El legado de Peñalosa en seguridad
Por: Hugo Acero Velásquez.
Mejora la gestión
En materia de seguridad hay que reconocer que el gobierno del alcalde Enrique Peñalosa realizó importantes avances en algunos temas, pero tuvo problemas en otros. Por ejemplo, la ciudad volvió a retomar el trabajo en equipo entre la Administración, la Policía y la Fiscalía, elemento importante para enfrentar de manera integral los problemas complejos de violencia y delincuencia. Hay que anotar que en los gobiernos anteriores eran de público conocimiento las desavenencias entre los alcaldes y los comandantes de la policía.
Con la creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la ciudad avanzó en la consolidación de la política pública en esta materia, además de recursos, plan, personal especializado, hoy se cuenta con una estructura administrativa que permite gestionar de mejor manera este tema. Desafortunadamente, la nueva Secretaría dejó por fuera las inspecciones de policía, las comisarías de familia y toda la gestión del riesgo que debería hacer parte de la política integral que debe tener una ciudad como Bogotá.
Se realizó una inversión importante de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia y de infraestructura tecnológica, como es el caso de la ampliación de las cámaras de video. Se desarrollaron innovaciones en el tratamiento de los jóvenes infractores de la ley penal y se construyeron instalaciones para mejorar el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes -SRPA-.
Otro elemento que hay que destacar es el manejo profesional que tuvo este tema en cabeza de los secretarios de seguridad Daniel Mejía y Jairo García, conocedores del tema, quienes contaron con el profesionalismo y estabilidad del general Hoover Penilla que se mantuvo durante todo el periodo del alcalde Enrique Peñalosa, elemento importante para la gestión de la seguridad en la ciudad.
Resultados
En términos de resultados, hay que resaltar que se mantuvo la tendencia a la baja de los homicidios, que viene desde el año 2011, poniendo en cuestión la disculpa teórica del “piso de cristal” de los gobiernos anteriores al de Gustavo Petro, que aseguraban que la tendencia había llegado a su punto más bajo, con cerca 20 homicidios por cada 100.000 habitantes y que era casi imposible seguir disminuyendo, dadas las amenazas de violencia y delincuencia que tenía la ciudad.
Contrario a esto, a partir de 2012 los homicidios retomaron la tendencia a la baja, se pasó de una tasa de 22,15 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2011 a 12,7 en 2018. Es posible que al finalizar este año la tasa esté por debajo de 12 (ver siguiente gráfica).
Otro logro importante es la reducción de las muertes en accidentes tránsito. En los últimos tres años Bogotá logró reducir estos hechos en un 10,8%, las cuales pasaron de 591 a 527. Contrario a la baja de los homicidios y de las muertes en accidentes de tránsito, los resultados en los demás delitos no son tan satisfactorios.
Según los datos de Medicina Legal, las distintas violencias al interior de los hogares se incrementaron. De acuerdo con los reportes de los exámenes médico legales, en materia de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, se pasó de una tasa de 148 casos por cada 100.000 habitantes en 2015 a 174,8 en 2018, es decir se registró un incremento del 19%. Con relación a la violencia en contra de la pareja, el incremento de la tasa fue del 6,3%, contra el adulto mayor del 41,7% y contra otros familiares el incremento fue del 5,6%, como se puede ver en el siguiente cuadro:
En este caso, también se puede asegurar que estos resultados se deben al aumento de la denuncia y de la conciencia ciudadana, que estos delitos no son parte del ámbito privado de las familias, que deben ser denunciados, sancionados y por este camino en un corto período, comiencen a disminuir y a cambiarse por buen trato al interior de los hogares.
Por otro lado, las lesiones personales permanecieron estables y los exámenes médico legales por presunto delito sexual disminuyeron en un 10,9%, como se puede ver en el siguiente cuadro:
Los hurtos no paran de crecer
Las cifras de denuncias de hurtos en la ciudad no han dejado de crecer en los últimos años. Según la Administración Distrital, la Policía y la Fiscalía con la unificación de las bases de datos de delitos de la Policía (SIEDCO) y de la Fiscalía (SPOA) a partir de 2016, y la creación y puesta en funcionamiento del aplicativo “A Denunciar” desde el 26 de julio de 2017, los incrementos en el reporte de las denuncias se deben al cruce de estas bases de datos (conciliación estadística) y por el aumento de denuncias de los ciudadanos a través del aplicativo.
Sin embargo, el aumento no solo se le puede atribuir a estas dos acciones. Por un lado, hay que anotar que el indicador de denuncia de la Encuesta de Percepción y Victimización en Bogotá de la Cámara de Comercio, tuvo su pico más alto en el segundo semestre de 2016 (48%), mucho antes que se pusiera en funcionamiento en 2017 el aplicativo “A Denunciar” (en el segundo semestre de 2017 el indicador cayó a 41%), es decir, sin el aplicativo la denuncia tenía niveles más altos.
Por otro lado, según esta misma encuesta, la victimización, que es el indicador más confiable, pasó de 7% en el segundo semestre de 2011 a 14% en 2015 y a 17% en el mismo periodo de 2018, es decir el número de víctimas ha aumentado en un 142% en los últimos siete años.
Como se puede ver en el siguiente cuadro, entre 2015 y 2018, los hurtos a personas, motos, vehículos, residencias y a comercio han crecido, y no sólamente durante este periodo, sino en el último año (comparativo 2017, 2018) donde los hurtos a personas crecieron en un 35%, comercio en un 56%, motos 10,5%, residencias 7,48 y automotores 7,5%. En este caso, se puede definir el 2017 como la línea base desde la cual se pueden evaluar los hurtos hacia delante con cierta confiabilidad, teniendo en cuenta que de la mayoría de estos delitos existe una cifra oculta cercana la 60%.
Preocupa que, además del aumento de los hurtos, dos delitos han venido creciendo en la ciudad, sin que las autoridades hayan puesto la atención debida, como es el caso de los “paga diarios” y la extorsión, que con métodos violentos los criminales obligan a tenderos, comerciantes de todas las plazas de mercado, vendedores ambulantes y demás ciudadanos necesitados, a pagar las cuotas impuestas y si no lo hacen son lesionados y en algunos casos asesinados. Ver la sobre la gravedad de este asunto el siguiente artículo. Estos delitos van unidos a la expansión del narcotráfico y el microtráfico en Bogotá y en los municipios cercanos, como es el caso de Soacha.
Finalmente, la ciudad debe continuar prestando ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos que llegan a la capital, sin descuidar la utilización de algunos migrantes por parte de organizaciones criminales locales en actividades delictivas, problema que se ha incrementado en los últimos meses. Por otro lado, hay que reconocer que, como cualquier proceso migratorio, además de ciudadanos que buscan oportunidades de trabajo e ingresos legales en Colombia, que son la gran mayoría, también llegan grupos de delincuentes que actuaban en Venezuela.
Qué hacer
Para enfrentar los retos anteriormente expuestos, es necesario, además de contar con una política integral que vaya de la prevención y la disuasión a la represión del delito, fortalecer, profesionalizar y aumentar el pie de fuerza de la Policía, concentrar de esfuerzos policiales en zonas de alta violencia y delincuencia, fortalecer la inteligencia e investigación criminal en contra de empresas criminales.
Trabajar con la Rama Judicial, respetando su independencia, para reducir la impunidad, incrementar el capital social, mejorar la atención profesional y humana a las víctimas y aumentar los cupos carcelarios en la ciudad, todo esto en coordinación con el Gobierno Nacional.
Aumentar el pie de fuerza de la Policía. En el caso de los policías que prestan seguridad en las calles, ante la imposibilidad de nuevos policías entregados por la Nación, hay que racionalizar y reasignar policías, que se dedican a otras labores, a la seguridad de los ciudadanos, como es el caso del elevado número de policías que están en el área administrativa y que pueden ser remplazados por personal civil no uniformado; reducir número de policías dedicados a escoltar personajes y a cuidar edificios del gobierno. Por ejemplo, los nuevos concejales y funcionarios del gobierno distrital, deberían dar ejemplo rechazando el servicio de escoltas.
Por otro lado, hay que aplicar el Código de Policía que obliga a los organizadores de eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, para que dispongan de su propia seguridad para dichos espectáculos y que la policía solo haga acompañamiento y vigilancia del espacio público; hay que redistribuir los policías en las ciudades de acuerdo con la población y con los problemas de violencia y delincuencia y finalmente el Distrito debe asignar recursos, para aumentar el número de auxiliares de policía y para que una buena parte de ellos, una vez terminen el servicio militar obligatorio, se queden en la Institución como patrulleros prestando seguridad en la ciudad.
Concentración de esfuerzos policiales sustentado en gerencia y microgerencia. Esta estrategia se sustenta en la intervención de los sitios donde existe una alta concentración de hechos de violencia y delincuencia.
Esta estrategia debe contar con una gerencia de los territorios a intervenir a cargo de la Policía y de la Secretaría de Seguridad y una microgerencia orientada a hacer seguimiento y a exigir resultados en la reducción de cada uno de los delitos que se presentan en los territorios intervenidos, la cual se sustenta en un seguimiento diario, semanal y mensual de los mandos policiales y alcalde local que tienen presencia en cada uno territorios intervenidos. Además, hay que asignar un oficial responsable en la ciudad por delito (gerente del delito).
Esta estrategia comprende un análisis de información día a día, producido por el sistema de información de la Policía y de la Secretaría de Seguridad, seguimiento que permite orientar tanto la operatividad, como los recursos y los resultados a obtener.
Esta estrategia, desde el punto de vista operativo, se puede resumir en las siguientes acciones: a). Concentración de esfuerzos policiales y de la Administración en los territorios, barrios, días y horarios donde se presentan la mayor cantidad de hurtos y otros delitos. b). En los sectores intervenidos se deben incrementar los puestos de control callejero, los controles a establecimientos, las requisas a ciudadanos, las capturas por flagrancia, las capturas por orden judicial, incautación de armas de fuego legales e ilegales y armas cortopunzantes. c). Cambio de la rutina de los policías en los territorios intervenidos, especialmente en los días y horarios que se presentan los delitos. Suele suceder que algunos delitos acontecen los fines de semana y es cuando hay menos policía y operatividad de la fiscalía y jueces.
Fortalecer la inteligencia e investigación criminal en contra de empresas criminales. Hay que fortalecer el trabajo interagencial de las instituciones de inteligencia e investigación criminal de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la participación del Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF- para no solamente, enfrentar y desarticular las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, microtráfico, robo de celulares, autos, motos, autopartes, terrorismo, entre otros delitos, sino para identificar y expropiarles los bienes y recursos mal habidos de quienes hacen parte de estos grupos y sus familiares. Expropiar “sus bienes” es lo que más les duele a los criminales.
Esta estrategia parte de identificar: las organizaciones que ejercen control y/u operan en los territorios donde delinquen, quiénes las componen, prontuario criminal, la manera como realizan sus actividades criminales, quiénes hacen parte de la cadena criminal y que otros sectores se benefician de sus actividades.
Trabajar con algunas instituciones de la Rama Judicial, respetando su independencia, para reducir la impunidad. Al trabajo coordinado entre la Administración, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, hay que involucrar a algunas instituciones responsables de los temas de justicia, como el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, para aumentar la eficiencia de la justicia y reducir la impunidad. En esta línea, hay que fortalecer las instituciones que tienen funciones de investigación judicial en términos de profesionalización, tecnología, instalaciones, movilidad, aumento de personal dedicado a estas actividades y trabajo en equipo.
Fortalecer e incrementar el capitán social. Hay que fortalecer y crear capital social en toda la ciudad, organizar a las comunidades para que con su participación se mejoren las condiciones de seguridad y bienestar. Una comunidad organizada y cercana a las autoridades es menos vulnerable ante hechos delincuenciales y de terrorismo. El trabajo conjunto de las comunidades con la Policía ha dado buenos resultados contra la delincuencia, en la medida en que los ciudadanos se sienten más cercanos a la autoridad y se atreven a denunciar hechos o acciones que les parecen sospechosas. Igualmente, las comunidades organizadas se convierten en veedoras del trabajo de las instituciones de seguridad y justicia y esto evita hechos de corrupción y de malos comportamientos por parte de los miembros de estas instituciones.
Atención profesional y humana a las víctimas. Hay que desarrollar una estrategia para mejorar la atención de las víctimas por parte de la Policía, la Fiscalía, las inspecciones de policía y las comisarías de familia.
Aumentar los cupos carcelarios en la ciudad. Hoy en Bogotá las cárceles, estaciones de policía y las URIs de la Fiscalía están hacinadas, no hay donde privar de la libertad a sindicados y condenados por delitos. Para esto, se requiere, tras un proceso de regularización urbana, construir una cárcel como la Distrital en predios de la Picota y reconstruir La Modelo y el Buen Pastor en los predios donde actualmente funcionan, en coordinación con el Gobierno Nacional.
Mis candidatos por Bogotá. Por el Partido Verde: la alcaldesa Claudia López, al Concejo, Diego Laserna y para edil de Chapinero, el Liberal Juan Felipe Namén.