Es renuente, de nuevo, volver a la misma frase en cada jornada electoral: “Las encuestas fueron las grandes perdedoras”. La dice Margarita ‘la Paca’ Zuleta en cada análisis electoral en el que se encuentra en Caracol Televisión y la repiten en las redes sociales, al menos, desde los últimos 15 a 20 años, y es que hacer encuestas es un arte, uno al que muy pocos se acercan con la técnica adecuada. Pero no debemos asombrarnos con los resultados de las encuestas. Casi siempre se equivocan, y la mayoría de las veces lo que termina primando en sus análisis es qué tanto se acercaron a la foto final de los votantes y de los resultados cuando se termina el preconteo, pero ninguna encuesta en sí termina prediciendo con exactitud los resultados electorales, menos en escenarios de gran incertidumbre donde cualquier factor puede inclinar el voto incluso en la misma jornada de los comicios.
También suelen surgir muchas explicaciones para entender por qué las encuestas, al final, terminaron fallando en sus pronósticos y proyecciones. En su mayoría, el argumento (que, de hecho, es verdad) es que las encuestas no miden escenarios hacia el futuro, sino que toman una fotografía del presente, tantean el estado de cosas en general frente a preferencias electorales en un momento determinado, y las proyecciones se realizan ponderando esas encuestas en el tiempo para observar tendencias. Pero, si las encuestas son fotografías y miden momentos específicos de las campañas electorales ¿por qué muchas veces no son capaces de observar en esas mediciones fenómenos emergentes que luego serán determinantes en las elecciones?
Esa es la pregunta que queda abierta cuando se observa que Abelardo de la Espriella, en un giro dramático de la jornada del pasado 31 de mayo de 2026, ganó la primera vuelta con un 43,74 %, algo más de 10.361.499 de los votos a nivel nacional, arrebatándole prácticamente todas las bases políticas y electorales a Paloma Valencia y al uribismo. ¿Está en la forma de recolectar los datos y medir las encuestas el error?, ¿o las encuestas no tienen la capacidad de medir estos factores dentro de sus metodologías?
—Primera Escena: entran Angélica Lozano, Clara López y Paloma Valencia a un bar… con una nueva Ley de Encuestas
Para tratar de resolver esta pregunta, primero hay que entender que en Colombia las encuestas ya no se miden igual que antes. En procesos electorales previos (específicamente de 2023 hacia atrás) cada encuestadora tenía sus propios criterios metodológicos para hacer sus mediciones y publicar sus resultados. En este apartado (que suele aparecer en la ficha técnica) las encuestadoras suelen señalar cómo recolectaron los datos, en qué sectores de la población, cómo segmentaron la muestra para que refleje de la manera más realista posible la población del país, a cuántas personas buscaron y qué características tienen. En muchos casos, los tamaños muestrales variaban muchísimo entre sí, igual que el margen de error de cada una de estas muestras y la sub o sobrerrepresentación de sectores de la población, lo que terminaba induciendo a sesgos en cada una.
A finales de 2024, y en medio del bloqueo político parcial entre el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso de la República, una iniciativa se movió de manera silenciosa por los pasillos del Capitolio Nacional. Una ley de encuestas que, entre otras cosas, buscaba en su espíritu unificar los criterios básicos con los que las encuestadoras miden la intención de voto y la favorabilidad en la opinión pública, al mismo tiempo que aumentan sus tamaños muestrales para acercarse muchísimo más a escenarios de la realidad, del mismo modo que pone límites a la medición de intención de voto a tres meses previos a la inscripción de candidatos a comicios nacionales o regionales. Además, la ley de encuestas exige la entrega de bases de datos anonimizadas al Consejo Nacional Electoral, y le da dientes a esa corporación para sancionar a las encuestadoras que incumplan con la normativa.
La ley se aprobó en julio de 2025 y entró a operar en el segundo semestre de ese año, generando un fuerte disenso entre la mayoría de las casas encuestadoras, que no tardaron en reaccionar ante la misma. Ya el 9 de julio de 2025 César Caballero, una de las figuras más relevantes en el mundo de las encuestas, reaccionó señalando que nunca había tenido conocimiento de este proyecto de ley, al que luego otros directores comenzaron a llamar como “ley mordaza”. Especialmente porque para esa fecha, la mayoría de las encuestadoras estaban realizando mediciones sobre las precandidaturas a la Presidencia de la República que, tras sancionada la ley, debieron detenerse hasta el 31 de octubre de 2025, cuando las encuestadoras renovaron su actividad.
De hecho, la ley había sido aprobada casi por consenso en cada una de sus fases en el Congreso de la República. En el Senado, Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde; Clara López, del Pacto Histórico y Paloma Valencia, del Centro Democrático, fueron ponentes del proyecto y lograron consensos para la aprobación de este en esa corporación entre la mayoría de los partidos, aduciendo que mejoraría las capacidades de medición de la opinión pública. En las discusiones técnicas del mismo estuvo involucrada Hanwen Zhang, la doctora y docente en Estadística de la Universidad Nacional, que había tomado relevancia en esos últimos meses por los análisis técnicos de las encuestas y sondeos de opinión, y a quienes los opositores de este proyecto culpabilizan por imponer criterios imposibles de cumplir, según sus propias declaraciones en medios y redes sociales.
De hecho, la mayoría de las encuestadoras se han quejado de que la Ley de Encuestas ha generado mayores ambigüedades que certezas. Hablan de que la ley no es específica frente a lo que se refiere como “figuras notorias” y como cada encuestadora debe definir ese criterio para, por ejemplo, medir un universo amplio de candidatos. También indican que existe confusiones frente al margen de error y la determinación de la muestra, en tanto cada pregunta tiene su propio margen ante el escenario de que las personas pueden no responderlas todas o tener preferencia solo por una opción entre las disponibles para responder.
De allí parte que, para este ciclo electoral, dos firmas encuestadoras hayan decidido no publicar (Cifras y Conceptos; GAD3), una de ellas se encuentre en estos momentos bajo investigación del CNE por haber roto la ley al hacer sondeos de opinión (que, conceptualmente y según la ley, son diferentes a las encuestas), y otras cuatro sigan firmes, pero con frecuentes problemas metodológicos entre cada medición.
—Segunda escena: hay cosas que siempre se quedan por fuera de las encuestas, que terminan siendo determinantes en una elección
Sabiendo que ya venimos con las discusiones técnicas y los debates sobre el efecto de la Ley de Encuestas, hay que interpretar las mediciones de los últimos seis meses a la luz de estos problemas para entender que, quizás el tema no sea la ley en sí misma, sino que el problema radica en que las mismas encuestas no tienen la capacidad de medir la totalidad de factores que motivan el voto.
De hecho, en la Ciencia Política autores como Robert Dahl y Harold Lasswell ya habían hablado de que la motivación de los votantes para elegir dependía en realidad de las emociones y la psicología del votante, así como de la capacidad de emitir un voto informado. Ese cálculo, en muchos casos, es imposible de medir, en parte porque la decisión (racional o irracional) para elegir a un candidato sobre otro depende de motivos privados que se escapan a la medición, o que terminan subrepresentándose en estas encuestas.
Esto pasa con lo que se llamó el “voto útil” y el sesgo de deseabilidad social. Cuando se realizan encuestas, la modalidad termina importando para saber con qué grado de sinceridad puede responder cada una de las personas cuestionadas en el proceso. Las modalidades presenciales y telefónicas tienen un problema de fondo, y es que pueden hacer que un elector que perciba que la decisión que ha tomado a nivel electoral puede ser juzgada socialmente, decida “encubrirla” autocensurándose y eligiendo una opción mucho más aceptable, pero cercana a su postura político-ideológica o a su decisión final.
Esto sirve para explicar cómo Atlas Intel, a pesar del cuestionamiento que tiene sobre su metodología y relaciones presuntas con la campaña del candidato Abelardo de la Espriella (cosa que la tiene con un proceso abierto de investigación en el CNE), pudo atinar de la forma más cercana posible al resultado de primera vuelta.
En ese escenario, Atlas Intel habló de un empate técnico entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, con una ligera ventaja del candidato progresista por 1,4 %, y con Paloma Valencia en una tercería con el 14,3 % de la intención de voto. Lo logró porque, en parte, justificó su metodología online al señalar que, al no haber presión social para responder, su encuesta podía captar muchísimo mejor las preferencias de los votantes, que se expresarían de una forma mucho más libre que ante un encuestador presencial o telefónico. Esto es un problema, porque la mayoría de las encuestas con mejores criterios de valoración son las encuestas presenciales, pero si se entra a ponderar casi con el mismo nivel de confianza las encuestas online, el problema es que en ellas el muestreo ya no es aleatorio, sino que termina siendo sesgado por el acceso a internet y la voluntad del encuestado de ingresar o no al formulario, no a criterios técnicos de muestreo.
Frente al “voto útil”, el argumento es sencillo. Los analistas que apoyan esta tesis señalan que Abelardo de la Espriella logró capturar el voto antipetrista, apalancándose en el crecimiento meteórico que tuvo en las encuestas en la última semana de su publicación, lo que generó un efecto “vagón de tren” que terminó por transferir el voto útil desde Paloma Valencia, la candidata del uribismo, hacia él.
Sin embargo, esta postura tiene un problema fundamental, y es que, al igual que el sesgo de deseabilidad social, es muy difícil captar el voto útil en las encuestas. Primero, porque no existe una forma de calcular la transferencia de votaciones en un escenario donde el crecimiento lleve irremediablemente a que un candidato se imponga sobre otro. También porque, en cierto sentido, incluso en los escenarios de fuga de votantes, las cifras de Paloma Valencia se encontraban cercanas al 12 % de la intención de voto, lo que significaba que, según estas mediciones, Paloma tendría la capacidad de retener una buena parte del votante uribista que es fiel a su partido y de contener en su caudal las cifras que había obtenido la Consulta por Colombia, en la que fue elegida candidata el pasado 8 de marzo.
Como en Colombia está prohibido por ley realizar encuestas “a boca de urna” (es decir, mediciones en el momento exacto en el que los votantes salen de su puesto de votación), es imposible saber qué tanto el voto varía entre la última encuesta (que, por ley, debe publicarse hasta una semana antes de las elecciones) y el mismo día de la elección, por lo que rastrear una desbandada como la que ocurrió con los votantes uribistas que terminaron respaldando a Abelardo de la Espriella es casi imposible.
Como decíamos al principio, las encuestas son fotografías del momento. Si la decisión de la base electoral uribista fue apoyar a De la Espriella ante una caída en las encuestas de Paloma Valencia, entonces esa decisión debió tomarse en los días y horas previos a la elección, y la última foto no iba a mostrar ese efecto.
Es por ello por lo que, al final, ningún analista logró prever qué iba a suceder con estas elecciones. La mayoría atinó al resultado de Cepeda, con base en que conservó la base electoral de Gustavo Petro. En esta jornada, Cepeda logró aumentar en 1.160.000 votos el caudal electoral del progresismo, aunque se quedó con un porcentaje muy similar al que sacó el hoy presidente de salida en 2022 (40,04 %), pero ninguno observó que Paloma Valencia tendría una votación que llegaría al 6,9 % (1.639.685 votos), ni que Fajardo superaría con creces a Claudia López por la disputa de los centros políticos (1.009.073 vs. 225.517 votos).
—Tercera escena: ¿es posible que las encuestas mejoren para la segunda vuelta?
Es claro que la Ley de Encuestas entrará en una profunda revisión en el próximo Congreso que se posesionará el 20 de julio de 2026. De hecho, la ley sigue bajo revisión de la Corte Constitucional y los partidos políticos se han abierto a flexibilizar los criterios técnicos y las definiciones de esta. No obstante, es un escenario futuro, distante de lo que nos atañe hoy, que es la segunda vuelta en Colombia.
Para esta segunda parte del ciclo electoral, ya Atlas Intel publicó su primera medición, el 2 de junio, indicando que Abelardo de la Espriella tiene una ventaja de 8 puntos porcentuales por encima de Iván Cepeda, habiendo subido solo un 0,3 % de intención entre la última medición, previa a la primera vuelta, y dos días después de esa jornada. Cepeda creció de manera tímida, con un 1,3 %.
En este ciclo, muchos factores inciden más allá de las sumatorias que hacen cada candidato con los votos de los derrotados. De hecho, en un escenario similar, Gustavo Petro logró derrotar a Rodolfo Hernández en 2022 con una diferencia del 3,13 %, habiendo crecido principalmente en nuevos sectores del electorado que ingresaron ante el aumento de la participación entre ambas vueltas del 3,1 %, y que seguramente terminaron siendo determinantes para Petro. En este caso, puede ser similar para Cepeda o De la Espriella.
Pero, como habíamos señalado previamente, parte de la motivación de los votantes por elegir a cualquiera de los dos candidatos se va a quedar por fuera de las mediciones de las encuestas, más cuando este ciclo electoral se ha polarizado a un nivel altísimo, y cuando lo determinante para la decisión de los electores está girando sobre emociones y afectos que los movilizan. De hecho, en esta segunda parte se agudiza la prevalencia de las narrativas míticas y fundacionales por encima del “voto útil”. Del mismo modo, el sesgo de deseabilidad social se reduce ante dos candidatos (aunque puede tender a ir al voto en blanco o negarse a responder, si sigue generando costos morales elegir a un candidato sobre el otro), por lo que, al menos, debería captarse muchísimo mejor las preferencias individuales.
Por ahora, queda claro que, incluso con una nueva ley de regulación, las encuestas cometen sus errores porque implícitamente es complejo medir todos los factores que inciden en una elección, aunque siguen siendo la herramienta principal para analizar los ciclos electorales de forma cuantitativa. Queda por ver si una futura reestructuración de la ley reduce el ruido, aun sabiendo que, en este caso, sigue prevaleciendo el principio de incertidumbre.
