Por: Jairo Alexander Castaño. Investigador regional Oficina Regional Pares-Pacífico.
El reciente asesinato de George Floyd, un hombre negro de 46 años de edad que murió asfixiado por un policía blanco en plena vía pública de Minneapolis en los Estados Unidos, se suma a la larga lista de asesinatos por parte de cuerpos policiales contra personas negras en países como Brasil (incluidos niños y niñas), Haití, República Dominicana y Colombia.
En el municipio de Puerto Tejada en el Norte del Cauca se denuncia desde hace una semana que Anderson Arboleda, un joven negro de 21 años, murió en una clínica tras recibir varios golpes en la cabeza con el ‘bolillo’ en medio de un procedimiento de la policía frente a su casa en días de cuarentena.
Estas muertes ponen en evidencia los prejuicios que orientan la acción de las fuerzas de policía como rezago de una estructura social colonial esclavista en el continente americano: el uso de la violencia física letal directa aplicada contra los cuerpos negros constituye una práctica racista heredada y reproducida por los estados modernos en la actualidad.
De acuerdo con cifras de Goodman y Moynihan sobre homicidios entre 2017 y 2020 en los Estados Unidos, los afroestadounidenses tienen el doble de posibilidades de ser asesinados por la policía en comparación con los blancos.
Desigualdades y desventajas
Otra forma de observar la presencia del racismo y de prácticas institucionales racistas en el presente latinoamericano y mundial, tiene que ver con la combinación entre desigualdad e indicadores socioeconómicos y de calidad de vida negativos para la población negra. Además, la pandemia del COVID-19 parece estar tomando color de piel con un impacto enorme sobre las poblaciones afrodescendientes en los EE. UU en términos de contagio y tasa de letalidad.
Estas desventajas acumuladas dejan expuestas las desigualdades y evidencian un riesgo que se puede reflejar en los territorios de mayorías afrodescendientes y en las ciudades donde vive la gente negra en Colombia. Foto: Pares.
Las favelas en Rio de Janeiro, los “Guetos” en las grandes ciudades norteamericanas y los barrios populares del distrito de Aguablanca en Cali y Buenaventura, son ejemplos actuales de contextos que presentan condiciones de vida precarias, crimen, desempleo, violencia, ausencia institucional y procesos de segregación residencial urbana, al tiempo que son lugares donde se concentra o sobre representa la población negra o afrodescendiente.
Según los datos a la fecha del COVID-19 en el país, las ciudades donde está la gente negra en Colombia son donde más están creciendo los contagios.
En Cartagena, Tumaco, Barranquilla, Cali y Buenaventura, donde habitan una tercera parte de los afrodescendientes de Colombia, el nuevo coronavirus está fuera de control y cuentan con una capacidad reducida en respuesta hospitalaria. Aunque apenas equivalen al 10,2 % de la población, concentran el 30,1 % de todos los casos positivos de COVID-19 y cuatro de cada diez muertes del país ocurren en alguna de estas ciudades.
Racismo institucional/estructural en el Pacífico
Basándose en resultados estadísticos y estudios socio-históricos sobre las grandes desigualdades y exclusiones que enfrenta la población negra en Colombia (predominantemente urbana).
Investigadoras como Mara Viveros de la Universidad Nacional, Fernando Urrea y Carlos Viáfara de la Universidad del Valle y Edward Telles de la Universidad de Princeton, plantean la existencia en Colombia de una estructura social pigmentocrática articulada a una ideología de “blanqueamiento” (disfrazada de mestizaje) de la población, y en la que las personas de piel más clara se ubican en la cima de la pirámide y las personas de pieles más oscuras en la base.
Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en los resultados sobre pobreza medida por el Índice de Pobreza Multidimensional -IPM- con base en los resultados del último censo de población realizado por el Dane en el 2018.
Aunque este censo presenta una tasa de omisión muy alta que afecta la calidad de los datos a nivel regional y que según lo denuncia el Proceso de Comunidades Negras (PCN) dejó por fuera a por lo menos un millón y medio de afrodescendientes, se encuentran resultados coincidentes con las tendencias reflejadas en otros estudios realizados sobre el IPM y otras encuestas especializadas que incluyen la variable de autoreconocimiento étnico/racial: el Pacífico Colombiano de mayorías afrodescendientes es una de las regiones más pobres del país.
Cuadro 1. IPM en los Municipios del Andén Pacífico. Fuente: DANE.
De acuerdo con los datos, en la mayoría de municipios del andén pacífico el porcentaje de IPM se concentran en el rango de 50% a 75% y de 75% y más, revelando una alta vulnerabilidad de estos hogares de acuerdo con el indicador sintético de pobreza multidimensional, siendo el caso más grave el del municipio del Litoral de San Juan (83,1%) en el Chocó, el de López de Micay en el Cauca (81,2%) y el de Olaya y El Charco (75,9%) en Nariño. Tumaco y Buenaventura son los centros urbanos más importantes, aun así, presentan cifras alarmantes de pobreza multidimensional del 53,7 % y 41,0 % respectivamente.
Además de lo anterior, en todos estos municipios o territorios de poblaciones étnicas también se ha ensanchado con crudeza el conflicto armado, la violencia en el postconflicto y la inseguridad.
Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en los municipios de López de Micay, Guapi y Timbiquí en el pacífico Caucano, donde ocurren constantemente violaciones de derechos humanos por la presencia de varios actores armados en un escenario regional de reconfiguración del poder y de disputas por el control territorial y las rentas ilegales de la minería y la coca, en los tres municipios, PARES registra presencia del ELN, GAPF como el Frente Oliver Sinisterra, La Gente de Guacho y el Frente 30, y las AGC.
En las últimas semanas la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca (Cococauca) viene alertando sobre la alarmante crisis humanitaria que vive la gente negra por el recrudecimiento del conflicto armado en la costa pacífica del Cauca, denunciando las constantes represiones, confinamientos, desapariciones, secuestros, amenazas, intimidaciones, combates y asesinatos ocurridos a lo largo de los últimos 17 meses en los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay.
El sesgo racial y/o de color de piel del Covid-19
Otra dimensión presente del racismo estructural en Colombia comienza a manifestarse a medida que avanza la pandemia en ciudades y regiones de alta concentración de población Negra/Afrocolombiana/Raizal/Palenquera (NARP): todo indica que el COVID-19 está tomando color de piel y las ciudades de gente negra son las más afectadas por los contagios y muertes.
Tasa de contagio (casos positivos acumulados) por cada cien mil habitantes en municipios con presencia importante de población NARP, 6 de marzo a 02 de junio de 2020. Fuente: Pares-Pacífico a partir de los reportes del INS.
El gráfico presenta la tasa de casos positivos acumulados de COVID-19 por cada cien mil habitantes en un periodo de tres meses (6 marzo a 02 de junio). Como era de esperar, a medida que se fueron flexibilizando las medidas de confinamiento obligatorio general, comenzó el crecimiento sostenido del virus en Colombia y exponencial en algunas ciudades donde impactó más la reactivación de muchas de las actividades económicas y de servicios.
Todas las cinco ciudades superan de lejos el promedio nacional, en el periodo del 7 de abril al 5 de mayo Cali toma la delantera con mayor proporción de contagiados seguida de Cartagena.
En los municipios de Tumaco y Barranquilla se observa un incremento en los casos positivos en la primera semana de mayo, aunque se mantienen por debajo de la tasa de Cali. Pero es para mediados del mes de mayo cuando se disparan las cifras de contagiados en Tumaco, Cartagena y, un poco más atrás, Barranquilla, comenzando una escalada exponencial que todavía no llega a su máximo.
La situación de Buenaventura comienza a ser muy preocupante a partir del 19 de mayo cuando supera el promedio nacional con un crecimiento pronunciado de contagios en el tiempo que termina por alcanzar a Cali para el 26 de mayo. En la actualidad está a la par de Barranquilla en proporción de casos positivos por cada cien mil habitantes y presenta una tendencia de crecimiento al ritmo de ciudades como Cartagena y Tumaco.
Los datos demuestran que estos cinco territorios concentran casi una tercera parte de los casos positivos en todo el país, siendo que en términos poblacionales representan apenas el 10,2 % de la población total, lo que permite comenzar a plantear de manera indirecta que el Covid-19 tiene color de piel y es necesario que la política pública de contención y atención de la pandemia reconozca esta dimensión.
En lo concreto, el Instituto Nacional de Salud debería dar instrucciones para que sea incorporada la variable étnica/racial en los registros de la pandemia que vienen adelantando las instituciones prestadoras de servicios de salud.
Las vidas negras importan
En el marco del decenio de los y las afrodescendientes declarado por la ONU entre el 2015 y el 2024, no se puede seguir reproduciendo una necro-biopolítica entendida como un conjunto de técnicas para promover la vida y la muerte basadas en atributos que califican y distribuyen cuerpos en una jerarquía que asigna la posibilidad de reconocimiento como humano y que, por lo tanto, determina quienes deben ser eliminados y quienes deben vivir. Parafrasenado a la gran feminista y ex pantera negra Ángela Davis: “En una sociedad racista, no es suficiente con no ser racista, hay que ser antirracistas”.
Según el DANE, el Pacífico Colombiano de mayorías afrodescendientes es una de las regiones más pobres del país. Foto: Pares.
En tal sentido, es momento de plantear el debate sobre el racismo en épocas de pandemia en el que se hacen evidentes las desventajas de la población negra que es violentada por las autoridades policiales, es atendida en una precaria infraestructura en salud y con una crisis social y sanitaria que se agrava constantemente.
Estos territorios requieren de medidas especiales por parte del Gobierno como forma de tomar una actitud antirracista que no les haga pagar los platos rotos de la desigualdad, nuevamente como en el conflicto armado, a zonas afectadas históricamente por el abandono y racismo institucional/estructural.