precio de mantenimiento de nuestra infraestructura democrática. Un costo que pagamos todos y que nos obliga, por responsabilidad fiscal y civil, a ser mucho más exigentes con el resultado de la transacción.
Pero el gasto estatal es solo una dimensión. Las “empresas políticas” también realizan inversiones masivas. Para las presidenciales, el CNE fijó topes de gastos de $34.105 millones para la primera vuelta. Estos son costos de entrada al mercado que, si no se controlan, generan barreras que limitan la competencia y favorecen a los actores con mayor capital acumulado.
A esto se añaden los costos que asume el ciudadano. Informarse sobre las propuestas, desplazarse al puesto de votación y procesar los resultados son costos de transacción reales. Si el sistema es percibido como costoso o incomprensible, el demandante opta por no participar. La abstención es, en muchos sentidos, una respuesta racional ante costos de información demasiado elevados.
Es fundamental reconocer que estos costos son consustanciales a la democracia. Solo en los sistemas autoritarios elegir parece “barato”, pues basta con la decisión de un grupo cerrado para designar sucesores. No obstante, que el costo sea necesario no justifica que deba ser exagerado; por el contrario, nos obliga a buscar la optimización de cada “activo específico” del sistema.
La responsabilidad del Estado en 2026 es maximizar el uso de los recursos. Aprovechar las inversiones ya realizadas en tecnología y simplificar los trámites de escrutinio son pasos urgentes. Cada peso ahorrado en la logística es un recurso que puede fortalecer la transparencia y la vigilancia de las reglas de juego en este complejo intercambio de poder.
Por su parte, los partidos deben transitar hacia campañas más eficientes. El uso estratégico de medios digitales debe primar sobre el derroche en propaganda física y prácticas clientelistas que solo elevan la fricción. Reducir sus costos de operación no solo los hace más competitivos, sino que aumenta su valor ante una ciudadanía crítica del gasto público.
Los ciudadanos también somos piezas clave. Al reducir nuestros propios costos de información mediante el seguimiento riguroso de los candidatos, empoderamos nuestra decisión. Participar activamente y votar no es solo un derecho, es la forma de validar la inversión que ya todos hicimos. Un elector informado obliga a los oferentes de política a ser más claros.
Aprovechar las inversiones en infraestructura de este año es vital. No podemos permitir que el esfuerzo económico de 2026 se agote el día de la elección. La base tecnológica y los datos recolectados deben servir para fortalecer las instituciones en el largo plazo, disminuyendo los costos de las transacciones democráticas que vendrán en el futuro cercano.
El análisis político transaccional nos enseña que las instituciones que logran reducir sus costos de transacción son las que generan mayor confianza. En Colombia, el reto es llevar este principio al corazón del sistema electoral. No se trata de recortar la democracia, sino de hacerla más fluida, transparente y menos onerosa para el bolsillo del contribuyente.
Debemos ver el gasto electoral como una inversión que requiere un retorno social medible. Si el costo por voto sigue aumentando sin que mejore la calidad de la representación, el sistema entrará en una crisis de rentabilidad política. Por ello, la vigilancia institucional debe enfocarse tanto en la legalidad del recurso como en la eficiencia técnica de su ejecución.
En síntesis, elegir en política cuesta, pero el precio no debe ser la exclusión. El 2026 es la oportunidad para demostrar que Colombia puede organizar elecciones masivas con un manejo responsable. Debemos ser cuidadosos con el sistema, participando activamente para que el costo asumido por cada ciudadano se traduzca en una representación legítima y eficiente.
Finalizo insistiendo en la necesidad de considerar cada gasto bajo la lupa de la utilidad marginal. La democracia es nuestro activo más valioso, pero su mantenimiento exige una gestión sobria. Reducir los costos de transacción política este año no es solo una meta administrativa, es un imperativo ético para fortalecer el contrato social entre el Estado y sus ciudadanos.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas de los grupos de investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y Microeconomía Aplicada de la misma universidad.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
