• Redacción Pares

322 ambientalistas han sido asesinados en Colombia desde 2012: Global Witness

Por: Katerin Erazo, Periodista


Desde 2012 se han registrado alrededor de 322 ambientalistas asesinados en Colombia. El año más dramático fue 2021, debido a que se registró la cifra más alta de asesinatos en el país contra estas personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, al menos 33 casos.

Según el más reciente informe de la Organización internacional Global Witness, las disputas por la tierra entre organizaciones ilegales ha sido la fuerza impulsora de estos asesinatos de personas que trabajan en pro del medio ambiente.


“Hasta la fecha, la implementación del Acuerdo de Paz no ha sido suficiente: la paz sigue siendo una perspectiva lejana para muchos y muchas colombianas. Las consecuencias de la violencia actual las sienten particularmente los grupos más vulnerables, incluidos los pequeños agricultores y los pueblos indígenas”, subraya el informe denominado Una década de resistencia.


Más de la mitad de los ataques a nivel mundial en la última década contra defensores y defensoras del medio ambiente se produjeron en países como Brasil, Colombia y Filipinas, según el informe. Brasil es considerado como el país con el mayor número de asesinatos documentados desde el año 2012, con 342 ataques letales en total, que fueron contra personas indígenas y afrodescendientes, registrados mayormente en la Amazonía brasileña.


Global Witness posicionó a Colombia como el segundo país con mayor número de asesinatos contra esta población, a pesar de que el Gobierno se ha comprometido a garantizar la disminución de esta violencia, la organización internacional señala que “la realidad está demostrando lo contrario”. Tanto la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Red de la Sociedad Civil Colombiana Programa Somos Defensores, han expresado su preocupación por estas cifras altas de violencia que se registran en el país.


Según Juan Camilo Rodríguez, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), uno de los puntos del Acuerdo de Paz establece medidas para salvaguardar la vida de los líderes y lideresas ambientales, la Comisión Integral de Garantías de Seguridad, la cual empezó a funcionar el año 2018, durante el último mandato del expresidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, el gobierno del expresidente Iván Duque, señaló que este plan no sirvió y es por ello que lanzó el Plan de Acción Oportuna (PAO), un mecanismo que se supone que salvaguardaría la vida de los líderes sociales, entre ellos ambientales, pero este plan tuvo luz hasta el año 2021, lo que demuestra el poco accionar por parte del Gobierno colombiano para proteger a estas personas.


Según el informe, la desigualdad en la distribución de la tierra, el conflicto armado, la corrupción, la cultura de impunidad empresarial y la reducción del espacio cívico, son algunos de los efectos de estas amenazas y ataques contra las personas defensoras del medio ambiente.

Juan Camilo Rodríguez de Pares explicó también que defender el medio ambiente “es irse en contra de muchas economías extractivistas que existen en los territorios, tanto legales como ilegales, uno de estos es la minería ilegal, los diferentes eslabones del narcotráfico, el carbón, el petróleo e incluso las energías renovables”.


Estos líderes y lideresas suelen habitar lugares donde el Estado prioriza la protección de las economías legales e ilegales y no se establece un intermediario para mitigar el conflicto. Es decir, si hay un conflicto entre una petrolera y una organización ambiental, el Estado suele tomar un bando y es el de las empresas. Por esta razón, habría una estigmatización contra el liderazgo ambiental (tildándolos como guerrilleros o enemigos del desarrollo). Otra problemática es que tanto el Estado, como las empresas y los grupos armados, pueden ver a estos defensores ambientales como una amenaza o enemigos, dejando a estas personas en situación de vulnerabilidad.


Actualmente, el gobierno de Gustavo Petro ha estado generando un plan de acción urgente contra líderes y lideresas, contemplando la creación de puestos de mando unificados. Con esto, se podría ver un interés por salvaguardar la vida de estos defensores y defensoras. Se esperan los nuevos pasos que tome la Comisión Integral de Garantías de Seguridad. Rodríguez menciona que “el Estado necesita dejar de tomar parte en los conflictos socioambientales y más bien ser un intermediario o un actor para la resolución de conflictos entre las comunidades que denuncian las afectaciones ambientales y las empresas o los grupos armados que estén generando los impactos a los ecosistemas”.


Global Witness hizo un llamado a todos los gobiernos para que haya un compromiso e investiguen y denuncien estos asesinatos. Directamente al Gobierno colombiano le sugirió adoptar una hoja de ruta, la cual garantice un entorno seguro y favorable para estos defensores ambientales y que implemente los puntos del Acuerdo de Paz que establece la seguridad de ellos y ellas.