Bajarán las tarifas? La CREG pone a prueba la eficiencia del mercado energético

Por: John Correa

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) acaba de anunciar un cambio estructural en las reglas que rigen la comercialización de energía eléctrica en Colombia. Aunque puede parecer un tema lejano o excesivamente técnico, esta decisión tiene implicaciones directas para millones de usuarios que mes a mes enfrentan tarifas elevadas y poco comprensibles. El interrogante es simple: ¿este ajuste realmente hará más justo y eficiente el mercado eléctrico colombiano?

Desde 2014, la fórmula utilizada para calcular el componente de comercialización en la tarifa eléctrica ha operado bajo un esquema generalizado: un margen estándar fijo que se aplica a todos los comercializadores, sin importar su desempeño, tamaño o eficiencia. Esta fórmula, lejos de fomentar la competencia, terminó favoreciendo a quienes menos invirtieron en mejorar sus procesos, permitiendo que los sobrecostos fueran asumidos por el usuario final. El resultado: márgenes opacos, rentas poco justificadas y una factura que crece sin explicación clara.

Frente a esto, la nueva regulación rompe el molde. Ahora, los comercializadores deberán presentar información contable detallada y verificable, con el objetivo de que sus costos reales sean la base del cálculo tarifario. En otras palabras, se pone el foco en la eficiencia individual y en la transparencia, no en los promedios que premian la ineficiencia.

¿Qué cambia para el mercado?

El impacto de esta medida va más allá de una simple fórmula contable. Estamos ante una apuesta por una mayor eficiencia asignativa, es decir, por una estructura de tarifas que se ajuste mejor a los costos reales de cada agente. Esto favorece a las empresas eficientes —que podrán competir con tarifas más bajas— y presiona a las ineficientes a mejorar o desaparecer.

Además, se fortalece la transparencia. La trazabilidad contable permitirá detectar prácticas abusivas y márgenes excesivos, y hará posible que el Estado —a través de la Superintendencia de Industria y Comercio— intervenga con conocimiento de causa.

Es también un paso hacia una mayor competencia estructural en el segmento de comercialización, históricamente dominado por pocos actores que, al operar con escasa supervisión y bajo incentivos reales, han gozado de una posición cómoda y rentable.

ón transformadora enfrenta riesgos. Uno de ellos es la capacidad técnica de la regulación. Si la CREG no establece con claridad cómo se evaluará la eficiencia de cada agente, el sistema puede volverse discrecional o incluso injusto. Otro riesgo es que este nuevo modelo termine siendo un obstáculo para pequeños comercializadores, que podrían carecer de la infraestructura administrativa para cumplir con los nuevos requerimientos.

Además, se requiere un seguimiento riguroso y constante. De nada servirá tener más datos si no se utilizan para corregir distorsiones. Y, lo más importante: los usuarios deben poder entender cómo se compone su tarifa, exigir cuentas y tener voz en el debate público sobre el servicio eléctrico.

La eficiencia no es una promesa: debe ser verificable

Este nuevo paso de la CREG, si se implementa con firmeza y transparencia, tiene el potencial de mejorar el mercado. Pero no será automático ni mágico. La eficiencia no se decreta: se construye. Y para construirla, se necesita regulación inteligente, vigilancia activa y una ciudadanía informada.

Por ahora, el país está ante una ventana de oportunidad. Que esta se convierta en una reducción real de tarifas dependerá no solo de la norma, sino de cómo el Estado haga valer su capacidad de regular con justicia y el mercado responda con responsabilidad. El tiempo dirá si este es el inicio de una verdadera democratización del servicio eléctrico en Colombia.