En Colombia los ciudadanos suelen votar más movidos por emociones, identidades, temores o esperanzas que por las propuestas concretas de quienes aspiran a gobernar. Las redes sociales amplifican emociones, las discusiones se concentran en polémicas coyunturales y los programas de gobierno ocupan un lugar marginal. Aun así, existe un sector de electores que quiere votar informado y considera importante conocer qué proponen los candidatos para el país.
La educación superior y, en particular, la universidad pública, es uno de esos temas que merece una discusión más profunda. Aunque no ocupa los primeros lugares de la agenda electoral, su importancia para Colombia es enorme. Para miles de jóvenes representa la posibilidad de construir un proyecto de vida distinto al de sus padres y acceder a mejores oportunidades. Para el país constituye una herramienta fundamental para aumentar la productividad, generar innovación y fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas.
Las universidades públicas ocupan un lugar central dentro de ese propósito. Universidades como la Nacional, la de Antioquia o la del Valle han permitido que generaciones enteras de estudiantes provenientes de hogares de ingresos medios y bajos accedan a educación de calidad. También han contribuido a la investigación científica, la innovación tecnológica y la formación de capacidades institucionales para el Estado y la sociedad.
Por esta razón, resulta importante revisar qué proponen los dos candidatos que disputan la Presidencia. Las diferencias entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella van mucho más allá de programas sectoriales. Detrás de sus propuestas aparecen dos formas distintas de entender el papel del Estado, la función de la educación superior y el lugar que debe ocupar la universidad pública en el desarrollo nacional. En lo fundamental, se trata de dos modelos distintos de país.
La propuesta de Iván Cepeda se encuentra asociada a una visión de ampliación de derechos sociales, fortalecimiento de la acción estatal y expansión de los servicios públicos. En materia educativa plantea profundizar la gratuidad, ampliar la cobertura de la educación superior pública y fortalecer la presencia universitaria en regiones históricamente excluidas. Su propuesta parte de la idea de que el acceso a la educación superior y al conocimiento constituye un derecho.
Uno de los énfasis más visibles de Cepeda consiste en llevar la universidad a los territorios. Su programa plantea fortalecer la presencia de instituciones de educación superior en zonas rurales, municipios apartados y regiones afectadas por la violencia. La universidad pública aparece como una herramienta de democratización social, construcción de ciudadanía y fortalecimiento institucional, capaz de acercar oportunidades educativas a lugares donde históricamente han sido escasas.
En esta visión, la universidad pública cumple una función que trasciende la formación profesional. Ella debe contribuir a reducir desigualdades, cerrar brechas regionales y producir conocimiento orientado a resolver problemas sociales. La educación superior pública es concebida como un motor de transformación social y una herramienta para ampliar oportunidades en los sectores más vulnerables de la población.
La visión de Abelardo de la Espriella frente a la educación superior pública es diferente. Su programa se encuentra articulado alrededor de la reducción del tamaño del Estado, la austeridad administrativa, la promoción de la iniciativa privada, la reducción del gasto público y el crecimiento económico impulsado por el mercado. En materia educativa, ha puesto mayor énfasis en la formación para el trabajo, las competencias tecnológicas, el emprendimiento y la conexión entre educación y productividad.
Su propuesta busca que más jóvenes accedan a procesos de formación técnica y tecnológica que les permitan incorporarse rápidamente al mercado laboral. La educación superior aparece concebida como una herramienta para aumentar la competitividad y responder a las necesidades productivas de la economía. La prioridad parece encontrarse menos en la expansión de la universidad pública tradicional.
Ante estas dos visiones las diferencias son evidentes, pero al revisar el papel que ocupa la universidad pública dentro de cada proyecto el contraste es mayor. Mientras Cepeda la concibe como un derecho que requiere respaldo estatal permanente, De la Espriella parece entenderla dentro de una lógica donde las universidades deben avanzar hacia mayores niveles de autosostenibilidad financiera, eficiencia y articulación con el sector privado. Allí emerge una diferencia fundamental sobre quién debe asumir la responsabilidad principal de financiar la educación superior.
Sin embargo, una mayor participación del Estado en la financiación de la educación superior no exime a las universidades públicas de asumir sus propios desafíos. Estas instituciones también deben fortalecer su capacidad para generar recursos mediante programas de extensión, educación continua y formación a lo largo de la vida.
Igualmente, resulta necesario discutir la pertinencia de la oferta académica, revisar la creación y permanencia de programas técnicos, tecnológicos y profesionales, y administrar de manera eficiente los recursos públicos. El fortalecimiento de la universidad pública depende tanto de una financiación adecuada como de una gestión responsable y orientada a las necesidades de la sociedad.
Pero reconocer estas responsabilidades institucionales no elimina el papel fundamental del Estado en el financiamiento de la educación superior. La universidad pública colombiana necesita inversión estatal para fortalecer su presencia regional, acercarse más a las necesidades productivas del país y responder a los desafíos tecnológicos del siglo XXI. Pero, antes que cualquier otra cosa, necesita garantizar su sostenibilidad financiera. Allí aparece la principal diferencia entre ambos proyectos.
Mientras Cepeda propone ampliar la presencia del Estado para fortalecer la educación superior como derecho, De la Espriella apuesta por reducirlo y trasladar mayores responsabilidades al mercado. El debate, entonces, no es únicamente sobre educación. También es una discusión sobre el papel que tendrá el Estado en la construcción del conocimiento y las oportunidades en Colombia.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
