Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares
En 2019 el caso Santrich ha cambiado de rumbo, debido a la inconsistencia en la existencia de las pruebas en su contra. El pasado lunes 28 de enero, se vencieron los 40 días de plazo que la justicia estadounidense tenía para presentar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las pruebas que sindican a Seuxis Paucias Hernández Solarte por conspiración para traficar drogas.
Sin embargo, en la mañana del jueves 31 de enero, Gloria María Borrero —Ministra de Justicia— afirmó que la carta con pedido de pruebas del Caso Santrich a la justica de Estados Unidos, que fue enviada el pasado 10 de diciembre, nunca le llegó a la justicia de los Estados Unidos. Borrero, señaló que el envío se hizo a través del Servicio de Envíos de Colombia ‘4-72’.
En el comunicado del 28 de enero, la JEP sostiene que al no recibir información “se procederá a continuar con el trámite de garantía de no extradición y se adoptará la decisión que corresponda con base en los medios obrantes en el proceso”.
Casi diez meses después, el caso sigue sin definirse. Aún no se tiene una respuesta oficial de la justica estadounidense sobre la solicitud de la JEP que hizo el pasado 23 de octubre —por medio del auto 059— por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia.
Llama la atención que la ministra Borrero tuvo 40 días para pedir la trazabilidad de la carta rogatoria, sin embargo, al consultar recientemente sobre el trámite, la respuesta de la directora de encargada del servicio de envió 4-72, le notificó que la carta aún estaba en Panamá.
La carta sí fue enviada el 10 de diciembre, tal como se evidencia en el documento y de la cual el gobierno nacional no ha aclarado porque se encuentra en Panamá. Justamente, la misiva estaba dirigida al director de la oficina de asuntos internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos —Vaughn A. Ary— por parte de directora de asuntos internacionales del Ministerio de Justicia de Colombia, Natalia Muñoz Labajos.
Cabe recordar que ya son 297 días desde ese 9 de abril de 2018, en el que, por orden de una corte de Estados Unidos, Jesús Santrich, fue detenido al ser acusado de narcotráfico o conspiración para cometer narcotráfico. En ese momento, el Fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró tener material probatorio e irrefutable contra el exguerrillero.
Una atmósfera enrarecida ha caracterizado el Caso Santrich, ahora con este capítulo que se abre con la ‘carta perdida’ queda en entre dicho un proceso que ya estaba en va en los alegatos que deben dar la Procuraduría, Santrich y su abogado.
¿Qué viene para Santrich?
Redacción Pares habló con los abogados defensores de Seuxis Paucias Hernández Solarte, quienes explicaron el proceso que ha significado el Caso Santrich Para Gustavo Gallardo —abogado defensor de Santrich por el caso que de narcotráfico o conspiración para cometer narcotráfico— el anuncio de la JEP “cierra la etapa probatoria, encontrando que no existe una prueba de cargo que sindique que, a mi defendido como actor, coautor o participe de alguna conducta que le sindicaba la justicia de los Estados Unidos”.
Así las cosas, para Gallardo, “la JEP está notificando un auto, mediante el cual, corre el traslado común para las partes, por cinco días comunes”. Es decir, a partir del 28 de enero empezaron a contarse cinco días hábiles para el alegato de las partes; por un lado, la Procuraduría General de la Nación y por el otro, Santrich y su defensa.
Según Gustavo Gallardo, este periodo está dispuesto para que se radiquen los argumentos de conclusión que, en el caso de la defensa, apuntan la garantía de no extradición que lleva la Sección de Revisión. Gallardo se muestra positivo sobre el caso de su defendido: “Tenemos la confianza que la JEP va a actuar en derecho y en razón a que no tienen ninguna prueba (…) Por ende, quedaría sin piso la orden de captura con fines de extradición, lo conllevaría a la libertad inmediata de Jesús Santrich.”
Por su parte, Arilio Uribe —abogado defensor por el caso de pérdida de investidura en el Congreso— la defensa de este caso “no solamente es por el derecho de participación política de Santrich, sino por la defensa de los Acuerdos de Paz en su núcleo básico. En otras palabras, la concepción sobre la posibilidad de dejar las armas para hacer política desde las palabras”.
Uribe, se refirió al comunicado que expidió la JEP y afirmó que “la JEP tenía 120 días, desde la captura de Santrich, para pronunciarse en una calificación previa para mirar si procede o no con la extradición”.
Uribe se basa en lo pactado en el Acuerdo de Paz y lo que está previsto en el Acto Legislativo — art 19 transitorio de la constitución— como una cláusula de no extradición. Además, el abogado señala que “según la Constitución y el procedimiento penal, nadie puede estar detenido más de 36 horas sin que un juez califique la detención. Sin embargo, Santrich lleva casi 10 mese detenido.”
Por otra parte, Uribe explicó que Santrich no tiene en Colombia ni una investigación ni proceso penal y que la captura que tiene el exguerrillero es de orden administrativa. Es decir, según él abogado, esto ha permitido que “no exista control judicial y por esta razón, no procedieron los Habeas Corpus, ni las tutelas “
Asimismo, Uribe, explicó que con el acto legislativo que generó el Acuerdo de Paz, hubo una modificación al procedimiento de extradición, que indica que, “si no se dan las condiciones para que se autorice la extradición, no puede efectuarse y en ese caso, se tiene que producir la libertad”. Para este abogado, la JEP con el comunicado del 28 de enero está “ambientando la decisión que van a tomar”.
El caso Santrich, un punto de inflexión
Jesús Santrich en libertad y asumiendo la curul como Representante a la Cámara por el partido Fuerza Revolucionaria del Común (FARC), significaría —en palabras de Gustavo Gallardo— “un panorama mucho más positivo para la paz, sumado a un nuevo ambiente político y un escenario para retomar la confianza de los reincorporados en el marco del proceso de paz y en la implementación de los acuerdos”.
Por otro lado, Alirio Uribe señaló que “se le mintió al país para sabotear el proceso, no es un secreto para nadie, que Iván Márquez, y otros comandantes de las FARC, están escondidos esperando si van a respetar o no la cláusula de no extradición”.
Uribe, finalizó diciendo que diciendo que “Lo que se hizo con este caso fue descabezar las listas al Congreso; en Cámara sacar del juego a Santrich y en senado a Iván Márquez” (…) “para mí no fue accidental sacar a ellos dos quienes, precisamente habían estado en la construcción de los Acuerdos de Paz y hubiesen podido trabajar en la defensa de la implementación de los mismos”.
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