DE LO DICHO A LO HECHO: EL DOCUMENTO CONPES QUE PROMETE PONERLE FRENTE A LA POBREZA ENERGÉTICA

Por:  Lizeth Serrato Contreras

La imagen de un país soberanamente rico en recursos, pero extremadamente pobre en su realidad social ha sido el calificativo del Colombia durante mucho tiempo. Dentro de estas pobrezas no solo está la educativa, la económica o en temas de salud, sino también la escasez, intermitencia e incluso inexistencia de la energía en los territorios. Frente a este panorama, El Ministerio de Minas y Energía ha avanzado en la elaboración de un documento CONPES que apunta a la mitigación de uno de los problemas más persistentes y profundos del país: la pobreza energética. Esta iniciativa, respaldada por el Departamento Nacional de Planeación y el Banco Interamericano de Desarrollo, contempla una inversión cercana a los 8 billones de pesos para el desarrollo de más de 50 proyectos enfocados en ampliar el acceso a la energía en regiones históricamente excluidas como el Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía y el Caribe. Aunque Colombia presume de una cobertura eléctrica superior al 97 %, esa cifra no refleja la desigualdad estructural entre las zonas urbanas y rurales, y el acceso no siempre es equivalente a disponibilidad continua, asequible o limpia.

Esta nueva hoja de ruta representa un intento por superar ese desfase, por ello, la propuesta no se limita a llevar cables y postes a zonas aisladas, sino que plantea una visión más amplia, en la que la energía sea un vehículo para la equidad territorial, el desarrollo productivo, la reducción de brechas sociales y el cuidado ambiental, siendo también un propulsor económico para una mejor calidad de vida y la soberanía energética. El enfoque considera soluciones basadas en energías renovables como la solar, la eólica o la biomasa, así como mecanismos complementarios como el acceso a gas o la implementación de tecnologías limpias para cocción y transporte. La pobreza energética, en Colombia, tiene múltiples caras, no solo es no tener electricidad, también es depender de leña para cocinar y exponerse a enfermedades pulmonares por ello, vivir con racionamientos constantes o no poder costear el consumo básico. Por eso, el planteamiento del CONPES es relevante: busca abordar esta problemática desde lo multidimensional, lo territorial y lo cultural.

En esta apuesta hay una intención clara de diálogo con los gobiernos locales. Se han realizado mesas de trabajo con gobernadores de departamentos como Chocó, Nariño, Amazonas y Vichada, lo que sugiere que el diseño de los proyectos pretende partir del reconocimiento de las realidades territoriales y no de recetas centralistas. Sin embargo, hay retos importantes que no se deben ignorar: el primero es el de la ejecución: contar con un presupuesto multimillonario no garantiza el impacto si no existen capacidades técnicas, mecanismos de seguimiento y estructuras institucionales que aseguren que los proyectos lleguen a quienes los necesitan. El segundo desafío está en la apropiación comunitaria: no se trata solo de instalar tecnologías, sino de formar capacidades locales para operarlas, mantenerlas y adaptarlas a las dinámicas propias del territorio. Un panel solar no transforma una comunidad si no va acompañado de formación, empoderamiento y modelos de gobernanza adecuados. 

El éxito de este CONPES dependerá de su capacidad para traducirse en resultados tangibles y duraderos. No basta con cumplir metas de cobertura, es necesario garantizar calidad, continuidad y pertinencia. En ese sentido, este documento puede marcar un antes y un después si logra articular el conocimiento técnico, el compromiso político y la participación de los territorios; Colombia necesita cerrar sus brechas energéticas y que esto no sea efímero, con criterios de justicia ambiental y con sentido humano. Lo que está en juego no es solo el acceso a la electricidad, sino el derecho a vivir con dignidad.