Por: Katerin Erazo, periodista
Fotos tomadas de: El Tiempo y Radio Nacional
En un fallo sin precedentes que ha conmocionado a la sociedad santandereana, un juez penal especializado de Bucaramanga dictaminó una condena de 20 años y nueve meses de prisión para Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora de un colegio en Charalá, Santander. La sentencia, derivada de su participación en el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, quienes eran entregados a grupos paramilitares, marca, tal vez, el cierre de un oscuro capítulo en la educación y la violencia en Colombia.
Los hechos, que se remontan a los años 2001-2003, revelan una realidad aberrante en la que la educación se entrelaza con la violencia armada. Gutiérrez de Moreno fue declarada culpable de los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. Estos crímenes atroces se perpetraron en connivencia con cabecillas del frente Comunero Cacique Guanentá de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
acreditó en juicio que Gutiérrez de Moreno no solo permitió, sino que facilitó el abuso sexual sistemático de estudiantes. Entre 2001 y 2003, algunas de las jóvenes que estudiaban bajo su dirección fueron víctimas de los cabecillas paramilitares. Los testimonios de exparamilitares ante un fiscal de Justicia y Paz llevaron a la acusación, revelando que la exrectora propició el reclutamiento forzado y colaboró para que las niñas fueran sometidas sexualmente por los miembros del frente Comunero Cacique Guanentá.
La investigación también desentrañó detalles impactantes. Los estudiantes, al finalizar las clases, eran obligados a prestar guardia o patrullar en el corregimiento de Riachuelos, en Santander. La exrectora permitió que el grupo ilegal financiara bazares y reinados en los que participaban las niñas del colegio. Su casa se utilizaba para encuentros, ya que solo un muro separaba la vivienda del plantel educativo.
La Fiscalía identificó al menos dos víctimas que permanecieron encerradas durante prolongados periodos, soportando los vejámenes de los jefes paramilitares conocidos como Víctor, Carlos, Nariz, Chirrete, Silvestre y Shuster. "Los paramilitares obligaban a los menores de edad a que los acompañaran en todo momento y abusaban de ellos cuando los emborrachaban o mediante amenazas de muerte. Nunca presentaron las denuncias debido a que la población era muy pequeña y temía por su vida", indicó la Fiscalía.
José Danilo Moreno Camelo, conocido como ‘Alfonso’, desempeñó el cargo de comandante general del Frente Comuneros Cacique Guanentá desde su inicio en el año 2000 hasta su desmovilización a mediados de 2003 en el nordeste de Antioquia. Sin embargo, fue bajo la dirección de Carlos Alberto Almeida Penagos, alias ‘Víctor’, el segundo comandante militar de esta agrupación que operó en Riachuelo, cuando su subordinado William Parra Arroyave, alias ‘Diego Armando o Chuster’, jefe de la escuela de formación, se involucró en actos abusivos contra menores en colaboración con ‘Chirrete’ y ‘Silvestre’, responsables de su reclutamiento y abuso. Estos hechos han sido confirmados por varios exmiembros de las autodefensas que se han sometido a procesos judiciales bajo la ley de Justicia y Paz.
‘Chirrete’ y ‘Silvestre’, aparentemente asesinados por seguidores de ‘Víctor’, quien fue capturado en 2003 y falleció en 2005, mantenían su presencia en la escuela ubicada cerca de la finca El Cuadro, en Riachuelo. En este sombrío panorama, también figura ‘Rodrigo’, el tercer y último comandante militar y financiero del Comuneros Cacique Guanentá en la zona. Gerardo Alejandro Mateus Aceros, conocido como ‘Rodrigo’, ha afirmado en sus declaraciones durante el proceso de Justicia y Paz que, a pesar de la orden de ‘Julián Bolívar’ de no reclutar menores, cada frente manejaba la situación de manera independiente, resultando en el reclutamiento de jóvenes.
Según esta perspectiva, los menores que ingresaban al campo de entrenamiento tenían más de 15 años y lo hacían de manera voluntaria. No obstante, algunos jóvenes reintegrados a la sociedad civil sostienen que fueron seducidos por la falta de recursos económicos y educativos, y que los reclutadores obtenían información sobre sus familias, utilizando coerción en algunos casos. En agosto de 2003, ‘Rodrigo’ fue capturado y actualmente cumple condena en una prisión de Bucaramanga, proporcionando declaraciones como postulado a Justicia y Paz sobre sus acciones y víctimas.
Tras la desarticulación de este grupo delictivo, el Frente Comunero Cacique Guanentá fue trasladado a Puerto Berrío. A pesar de la percepción de que no hay más paramilitares en la zona, algunos afectados señalan que la justicia aún no ha alcanzado a quienes respaldaban sus acciones.
Las víctimas de este conflicto afirman que Parra Arroyave o ‘Chuster’ también tenía un prostíbulo en San Gil, cuyas mujeres trasladaba hasta fincas de las distintas veredas de Charalá durante las celebraciones. “Traían a ‘doctoras’ de San Gil que hacían musarañas desnudas, a las que les prendían velas sobre el cuerpo y bebían whisky. Al mismo tiempo, llevaban muchachas de Riachuelo para que aprendieran lo que ellas hacían. Mi marido decía que eran mujeres de la vida alegre”, recuerda una de las sobrevivientes de estos hechos.
El caso no solo involucra a Gutiérrez de Moreno; también se dictó condena contra José William Parra Arroyave, quien fungía como auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá. Este particular, según la acusación, auspició el reclutamiento forzoso de menores de edad. Las evidencias demostraron que Parra engañó a 23 adolescentes, entregándolos al grupo armado ilegal. Fue condenado a 24 años y dos meses de prisión por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado.
Los hallazgos de la Fiscalía sugieren que el objetivo de los paramilitares era claro: crear un nuevo frente armado ilegal con jóvenes, operando posiblemente en la frontera con Venezuela. Durante los casi cuatro años en que operó en paralelo el campo de instrucción militar con el colegio, se reclutaron al menos 214 menores de edad en Santander, siendo 70 de ellos provenientes del corregimiento de Riachuelo.
Este oscuro episodio, aunque documentado por la revista SEMANA en abril de 2016, tomó más de siete años de intensas investigaciones para finalmente obtener las pruebas necesarias y llevar a juicio a los responsables. La Fiscalía General de la Nación logró evidenciar que la exrectora del colegio Nuestra Señora del Rosario en Charalá, Santander, entregó a varios menores de edad a los paramilitares entre 2001 y 2003.
La mujer fue detenida en 2017, pero quedó en libertad semanas después debido a la falta de pruebas en ese momento. Sin embargo, ahora, el juez penal especializado de Bucaramanga emitió la condena, dispuso la captura inmediata de la sentenciada para que cumpla la pena en un establecimiento carcelario.
Sebastián Solano, coordinador de la Línea Jóvenes en Riesgo en la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), señaló que, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, hasta diciembre de 2023, un total de 9,707 niños, niñas y adolescentes se vieron afectados por su vinculación a actividades relacionadas con grupos armados en Colombia. Este preocupante panorama se presenta en medio de un cese al fuego con el ELN que concluye hoy, 5 de febrero, y el programa "Jóvenes en Paz", el cual busca prevenir y abordar el reclutamiento forzado de menores y jóvenes. No obstante, Solano subraya que este último programa avanza a un ritmo notablemente lento.
Solano destacó que, en este sexto ciclo de diálogos de paz, se espera un nuevo cese al fuego que incluya compromisos renovados entre el Gobierno Nacional y el ELN. Se anhela que acciones como el secuestro y el reclutamiento de menores queden terminantemente prohibidas.
Este oscuro capítulo en la historia de Santander y Colombia, que involucra a la educación como escenario de atrocidades, deja una cicatriz imborrable en la memoria colectiva y resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y vigilancia en el ámbito educativo para prevenir futuros abusos.