Por: Línea Paz Territorial y Derechos Humanos
Aunque luego de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016 se vio una disminución significativa del fenómeno del secuestro, a partir de 2019 se ha registrado un incremento sustancial en sus cifras, que para el 2020 fue del 75% (92 casos en 2019 vs. 162 casos en 2020), según datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO).
Este aumento está directamente relacionado con la ploriferación de Grupos Armados Organizados y Grupos de Delincuencia Organizada (GAO y GDO) que se dio durante 2020 en el gobierno Duque, producto de la pandemia y de la desatención del gobierno frente a los territorios anteriormente controlados por las extintas FARC-EP -recordemos que según nuestros cálculos, Colombia pasó de tener 18 grupos armados en 2018 a 43 en 2022-. Esto, sumado a la caída del precio de la coca que se siente en algunos territorios del país y el aumento del costo de los insumos, podría haber llevado a los grupos armados y delincuenciales a ver el secuestro como una fuente de renta rápida y a bajo costo[1].
Según el SIEDCO, la cifra de secuestros en 2021 fue de 160, 2 menos que en 2020; pero en 2022 aumentó de nuevo, sumando 223 casos; y creció dramáticamente en 2023, sumando 287 casos hasta octubre. A fecha de diciembre, es muy posible que el año cierre con el pico más alto desde el año 2016.
Muchos se preguntarán cuál ha sido el impacto de la política de Paz Total del gobierno Petro -que arrancó en agosto de 2022- sobre este delito, frente a lo que hay que decir que las negociaciones con GAO y con la guerrilla del ELN no han tenido efectos positivos en la reducción de la práctica. Entre agosto 2022 (fecha de inicio del gobierno Petro) y octubre de 2023, se registran 411 eventos de secuestro según el SIEDCO de la Policía Nacional.
Sin embargo, es fundamental resaltar que así como el delito del secuestro no ha disminuido con la política de Paz Total, no son los grupos con los que el gobierno mantiene actualmente negociaciones políticas los que más secuestran, como pareciera ser producto del ambiente mediático y de opinión. De hecho, según datos de la JEP, en el 60% los casos de secuestro que registran entre agosto de 2022 y octubre de 2023 no se conoce el presunto perpetrador, al ELN le corresponden el 11% de los casos y a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) el 10%.
Si atendemos la distribución geográfica de este flagelo encontramos que entre agosto de 2022 y octubre de 2023 los municipios más impactados por casos de secuestro son: Bogotá (24%), Cali (23%), Cúcuta (21%), Medellín (20%) y Buenaventura (12%). Esto lo que demuestra es que el secuestro es un delito que afecta principalmente a las grandes capitales, es decir, en donde operan generalmente bandas criminales asociadas a la delincuencia común, las cuales emplean el secuestro extorsivo como una fuente preeminente de ingresos y financiamiento.
Esto significa que si hoy en día el ELN devolviera todas las personas secuestradas que se encuentran en su poder, la tendencia de este delito muy seguramente continuaría al alza, dado que no es el único ni el principal actor involucrado. Pero el hecho de que la disminución del secuestro no dependa del compromiso de los actores armados en las mesas de diálogo, no quiere decir que no se requieran acciones inmediatas del Gobierno y la Fuerza Pública que empiecen por contar con mejor y más información, campañas de prevención y reducción de la impunidad.
Le invitamos a leer nuestro informe completo sobre secuestro:
[1] Podría decirse algo similar de la extorsión, cuyas cifras también están al alza en el país.