Linares, Nariño: el corredor en guerra por donde se desplazan campesinos

Las recientes confrontaciones armadas en el municipio de Linares, en el occidente de Nariño, volvieron a poner en evidencia la intensidad y complejidad de la conflictividad que atraviesa esta subregión del país. En pocos días, los combates entre Comuneros del Sur y estructuras de las disidencias del Estado Mayor Central habrían provocado el desplazamiento de más de mil personas desde veredas rurales hacia el casco urbano de Linares.

Más que un hecho aislado, lo ocurrido hace parte de un escenario de disputa territorial más amplio, donde convergen múltiples actores armados, economías ilícitas y vacíos de presencia estatal, y donde las comunidades campesinas quedan una vez más ubicadas en el centro del fuego cruzado.

Hoy, el coliseo municipal de Linares es la imagen de la crisis, donde se refugian familias provenientes de veredas como Tambillo de Bravos, Pueblo Viejo, Parapetos y El Arenal, que decidieron abandonar sus viviendas ante el temor de quedar atrapadas en medio de los enfrentamientos. Niños, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidad comparten colchonetas improvisadas, cobijas prestadas y bolsas con lo poco que pudieron salvar, mientras esperan una respuesta institucional que sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del desplazamiento.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, los combates completaron al menos tres días en zonas rurales cercanas a La Cocha, Tambillo de Bravos y Parapetos, en límites con Los Andes Sotomayor. Donde la población reporta, además, la instalación de minas y otros artefactos explosivos, lo que incrementa el riesgo para quienes permanecen en el territorio y dificulta cualquier posibilidad de retorno en el corto plazo.

El occidente de Nariño como escenario de conflictividad

Linares se ubica en el occidente de Nariño, una subregión donde la conflictividad armada se ha expresado de manera persistente en los últimos años. Municipios como Linares, Los Andes Sotomayor, El Peñol y Cumbitara conforman un corredor rural atravesado por cultivos de uso ilícito, rutas de tráfico hacia la costa Pacífica y zonas de retaguardia para distintos grupos armados.

En este contexto, los hechos de Linares guardan continuidad con otros episodios recientes. Por ejemplo, en Cumbitara, más de 200 familias se desplazaron hacia el corregimiento de Sidón por enfrentamientos prolongados entre el frente Franco Benavides del Estado Mayor Central, Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN). La Defensoría del Pueblo ha advertido que, en lo corrido de 2026, Nariño se cuenta entre los departamentos más afectados por eventos de desplazamiento masivo y confinamiento, en un escenario nacional que ya registra 40 desplazamientos masivos y más de 39.000 personas sometidas a restricciones severas de movilidad.

Sin embargo, lo que ocurre en Linares no responde a una confrontación simple entre un grupo armado y el Estado, sino a la superposición de varios actores ilegales que se disputan el control de un mismo espacio, en un escenario que se ha reconfigurado en los últimos años.

El punto de partida es el Frente Comuneros del Sur del ELN, que desde 1992 se consolidó como la estructura de esa guerrilla en la cordillera nariñense, con fuerte presencia en la región de Abades y en al menos diez municipios del occidente de Nariño. A partir de 2024, esta estructura se escinde de la organización nacional y pasa a ser tratada como un grupo armado distinto, que mantiene capacidades militares, unos 200 integrantes según estimaciones de centros de investigación, y un marcado arraigo local en la zona. Es precisamente Comuneros del Sur (ya como disidencia) quien permanece en el territorio disputando el control de corredores y poblaciones frente al frente Franco Benavides del Estado Mayor Central.

Del otro lado de esa disputa se encuentra el frente Franco Benavides, adscrito al bloque occidental del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, con presencia en Cumbitara, Los Andes Sotomayor y otros municipios del occidente nariñense. Esta estructura ha sido señalada como uno de los principales responsables de los enfrentamientos que han derivado en desplazamientos masivos y confinamientos en la región, y hoy se enfrenta directamente con Comuneros del Sur por el control de áreas rurales estratégicas en Linares y municipios vecinos.

Pero en este tablero ha aparecido un tercer actor autodenominado como las Autodefensas Unidas de Nariño. La Defensoría del Pueblo y medios regionales las describen como un grupo neoparamilitar con presencia en municipios como Samaniego y otros puntos del occidente de Nariño. Si bien no existe una confirmación oficial, diversas investigaciones periodísticas y comunitarias señalan fuertes sospechas de vínculos orgánicos y de mando entre las AUN y antiguos integrantes de Comuneros del Sur, lo que alimenta la hipótesis de que podrían operar como una disidencia o desprendimiento de esa estructura. Alertas recientes plantean, además, que una posible alianza táctica entre AUN, Comuneros del Sur y la Segunda Marquetalia estaría intensificando la disputa territorial con el frente Franco Benavides en esta subregión.

Aunque Comuneros del Sur nació como frente del ELN, su ruptura con el Comando Central ha dejado al ELN en una posición distinta en este corredor específico. La guerrilla mantiene presencia en otros municipios de Nariño y sigue siendo mencionada en informes oficiales como responsable, junto con otros grupos armados, de hechos de desplazamiento, confinamiento y control social en el departamento. Sin embargo, en el caso concreto de Linares, el conflicto más visible hoy se articula alrededor de la disputa entre Comuneros del Sur y el frente Franco Benavides, con las AUN como actor que podría estar operando en continuidad o tensión con antiguos mandos comuneros.

Esta configuración produce una conflictividad difusa y volátil, pues las fronteras entre “zonas de control” son inestables, las alianzas pueden mutar rápidamente y las órdenes que reciben las comunidades cambian de acuerdo con el grupo que se impone en cada momento. Así, para la población rural, cualquier movimiento como viajar, vender, sembrar, ir a estudiar, puede ser interpretado como colaboración con alguno de los bandos en disputa, y eso se traduce en un escenario de amenaza permanente.

Pero ¿por qué se disputa Linares?

La centralidad de Linares en este momento del conflicto responde a varios factores, en primer lugar, el occidente de Nariño concentra importantes áreas de cultivos de coca y actividades asociadas, lo que convierte a la región en una fuente clave de financiación para los grupos armados. Controlar veredas como Parapetos, Tambillo de Bravos o El Arenal implica controlar pasos, puntos de acopio y circuitos de cobro de rentas.

A su vez, Linares y sus veredas funcionan como enlace entre municipios de la cordillera y rutas hacia el Pacífico, facilitando el movimiento de hombres, armas e insumos. De ahí que los combates se concentren en zonas rurales estratégicas más que en los cascos urbanos. Esto, sumado a la baja presencia institucional en las áreas rurales, tanto en seguridad como en justicia, infraestructura y servicios sociales, facilita que los grupos armados ejerzan funciones de gobierno de facto, pues definen toques de queda, restringen la movilidad, regulan economías y administran conflictos locales.

En suma, Linares es un municipio de mediano tamaño que se vuelve central no por su peso político, sino por su ubicación en una cartografía de guerra que combina economías ilícitas, corredores estratégicos y comunidades desprotegidas.

Ahora, el caso de Linares muestra cómo los repertorios de violencia en la conflictividad actual van más allá del combate abierto entre grupos armados. La denuncia sobre la instalación de minas y otros artefactos explosivos introduce un factor que prolonga los efectos del conflicto incluso después de que paran los disparos.

Las minas convierten el territorio en un espacio minado de forma literal y simbólica, ya que impiden el retorno, bloquean el acceso a cultivos, escuelas y centros de salud y, en la práctica, generan situaciones de confinamiento en las que las comunidades no pueden circular sin exponerse a un riesgo extremo. Esto se suma a la tendencia nacional, donde la Defensoría del Pueblo ha registrado para 2026 un aumento significativo de los eventos de confinamiento, que afectaron a más de 39.000 personas en el primer trimestre del año.