Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos
En respuesta a la matriz mediática que está girando alrededor de la idea de una crisis de seguridad nacional, la línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta suinforme Mitos y realidades de la Paz Total, con datos y tendencias sobre la violencia en Colombia desde el año 2019 hasta la actualidad, analizando las cifras de violencia homicida y otros repertorios de violencia asociados al conflicto armado, como el desplazamiento forzado, el confinamiento, los homicidios de líderes y lideresas sociales, las minas antipersona y los eventos de restricciones a la asistencia humanitaria.
Variación de homicidios
El análisis de los homicidios es uno de los indicadores básicos para medir la temperatura de la seguridad a nivel nacional. La violencia homicida viene en aumento en el país desde el año 2021, cuando se presentaron 25.530 casos, un 17% más que en el 2020 (21.870 casos). En 2022 se presentaron 25.850 homicidios, un punto porcentual más que en 2021.
Aunque la variación porcentual de homicidios de 2021 al 2022 no es alta, hay que destacar que en algunos departamentos los homicidios crecieron de manera considerable, como en el caso de Arauca, cuya variación fue del 109% (190 homicidios en 2021 y 398 en 2022). En este departamento el repertorio de violencia no sólo es incremental, sino que da cuenta de la disputa armada entre grupos armados organizados, como las disidencias de las FARC y el ELN.
En otros departamentos como Bolívar, cuya variación de homicidios 2021-2022 fue del 43% (457 casos en 2021 vs. 652 casos en 2022), el número de casos se concentra en la ciudad de Cartagena, que varió un 51% (245 casos 2021 vs. 369 casos 2022), pero esto no responde necesariamente al accionar de grupos armados organizados, sino más bien a un fenómeno de extorsión y amenazas por parte de bandas delincuenciales.
Desplazamientos forzados, reclutamiento de NNA, confinamiento y asesinato de líderes y lideresas sociales
A nivel nacional el desplazamiento forzado, medido en hechos victimizantes, y las denuncias por utilización de menores decrecieron en un 12%. Sin embargo, departamentos como Arauca y Vichada registran hechos muy por encima del promedio nacional, siendo Arauca el departamento más afectado con un incremento del 568%, lo que da cuenta nuevamente del intenso conflicto entre disidencias y ELN. En el caso de la utilización de menores, si bien hay decrecimiento en las denuncias, de acuerdo a la información de organizaciones sociales y de derechos humanos en terreno, esta situación obedece a una disminución de la denuncias debido a las diferentes barreras de acceso para interponerlas y la creciente violencia en contra de autoridades y liderazgos indígenas, que en departamentos como el Cauca son quienes más se resisten al reclutamiento forzado y a la utilización de niños, niñas y adolescentes.
La tendencia nacional del confinamiento también lleva una curva ascendente desde el año 2016 con el peor incremento del 2019 al 2020, cuando se presentó una variación del 122%. De 2020 a 2021 hubo una disminución del 29% de los casos (44.285 casos en 2020 a 31.253 en 2021), y se presentó un leve incremento a 2022 del 5% (32.688 casos).
Frente al asesinato de líderes y lideresas sociales se registra una curva similar. Un pico en 2020 con 233 casos, que cayó a 136 casos en 2021 (-39%) y que subió a 180 en 2022 (variación del 32%). Si bien comparativamente el 2022 tuvo un mejor desempeño con respecto a las cifras presentadas durante el 2020, también es evidente que la tendencia de homicidios contra líderes y lideresas sociales aumentó ostensiblemente con respecto al año inmediatamente anterior 2021.
Si analizamos cómo se distribuyó territorialmente el asesinato de líderes y lideresas podemos observar que este flagelo se presentó en al menos 29 de los 32 departamentos del país, concentrándose específicamente en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Putumayo, Arauca y Valle del Cauca. Estos seis departamentos concentran el 60% de toda la violencia contra los defensores de derechos humanos a nivel nacional. Una diferencia considerable en relación con otras zonas del país.
Sobre las acciones de la fuerza pública
Durante el 2021 y el 2022 el repertorio de acciones de la fuerza pública tuvo disminuciones pequeñas en acciones como la incautación de marihuana y minas ilegales intervenidas, que es natural en años de cambio de gobierno. Entre los resultados operativos que se incrementaron está la incautación de clorhidrato de cocaína. Respecto a los homicidios contra miembros de la fuerza pública se continuó la tendencia a la baja, registrando una disminución de seis homicidios del 2021 al 2022 y de 27 eventos de lesión.
Ceses al fuego
Aún no existen estadísticas consolidadas que permitan afirmar con certezas hasta qué punto los ceses al fuego existentes se cumplieron. Sin embargo, a partir del monitoreo de Pares se pueden observar puntos de inflexión que dan luces al respecto. Los ceses al fuego tuvieron problemas de diseño desde un inicio, en tanto al no estar acompañados de mesas de negociación instaladas, la verificación se dificultó.
Otro error de diseño que se advirtió desde la sociedad civil fue que la firma de ceses al fuego bilaterales no implicaba desescalamiento de la violencia contra civiles, en tanto una de las principales causas es la disputa violenta por el control territorial de grupos enfrentados entre sí. De esta forma, los incentivos eran completamente insuficientes.
Algunos análisis y conclusiones
Este análisis encuentra que si bien es importante atender de forma urgente la crisis de seguridad y violencia en Arauca, Chocó, Cauca, Bajo Cauca Antioqueño, y en general en todos los territorios en disputa, la matriz mediática que señala una crisis general de seguridad nacional no es acertada. Por el contrario, el país sigue con tasas de mejora en varios de sus departamentos y ciudades. De igual forma, la fuerza pública ha continuado activa, aunque es necesario recuperar credibilidad en la presencia territorial de la misma.
Desde el punto de vista de la política de paz, muchas son las recomendaciones y virajes necesarios, porque está claro que los errores de diseño, sumados a un exceso de expectativas hacia los actores armados y baja capacidad operativa del gobierno, sí han producido escenarios de violencia multi-actor que son sumamente delicados de manejar, como en el caso de Arauca, o como lo fue en el Bajo Cauca Antioqueño durante el paro minero.
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