Por: Dennis Arley Huffington
Investigador territorial Pares Pacífico
En el Distrito de Buenaventura la crisis humanitaria se agrava producto de las disputas armadas que se presentan en lo ancho y largo del territorio. El último territorio afectado es Bajo Calima, donde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN llegaron desde San Juan a tomarse la entrada norte del municipio sin ninguna resistencia por parte de las instituciones de seguridad del Estado.
Prueba de ello es la difícil situación de seguridad en el casco urbano. Según el seguimiento realizado por la oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en el año 2021 se registraron más de 190 asesinatos por los enfrentamientos entre Los Shotas y los Espartanos que, a pesar de las capturas, continúan ejerciendo el control territorial en los barrios de la ciudad. Además, inicia el 2022 con 12 asesinatos en 20 días.
En lo rural el panorama tampoco es alentador, debido al riesgo en el que se encuentran las comunidades del corregimiento de Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, por la reciente disputa armada que sostienen el ELN y las AGC.
Como ha investigado la oficina Pares Pacífico, el domingo 16 de enero, un joven fue asesinado cuando transitaba en una embarcación de civiles por el río, la cual fue atacada con arma de fuego; el martes 18, otros 2 jóvenes murieron cuando quedaron en medio de los enfrentamientos; y alrededor de 940 personas se encuentran confinadas por la orden de las AGC de no transitar en el corregimiento ni por el río.
Hubo tiempo de prevenir
Como lo advirtió hace meses la Fundación Paz & Reconciliación, desde su oficina Pares Pacífico, a través del artículo “Prevenir nuevas tragedias de la guerra”, la situación del puerto se trata de una disputa armada que se extiende desde el Chocó, departamento donde las AGC y el ELN han sostenido una guerra sin cuartel por ocupar y controlar los territorios y las economías ilegales que dejó la antigua guerrilla de las FARC y que el Estado no ocupó después de la firma del Acuerdo de Paz.
Todo indica que, debido a las operaciones de la fuerza pública y los reiterados combates con las AGC, el ELN se ha visto diezmado en su capacidad bélica y ha perdido casi todo el control de las zonas del departamento vecino donde tenía presencia, como el Litoral del San Juan, municipio limítrofe con Buenaventura. Hasta ese lugar se han replegado los Gaitanistas, que además desde hace un año vienen amenazando con incursionar desde ahí hacia Buenaventura por el río Calima.
Esta amenaza se cumplió el 10 de enero, cuando hombres armados con pasamontañas y camuflados se asentaron en las veredas San Isidro y La Esperanza del consejo comunitario de Bajo Calima. Esto generó que 5 comunidades de las orillas del río se desplazaran hacia otras veredas y el casco urbano, ya que, como lo pudo constatar el equipo de Pares Pacífico, el ELN ejerce dominio en la zona y se preveía enfrentamientos que se hicieron realidad una semana después.
Hoy está en disputa la vereda La Colonia, lugar donde está el embarcadero que sirve de atraque de las comunidades que van desde Buenaventura hacia el Chocó y conecta los ríos Camila y San Juan. Esto permitiría tener un mayor control del tránsito en el consejo comunitario, así como impedir el avance de la agrupación contrincante. Además de la salida al San Juan y posteriormente al océano pacífico, está en disputa la entrada norte hacia Buenaventura y el casco urbano donde convergen otras agrupaciones y economías ilegales, como La Local y el Comando Coordinar de Occidente.
La urgencia de evitar una guerra de tres frentes
La misión de Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, en su último informe de diciembre de 2021, alertó que “la ausencia de una presencia efectiva del Estado en Buenaventura ha hecho que se intensifiquen las disputas entre los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales por el control social, territorial y estratégico, lo cual ha agravado aún más la violencia contra la población civil, socavado la gobernanza y alterado la vida de comunidades enteras”. Por ello, el llamado de las comunidades al Gobierno nacional, departamental y locales de tomar medidas oportunas y frenar la configuración de nuevos escenarios de disputa que se están presentando en el distrito.
Como es el caso del casco urbano de Buenaventura, donde dos asesinatos ocurridos el 13 y 16 de enero tienen en zozobra a sus habitantes. Si bien se conoce que las dos víctimas no tenían nexos con actividades ilegales, cada uno sostenía una relación íntima de varios años de amistad con los jefes de las facciones de la Local, situación que podría desencadenar una vendetta, no solo entre miembros de los grupos, sino cercanos, vecinos o simplemente contra moradores de un barrio donde tenga presencia el grupo contrario.
En lo rural, la situación es doblemente compleja. El 19 de enero el ELN comunicó que daba un plazo de 3 días a las comunidades para desalojar la vereda La Colonia en Bajo Calima, por lo que se prevé un desplazamiento masivo hacia otras veredas y el casco urbano de Buenaventura. Esto se contrapone a la orden de las AGC de no transitar por el corregimiento, por lo que las personas obligadas a desplazarse podrían ser doblemente victimizadas con ataques indiscriminados por “desobedecer”.
En Zaragoza, Córdoba y San Cipriano también hay denuncias de grupos armados. En este caso se trata del Comando Coordinador de Occidente con la columna móvil Jaime Martínez, donde han reunido a la comunidad asegurando que se quedarán en el territorio y están llevando a cabo lo que se denomina como ‘limpieza social’. Como consecuencia, familias se han desplazado evitando que los jóvenes sean reclutados y 5 sujetos se encuentran desaparecidos, acusados ser integrantes de los Shotas.
Además, está el riesgo de que las disputas urbanas y rurales se entrelacen, es cuestión de tiempo para que el ELN se vea obligado a salir de los territorios de Buenaventura, no sin antes accionar lo que le queda de su capacidad bélica afectando a la población civil. Con ello, la disputa en zona rural tendría como protagonistas a las AGC y las Jaime Martínez y, como es sabido, los Gaitanistas operan a través de la cooptación y subcontratación de pequeñas y medianas agrupaciones armadas, por lo que Shotas o Espartanos podrían aliarse con ellos para reforzar su economía diezmada por la prolongada confrontación armada, obligando a su rival a asociarse criminalmente con el grupo posfarc.
Así, lo que hoy son tres confrontaciones diferentes, podrían convertirse en una sola guerra que se expande por todo el territorio distrital con tres frentes: la frontera norte con Chocó; la frontera suroriente con el Cauca, Farallones y Jamundí; y los barrios del casco urbano de Buenaventura. Por consiguiente, desde Pares Pacífico reiteramos el llamado a las autoridades nacionales a tomar acciones inmediatas que impidan el avance de los grupos armados desde los departamentos vecinos, cortar las rutas de tránsito y, sobre todo, impedir nuevas alianzas criminales que prolonguen la guerra.
De las promesas en campaña del presidente Duque de ser el hijo adoptivo de Buenaventura y gobernar el país desde ahí en sus primeros meses, al distrito portuario solo le cumplió con la palabra prometida a todo el país: “hacer trizas la paz”.