Por: Laura Cano
Periodista Pares
Hace algunos meses se desató un escándalo por cuenta de la pérdida de $70.000 millones con los que se pretendía llevar internet a zonas alejadas del país. Esto se haría a través de una Unión Temporal, la cual debía comprometerse a garantizar todo el proceso de arquitectura, diseño, solución tecnológica, instalación y funcionamiento hasta diciembre de 2031. No obstante, Paola Herrera, periodista de La W Radio alertó que los 70.000 millones que se le habían adelantado a la Unión Temporal Centros Poblados estaban extraviados. Además, Herrera también fue la encargada de advertir la poca experiencia del consorcio y de señalar que “no fue solo una sino que fueron tres las garantías bancarias falsas que se presentaron por parte de Centros Poblados. Estas tres pólizas tienen un valor total de $145.866 millones”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.
Tras esto, se desarrollaron una serie de hechos e investigaciones, entre los que resaltan,, por ejemplo, la renuncia de Karen Abudinen como ministra de las TIC, y el proceso contra Emilio Tapia, quien estaría detrás de la empresa Unión Temporal Centros Poblados, la misma a la que el Ministerio TIC le adjudicó el contrato en cuestión.
A esto se suma que también, y desde muchos sectores, los ojos han estado encima para que se cumpla con el objeto del contrato, y que así zonas como Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, finalmente tengan una mejor cobertura del servicio.
Tras esto, los también los ojos de los organismos de control han estado puestos frente a las acciones que se están realizando para garantizar que el servicio de internet sea una realidad, sobre todo, en los territorios más apartados del país.
Así las cosas, recientemente la Procuraduría General de la Nación envió un comunicado en el que se insta al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FTIC) a realizar las acciones necesarias para garantizar la instalación y puesta en marcha los Centros Digitales ubicados en 17 departamentos del país.
Esto dado que a pesar de que las acciones del contrato están en marcha, se han presentado demoras en cuanto al cronograma que estaba establecido. Hay que señalar que este contrato se realizó con COMCEL S.A. por un valor de 1,06 billones de pesos, bajo el objetivo principal de llevar internet gratuito a los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.
Hay que señalar que son dos grupos los que se priorizaron para dar cumplimiento al contrato, pero según lo investigado por la Procuraduría “el Grupo 1B correspondiente a dieciséis coma veinticinco por ciento (16.25%) de los Centros Digitales presenta varios meses de retraso, de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido”, señaló el organismo de control.
Además, se advierte que que “en cuanto a la Meta 10 relacionada con el “Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales”, se encontró que el contratista para el Grupo 2 no ha reportado ni siquiera el 10% de los Centros Digitales de esta entrega, pactados contractualmente”.
Ahora bien, teniendo en cuenta los hechos anteriores, y el problema de conectividad que brilla en muchas zonas del país, urge que la empresa contratada acelere efectivamente las acciones para responder por los objetos por los que fue contratada, igualmente, es de vital importancia que los organismos competentes estén al tanto de este tipo de retrasos para no repetir otro capítulo del caso de Centros Poblados.