Por: Santiago Medina, Nicolás Bohórquez
Asistentes de Investigación
El día de ayer, 17 de octubre, se vivió nuevamente en el país una jornada marcada por la violencia contra funcionarios del INPEC. En horas de la mañana, se registró el asesinato de un dragoneante que se dirigía a iniciar su turno, quien recibió varios disparos desde una motocicleta justo frente a la cárcel Modelo de Bucaramanga. Horas más tarde, un vehículo de la institución que estaba realizando un traslado, fue emboscado con disparos de fusil en la vía entre Popayán y Cali, dejando un saldo de 2 funcionarios asesinados y otros 3 heridos.
Estos no son hechos aislados, pues desde el año 2023 se ha venido alertando por parte de funcionarios y miembros de los sindicatos del INPEC las constantes amenazas y atentados de las que son víctimas, mostrando especial preocupación por la aparición de un grupo denominado MAGO (Muerte a Guardianes Opresores), encargado específicamente de atacar a los funcionarios de la institución como represalia a operativos dentro de las cárceles y traslados de cabecillas.
Esta situación llevó a que en abril de este año se declarara emergencia carcelaria a nivel nacional como respuesta a la preocupante situación de riesgo que estaban enfrentando los funcionarios del INPEC y, posteriormente, en la Alerta Temprana 014-24 de la Defensoría del Pueblo se advertía el riesgo inminente a los funcionarios de la cárcel de alta y media seguridad de Palogordo en Girón y de la cárcel Modelo en Bucaramanga, dónde identificó a diversos grupos delincuenciales, como el ya mencionado MAGO, El Comando de Elite Urbano RPL (Respeto Privado de La Libertad), La Inmaculada y hasta el Clan del Golfo, quienes estarían detrás de las amenazas y atentados.
A estos grupos, se puede sumar otros como Los Rastrojos Costeños, que opera en Barranquilla, o el Tren de Aragua y Satanás en Bogotá. Todos estos tienen una característica en común: sus principales cabecillas se encuentran recluídos en centros penitenciarios. Como se ha mencionado desde la Fundación Pares (2024) en anteriores ocasiones, la actual dinámica carcelaria en Colombia está configurando un ambiente que propicia el desarrollo y fortalecimiento de la delincuencia organizada, y las cárceles, lejos de ser lugares que aporten al mejoramiento de la seguridad y la resocialización, se están convirtiendo en centros dinamizadores del crimen, en donde los líderes de los distintos grupos siguen coordinando las actividades ilegales, principalmente la extorsión.
Debido a esto, se ha podido evidenciar que las amenazas y los denominados ‘Plan Pistola’ hacia guardianes del INPEC aumentaron tras el inicio de la Operación Dominó en julio de 2023, la cual justamente tiene el objetivo de prevenir las extorsiones y mantener el control en los establecimientos penitenciarios mediante el refuerzo de estrategias como requisas, aislamiento de reclusos y traslado de cabecillas. Desde entonces también se ha registrado un aumento en los ataques a los funcionarios de la institución. Óscar Robayo, presidente del sindicato UTP (Unión de Trabajadores Penitenciarios) indica en su cuenta de X que van “17 guardianes asesinados y varios atentados”, y dentro de los recientes ataques contra funcionarios del INPEC, cabe mencionar el asesinato del ex presidente de la UTP, Néstor Quevedo en el mes de abril, y el del director de la cárcel Modelo de Bogotá, Élmer Fernández en mayo.
A pesar de la clara situación de crisis de seguridad que está afrontando el INPEC en el país, y de las reiteradas advertencias realizadas por distintas instituciones, aún sigue sin tomarse acciones efectivas que garanticen la protección de la vida de los funcionarios, quienes han pedido que se refuerce el acompañamiento de la Policía y el Ejército en el ejercicio de sus labores, además de garantizarles medidas de seguridad fuera de los centros penitenciarios.
Se considera fundamental que se comiencen a enfocar esfuerzos en labores de inteligencia contra los grupos que repetidamente han amenazado y atacado a los funcionarios del INPEC, con el fin de adelantar medidas preventivas que garanticen su protección, y además acciones que contribuyan a la efectiva desarticulación de las estructuras, pues el solo hecho de recluir a sus integrantes no garantiza que estas dejen de operar.
Además de esto, es necesario atender la crisis que afronta el sistema carcelario en el país, pues problemáticas como el hacinamiento, las malas condiciones laborales de guardianes del INPEC y la falta de infraestructura y tecnología para garantizar el control dentro de los centros penitenciarios, son factores que inciden directamente en el fortalecimiento de las organizaciones, y por consiguiente, en la situación de seguridad de los funcionarios de la institución.
Comments