Informe: La paz ¿Cómo vamos? Radiografía de los procesos de diálogo de paz en Colombia entre 2022-2025

Por: Fundación Paz & Reconciliación y Vivamos Humanos

El informe presenta un análisis exhaustivo sobre los procesos de acercamiento, diálogo y negociación que se han dado en el marco de la Ley 2272 de 2022, más conocida como la Ley de Paz Total. Prioriza el enfoque territorial, diferencial y humanitario, hace seguimiento a los altos niveles de violencia, a la reconfiguración de actores armados, a la situación humanitaria y a los eventos violentos en más de 17 regiones del país entre 2022 y 2025.

Dentro de su seguimiento, explora los procesos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Comuneros del Sur (FCS), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF)1 , la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el espacio de conversación sociojurídico (ECSJ) en el distrito de Buenaventura con Shottas y Espartanos, el ECSJ Medellín y Valle de Aburrá - Los Pachelly y La Oficina y el ECSJ en Quibdó con: Los Mexicanos, Los Locos Yam, las Fuerzas Armadas RPS Cartel del Norte, Revolución Cabí y Los Zetas. 

Evalúa aspectos clave como: la suspensión de la mesa con el ELN —tras seis ciclos de negociación y la firma de 28 acuerdos—; la continuación de procesos que han tenido fracciones internas como el FCS, la continuidad del procesos con el EMBF y la CNEB. Detalla los diálogos exploratorios que se han dado con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que —junto con los espacios de conversación sociojurídicos con estructuras urbanas— dependen de un marco jurídico que no está definido.

Determina algunos avances de la Paz Total como: la creación del Comité Nacional de Participación (CNP) en el proceso con el ELN, la firma de Ceses al Fuego Bilaterales, la priorización de transformaciones territoriales como uno de los ejes centrales de los procesos, la apertura de nuevos espacios de diálogo territorial,y los esfuerzos de participación social.

Establece retos transversales como: el incumplimiento de los Ceses al Fuego Bilateral Nacional y Temporal (CFBTN) la fragmentación y expansión territorial de los grupos armados, la ausencia de garantías de seguridad para la participación amplia de todos los sectores de la sociedad, la desconfianza hacia la institucionalidad y la débil presencia estatal en diferentes territorios.

Identifica que los procesos de diálogo han tenido avances desiguales y en algunos casos, frágiles, en medio de un panorama de alta conflictividad armada por el control del territorio y de las economías ilegales. Además, evalúa que existen múltiples dificultades en la implementación de la política de Paz Total, debido a falencias en seguridad jurídica, intervención integral del Estado y articulación interinstitucional. 

Resalta que las comunidades y las organizaciones sociales territoriales de base mantienen su disposición de aportar a la paz, pero solicitan garantías de seguridad efectivas, respeto por su autonomía y participación efectiva en los diversos procesos de diálogo o conversación.

Recomienda reanudar el diálogo con el ELN —garantizando medidas de desescalamiento de la violencia y participación de las comunidades—, fortalecer la CCP como instancia coordinadora y operativa con enfoque territorial, establecer lineamientos normativos claros sobre el uso del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en los procesos de diálogo, poner como punto de partida la consecución de alivios humanitarios inmediatos e impulsar mecanismos de monitoreo y verificación eficientes y con participación social.