Por: Redacción Pares
La Fundación Paz y Reconciliación –Pares realizó una investigación en torno al manejo de los recursos públicos de los entes territoriales para la atención de la pandemia. En total, la investigación encontró 313 contratos por cientos de miles de millones de pesos de 118 entes territoriales en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital, en los cuales habría presuntas irregularidades.
Para la investigación, Pares priorizó 48 entes territoriales además de indagar por las denuncias que la ciudadanía allegó a nuestro buzón. Por cada ente y denuncia se consultó la contratación publicada en las páginas de Colombia Compra Eficiente, se indagó por los contratistas en el RUES y en el SIGEP y se contrastó con el aplicativo Cuentas Claras para determinar si habían sido o no donantes de campaña. Adicionalmente se indagó por posibles relaciones políticas entre los contratistas y los funcionarios que los seleccionaron y contrataron en nuestro sistema de información –SIPARES y en medios de comunicación.
En concordancia, los cuestionamientos se podrían agrupar en seis tipos. El primero y más común son los presuntos sobrecostos en los kits de salud y de alimentos que se debían entregar a las familias más vulnerables. Libras de café, pañales, entre otros, con sobrecostos que van desde el 15% hasta el 50%. En total, son miles de millones de pesos comprometidos en estos sobrecostos.
En este grupo también se encontraron dobles contabilidades, es decir, se contratan kits de salud o alimentos que incluyen productos que están, además, contratados en otros procesos. Lo complicado del asunto es que se dice que esos productos son para agregar a los kits. La presunta doble contabilidad no ha sido explicada por los entes territoriales.
En total se agruparon en la categoría de presuntos sobrecostos 118 contratos. Para la mayoría no se encontraron estudios previos publicados en las plataformas destinadas para ello y, en los que se encontraron los contratistas eran únicos proponentes.
Más irregularidades
Otra práctica recurrente en los contratos con presuntos sobrecostos para los que se encontraron publicados los estudios previos, fue que los estudios de mercado se hicieron con base en contratos de otros entes territoriales con los que el respectivo alcalde o gobernador tiene una conexión política, contratos estos que también estarían cuestionados por presuntos sobrecostos, como se ejemplifica en el caso de Riohacha, La Guajira.
Adicionalmente, se encontró que en varios de esto contratos, especialmente en los de mayores montos como los de las gobernaciones de Cesar, Sucre y Valle del Cauca, una vez dado el anuncio de los entes de control sobre los hallazgos de presuntos sobrecostos, se modificaron los valores unitarios de los productos o se excluyeron gastos etiquetados como indirectos, cambiando así el monto final contratado. Estas modificaciones superan en algunos casos los dos mil millones de pesos.
Un segundo grupo de cuestionamientos es que se contrata con algunas ONG y entidades privadas cuya actividad comercial no tiene ninguna relación con el servicio contratado. En total, se hallaron nueve (9) contratos en esta categoría. Algunos de los ejemplos incluyen un contrato para prestar servicios de salud cuyo contratista es una ONG que se dedica a la formación en comunidades indígenas y actividades de agricultura y un contrato para el transporte de muestras para detección de Covid-19 entregado al propietario de un bar, cuya principal actividad comercial es justamente el expendio de bebidas embriagantes.
En tercer lugar, la declaración de emergencia fue utilizada por muchos entes territoriales para contratar posibles dobles nóminas y/o contratar terceros “amigos”, es decir, contratos posiblemente mediados por influencias en las administraciones municipales y departamentales.
En esta categoría se encuentran 60 contratos. En muchos casos no se encontraron los estudios previos publicados. Hay situaciones ilegales y otras, aunque no lo son, tendrían fuertes cuestionamientos éticos. Entre los ejemplos se encuentran contratos con donantes de campaña, familiares de los líderes de clanes a los que pertenecen las autoridades de los entes territoriales, entre otros.
En un cuarto grupo se incluyeron los contratos que a pesar de estar justificados en la pandemia no tienen ninguna relación con esta. En esta categoría se encuentran ocho (8) contratos. Entre estos se encontró, por ejemplo, la compra de radios portátiles para la contención de la pandemia, sin mayores detalles sobre su uso o pertinencia, así como diversos contratos de prestación de servicios para el apoyo a dependencias de los entes territoriales que no tienen funciones claras en la atención de la crisis y que incluso, se encontrarían sin operar dado el aislamiento obligatorio.
En quinto lugar, fue recurrente encontrar violaciones al principio de publicidad. Fueron muchos los procesos en los que no se encontraron publicados lo contratos o los mencionados estudios previos. De otro lado, fue recurrente encontrar contratos para la provisión de kits alimenticios y de aseo en los que no se detallan los productos contenidos en los kits, las cantidades o precios unitarios, por lo que no es posible realizar un análisis de posibles sobrecostos. En esta categoría se incluyeron 53 contratos que suman $30.343.786.374 de pesos.
Por último se incluyó una categoría denominada otros, que incluyen conjuntos de contratos con el mismo objeto contractual, inconveniencia para la celebración de los contratos, lugares de ejecución del contrato por fuera del ente territorial que contrata, entre otros. En esta categoría se encuentran 65 contratos.