La estrategia de Uribe y su abogado Granados: demorar el juicio hasta la prescripción

Por: Redacción Pares

Este lunes 24 de febrero se reanudó el juicio contra el ex presidente Alvaro Uribe, a pesar de que su abogado, el experimentado Jaime Granados, intentó cambiar el juez. El argumento de la defensa era que el juez había actuado de manera parcializada “priorizando la celeridad sobre las garantías del acusado y negando pruebas relevantes de descargo”. Esta tutela, para Iván Cepeda, no es más que una maniobra dilatoria encaminada a buscar una posible prescripción del caso. Desde ya se empieza alertar a la justicia colombiana que si el juicio llega al 8 de octubre del 2025 el caso prescribirá, es decir, se anulará y se perderá una oportunidad única para demostrar que la justicia en Colombia no es sólo para los de ruana.

Hay que recordar que este caso empezó en el año 2012 cuando Uribe acusó ante la Corte Suprema de armar un complot contra él. Habló de una presunta compra de testigos por parte de Iván Cepeda, buscando entre paramilitares encerrados en las cárceles del país que hablaran mal contra él. Pero el mundo da vueltas. En el año 2018 el tribunal archivó la denuncia contra Cepeda y en su lugar ordenó investigar a Uribe. La base de la sospecha es una presunta maniobra para manipular testigos que hablaran en contra del senador Iván Cepeda. Juan Guillermo Monsalve es uno de los testigos claves y denunció presiones para acallarlo y hacerle cambiar de opinión. Las visitas de Diego Cadena a la Picota, están documentadas y le significaron al abogado del expresidente una condena.

El escándalo llegó al climax en agosto del 2020 cuando la Corte Suprema ordenó la detención del ex presidente. La jugada de Uribe fue renunciar a su curul en el congreso -en ese momento era senador- para ser juzgado por la Fiscalía y no de la Corte. El Fiscal era Francisco Barbosa, cercano a su pensamiento ideológico y al del entonces presidente, Iván Duque.

Entre el 2020 y el 2024, bajo la gestión de Francisco Barbosa, la Fiscalía intentó tres veces cerrar el caso. El plan de Uribe marchaba bien, o cerrar el caso o dilatar hasta el 7 de octubre del 2025, fecha en el que prescribe el caso, pero hubo una jugada del gobierno Petro que le caería realmente mal. La salida de Barbosa, y su reemplazo, Luz Adriana Arango, fue un golpetazo para el expresidente. Es que la Fiscalía lo acusó, en mayo del 2024, en los casos de soborno y fraude procesal. La llegada de Gilberto Villarreal como fiscal del caso le abrió la puerta a Uribe a algo completamente inédito en el país: que un presidente vaya a un juicio penal.

Un sector de la política está presionando para que Uribe, en una muestra de honestidad, renuncie a la preclusión y afronte la justicia como un ciudadano común y corriente. Es improbable que lo haga, señalan especialistas. Su mejor estrategia, como Trump, es de la de no retroceder, jamás rendirse.