Por: Redacción Pares
Fotos tomadas de: bloomberg y El Nacional
En el último informe de la fundación de estudios InSight Crime, lanzado el 31 de enero, se revela que Venezuela se ha consolidado como un refugio predilecto tanto para la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como para los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según el observatorio de crimen organizado de Venezuela, la evolución del crimen en el país ha alcanzado niveles extremos, configurando un Estado híbrido donde la línea entre la gobernanza y la criminalidad se vuelve difusa.
El informe destaca que el ELN ha expandido su presencia más allá de sus bastiones fronterizos, especialmente en la región productora de oro del estado de Bolívar. Jeremy McDermott, co-director de InSight Crime, señala que el régimen de Maduro ha permitido que el ELN tome el control de numerosas minas de oro artesanal, evidenciando una estrecha relación entre el Gobierno venezolano y grupos armados ilegales.
Grupos como el ELN y las disidencias de las FARC han arraigado en estados fronterizos como Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, contando, según el observatorio, con la complacencia del Gobierno de Nicolás Maduro. Ligia Bolívar, coordinadora general de alerta Venezuela, sostiene que la presencia de estos grupos no tendrá solución efectiva mientras Maduro permanezca en el poder, destacando un conflicto de intereses claro en la búsqueda de una Paz Total.
Marino Alvarado, Coordinador del Programa de Exigibilidad de Provea, explicó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la presencia de grupos armados ilegales en Venezuela se remonta, al menos, a la década de los 80 del siglo pasado, destacando principalmente la presencia de las FARC y el ELN. Estas dos organizaciones mantuvieron durante mucho tiempo una presencia destacada en el estado Apure venezolano y, eventualmente, en el estado Zulia. Sin embargo, la situación ha experimentado cambios significativos en los últimos 7 u 8 años.
En la actualidad, como se mencionó anteriormente, grupos irregulares se encuentran presentes en los estados Amazonas, Bolívar, Apure, Táchira y Zulia. En estos estados, se registra la presencia del ELN y las dos fracciones disidentes de las FARC. Es importante señalar que, durante décadas, especialmente en el estado Táchira, grupos paramilitares ejercieron una amplia influencia, lo que limitaba la presencia activa de la FARC y el ELN en ese territorio. No obstante, en los últimos 5 años, el ELN ha desplazado a los grupos paramilitares en el estado Táchira.
La diferencia esencial en cuanto a la ubicación geográfica de los grupos irregulares entre el pasado y el presente radica, según Alvarado, en la expansión de su presencia en territorio venezolano. Esta expansión ha afectado significativamente a los estados Bolívar y Amazonas, donde poblaciones indígenas se ven obligadas a desplazarse debido a la ocupación de parte de su territorio por estos grupos irregulares. El propósito de esta expansión parece estar vinculado a la práctica de la minería, facilitación del contrabando y, aparentemente, actividades relacionadas con el narcotráfico. Aunque las informaciones sobre este último aspecto no son muy precisas, en el estado Apure se ha constatado una prolongada participación de estos grupos irregulares en el narcotráfico.
El informe de InSight Crime pone de manifiesto que el crimen organizado en Venezuela ha progresado de manera alarmante, alcanzando niveles extremos donde la distinción entre las autoridades y los criminales resulta casi imperceptible.
En julio de 2023, InSight Crime denunció una estrecha relación entre el Gobierno venezolano y diversos grupos al margen de la ley, incluyendo el Tren de Aragua, las guerrillas de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) y el ELN. Testimonios de integrantes del Gobierno, exmilitares y funcionarios públicos señalan una presunta alianza que realiza operativos conjuntos y utiliza grupos paramilitares para reprimir protestas populares.
Las pruebas presentadas incluyen irregularidades durante las elecciones municipales en Táchira en 2021, donde el Ejército limitó la participación de votantes, retiró testigos electorales y encerró a trabajadores de los centros de votación. Además, se destaca que narcotraficantes financian obras públicas, mientras colectivos criminales administran servicios públicos y coordinan traslados de personas condenadas.
InSight Crime advierte que el ELN, con un pie de fuerza de hasta 5.000 integrantes, se ha convertido en el actor criminal más poderoso en la región fronteriza entre Venezuela y Colombia. Su presencia en 19 de los 20 municipios fronterizos le confiere un papel crucial en el control de corredores transfronterizos para el tráfico de drogas, contrabando y migrantes.
Según Marino Alvarado, se observa una diferencia en la actuación del Estado en el pasado, particularmente con los Gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Estos se caracterizaron por enfrentar a grupos irregulares mediante políticas que implicaron graves violaciones a los derechos humanos, afectando principalmente a la población fronteriza del Estado Apure. En ese contexto de represión, ocurrió el 29 de octubre de 1988 la masacre del Amparo, donde 14 pescadores fueron asesinados como parte de un falso positivo para presentarlos como guerrilleros y difundir que se estaba teniendo éxito en la lucha contra la guerrilla colombiana en territorio venezolano.
Con la llegada de Hugo Chávez al poder, se estableció una suerte de acuerdo de no agresión con estas fuerzas irregulares, tolerando su presencia en territorio venezolano. Esto permitió su expansión, incluso hasta el estado Barinas, ingresando por el estado Apure, así como su presencia en el estado Zulia, desplazando gradualmente a los grupos paramilitares en el estado Táchira. Con Nicolás Maduro, esta presencia se ha incrementado, facilitando el desarrollo de actividades vinculadas a la minería ilegal y otras prácticas delictivas en los Estados Bolívar y Amazonas. La complacencia de autoridades municipales, estatales y nacionales vinculadas al gobierno ha favorecido la creciente presencia de estos grupos en el territorio venezolano y el aumento de sus actividades.
Alvarado también destaca que estos grupos, además de ser tolerados, son utilizados para fines que benefician al gobierno venezolano. Un ejemplo actual se da en el estado Táchira, donde en alianza con las autoridades locales, se ha confiado al ELN, junto con los denominados colectivos revolucionarios de Venezuela, las labores de seguridad ciudadana contra la delincuencia común. Esto ha resultado en situaciones documentadas de detenciones de presuntos delincuentes por parte de estos grupos irregulares, que terminan en ejecuciones extrajudiciales. En 2023, se documentaron al menos dos casos, publicados en la página web de Lupa por la Vida, el proyecto conjunto de la Fundación Centro Gumilla con PROVEA.
Marino Alvarado también menciona que una de las mayores preocupaciones radica en el impacto de estos grupos irregulares en la población indígena de los Estados Bolívar y Amazonas, así como en una región geográfica del estado Zulia habitada por los Yukpas y otras comunidades indígenas. Esta afectación es múltiple, generando la obligación de convivencia de los pueblos indígenas con estos grupos que invaden sus territorios. Cuando esta convivencia se torna conflictiva, se produce el desplazamiento interno de las poblaciones indígenas. Esto también perjudica en términos culturales, introduciendo elementos ajenos a su cultura, como la imposición por la fuerza de un grupo sobre otro, incluso recurriendo al uso de armas, o incorporando a la población indígena en actividades ilegales realizadas por los grupos guerrilleros.
La política de "Paz Total" del presidente Gustavo Petro en Colombia, que busca poner fin al conflicto armado, tiene una relevancia inmensa para Venezuela, ya que el ELN es uno de los principales actores en esta iniciativa. Sin embargo, las facciones militares del ELN en Venezuela crecen y se benefician de la connivencia con elementos estatales locales.
Para el 2024, Alvarado explica que grupos irregulares, operando con la complacencia del
Gobierno de Maduro, podrían ser utilizados con fines políticos electorales en dos vertientes. Por un lado, se buscaría intimidar a la población que podría simpatizar con una opción distinta al actual Gobierno, hostigando e incluso llevando a cabo actos violentos contra líderes políticos en municipios con capacidad de movilizar a favor de una alternativa electoral. Por otro lado, se podría emplear para realizar proselitismo político a favor de la candidatura de Nicolás Maduro, con un porcentaje de coacción destinado a forzar a la población a votar por la opción del gobierno debido al temor a represalias. Estos mismos grupos ya han actuado en ambas direcciones durante elecciones pasadas, como ocurrió en 2015 y 2018.
En cuanto al crimen organizado, Marino Alvarado menciona que es crucial abordar al menos seis aspectos fundamentales. Algunos de ellos son estructurales, persistiendo desde hace aproximadamente 40 años, mientras que otros son más recientes, tal vez de los últimos 15 años. Alvarado destaca tres aspectos estructurales:
1) La estrecha vinculación entre la delincuencia y funcionarios policiales, presente durante al menos 40 años. La participación de estos funcionarios en actividades delictivas ha permitido la consolidación de grupos criminales, su participación en diversos delitos y la adquisición de un considerable arsenal.
2) La impunidad, como problema estructural, brinda confianza a la delincuencia organizada. La infiltración en instituciones como la fiscalía, jueces penales, altos jefes policiales y niveles gubernamentales superiores dificulta que la justicia alcance a estos grupos. Además, políticas erróneas permitieron el control absoluto de las principales cárceles por parte de la delincuencia organizada, convirtiéndolas en centros para la planificación y control del delito.
3) La política de mano dura contra la delincuencia, que ha fracasado repetidamente, ha resultado en un alto número de víctimas sin abordar las causas fundamentales del delito.
Existen aspectos más coyunturales relacionados con la tolerancia estatal hacia mega bandas involucradas en delitos como narcotráfico, tráfico de metales preciosos y contrabando. Además, algunas políticas de negociación con estos grupos, con el propósito de reducir los índices de homicidios, han llevado a la pérdida de control por parte del Gobierno, como se evidenció en las zonas de paz.
Marino Alvarado subraya la necesidad de implementar políticas diseñadas en el plan "A Toda Vida Venezuela", enfocadas en seguridad ciudadana con perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, destaca la negativa del Gobierno de Maduro a ejecutarlas, prefiriendo una política tradicional de mano dura. Sugiere investigar a la cúpula de al menos dos organismos policiales y uno militar para abordar la participación policial en la acción delictiva, considerando la alta responsabilidad de dichas cúpulas en la tolerancia y complacencia frente a hechos delictivos.