En las campañas presidenciales suele hablarse de crecimiento económico, empleo, exportaciones, inflación o inversión, como si todas fueran variables que dependieran directamente de la decisiones de un presidente. En realidad, buena parte de estos resultados depende de factores internacionales, ciclos económicos, decisiones empresariales y condiciones estructurales que ningún gobierno controla completamente. Por eso, para entender una propuesta económica conviene concentrarse menos en las promesas generales de crecimiento y más en aquello donde sí existe capacidad de intervención estatal: impuestos, gasto público, regulación, inversión pública y orientación del desarrollo productivo. Esa parece ser la mejor manera de leer la propuesta económica de Iván Cepeda.
La propuesta de Cepeda no aparece construida como un programa tecnocrático lleno de metas numéricas sobre PIB, inflación o inversión extranjera. A diferencia de otros candidatos que prometen porcentajes específicos de crecimiento o cifras exactas de recaudo, su planteamiento se organiza alrededor de una idea política más amplia: profundizar el proyecto social iniciado durante el gobierno de Gustavo Petro, pero intentando corregir algunas tensiones y darle mayor estabilidad económica y productiva. El eje conceptual es lo que denomina un “capitalismo productivo”, es decir, una economía de mercado donde el Estado tenga un papel activo orientando redistribución, inversión y desarrollo territorial.
En términos fiscales, la propuesta parte de un diagnóstico concreto: el problema principal del Estado colombiano no es únicamente la falta de impuestos, sino la evasión fiscal, la corrupción y el uso ineficiente de los recursos públicos. En distintos documentos y entrevistas el candidato ha insistido en que la evasión supera los 30 billones de pesos anuales, cifra que considera suficiente para mostrar que el problema fiscal colombiano no puede reducirse simplemente a aumentar tributos. Desde esta perspectiva, el problema sería tanto de recaudo como de calidad del gasto. La apuesta, entonces, es una fiscalidad progresiva acompañada de una ofensiva contra la evasión y la “macrocorrupción”.
Allí aparece uno de los rasgos más importantes de su discurso económico. Cepeda no propone desmontar el sector privado ni avanzar hacia una economía estatizada. De hecho, ha buscado enviar mensajes relativamente tranquilos al empresariado y a la inversión extranjera. En varios apartados insiste en la necesidad de “reglas claras”, estabilidad jurídica y diálogo con el sector productivo. Incluso plantea la posibilidad de contratos de estabilidad para inversionistas extranjeros. Su crítica no está dirigida contra la empresa privada como tal, sino contra un modelo económico excesivamente especulativo, concentrado en la renta financiera, el extractivismo y la dependencia de hidrocarburos.
Otro componente central de la propuesta es la llamada “austeridad republicana”. Cepeda utiliza esta expresión para diferenciarse tanto del despilfarro burocrático tradicional como de las políticas neoliberales de recorte de la inversión social. La idea central es sencilla: el ajuste debe recaer sobre privilegios estatales, corrupción y clientelismo, y no sobre el gasto social. En consecuencia, propone reducir gastos improductivos y reorientar recursos hacia inversión territorial, infraestructura, educación, agua potable y política social. En varias intervenciones ha mencionado incluso la necesidad de priorizar inversión básica en municipios históricamente excluidos.
Una vez revisados los ingresos y la visión fiscal, la pregunta relevante es en qué pretende gastar el dinero un eventual gobierno de Cepeda. Aquí el centro de la propuesta es claramente la llamada “Revolución Agraria”. Más que una reforma agraria clásica, limitada a redistribuir tierras, la propuesta busca convertir la economía campesina, cooperativa y popular en uno de los motores del crecimiento nacional. El diagnóstico es que el problema rural colombiano no es solo la concentración de la tierra, sino la ausencia histórica de infraestructura, crédito, asistencia técnica, conectividad y acceso a mercados.
Por eso la propuesta económica pone un enorme énfasis en inversión territorial. El Plan Nacional de Vías Terciarias, la infraestructura rural, el agua potable y la conectividad aparecen como instrumentos para dinamizar economías regionales y fortalecer cadenas agroalimentarias. El objetivo político y económico es convertir a Colombia en una “potencia agroalimentaria”, capaz de reducir dependencia alimentaria, fortalecer exportaciones rurales y reorganizar parte de la estructura productiva nacional aprovechando la biodiversidad, la capacidad agrícola y la producción campesina.
En términos macroeconómicos, la lógica es relativamente clara y tiene un fuerte componente keynesiano centrado en la demanda interna. Cepeda considera que la desigualdad limita el consumo y debilita el mercado interno. Por eso insiste en reformas laborales, mejora de ingresos, fortalecimiento del salario y consolidación de una renta básica para sectores en pobreza extrema. La apuesta es que una mayor capacidad de consumo popular dinamice comercio, producción y empleo. No se trata únicamente de una política social; es también una estrategia de crecimiento desde la demanda interna.
En materia de inversión privada, la propuesta busca combinar intervención estatal con concertación empresarial. Cepeda reconoce explícitamente que Colombia seguirá dependiendo parcialmente de hidrocarburos durante varios años, aunque insiste en una transición energética gradual y pactada. Esta es una diferencia importante frente a lecturas más radicales que planteaban un abandono acelerado del sector minero-energético. Su discurso reciente intenta mostrar moderación macroeconómica y estabilidad para evitar choques bruscos sobre exportaciones, empleo, finanzas públicas y preservar estabilidad macroeconómica.
Otro elemento distintivo es el papel asignado a la economía popular y comunitaria. La propuesta entiende la economía popular no como un sector marginal, sino como un actor productivo capaz de dinamizar empleo, infraestructura local y circuitos económicos territoriales. Por ello, Cepeda propone reformar el Estatuto de Contratación Estatal para permitir que juntas de acción comunal, organizaciones sociales y colectivos comunitarios puedan ejecutar obras y programas públicos. La idea es democratizar la contratación pública y reducir intermediación clientelista y concentración contractual.
La propuesta también asigna un papel estratégico a la educación pública y al conocimiento como soporte de transformación territorial y productividad. En distintos documentos se insiste en fortalecer la universidad pública, ampliar acceso territorial a la educación superior y conectar investigación, innovación y necesidades productivas regionales. La educación aparece así no solo como política social, sino como componente de modernización económica y construcción de capacidades productivas territoriales.
En conjunto, la propuesta económica de Iván Cepeda combina cinco apuestas: redistribución del ingreso, fortalecimiento del mercado interno, transformación productiva rural, transición energética gradual y un Estado más austero frente al clientelismo y la corrupción. Su modelo no es un programa de libre mercado clásico, pero tampoco una ruptura abierta con el capitalismo. Busca más bien construir un Estado social fuerte que oriente la inversión, redistribuya riqueza, fortalezca sectores productivos distintos al extractivismo y convierta la política social en un motor de crecimiento económico.
El principal interrogante sigue siendo la viabilidad fiscal y política de esta apuesta. Aunque el programa insiste en austeridad, lucha contra evasión y eficiencia del gasto, todavía existen pocas metas cuantificadas sobre crecimiento, recaudo o impacto fiscal de las reformas. Sin embargo, más que desmontar el Estado o dejar el crecimiento exclusivamente en manos del mercado, la apuesta de Cepeda consiste en utilizar el poder público para reorganizar la economía alrededor de la redistribución, el desarrollo territorial, la producción agroalimentaria y la ampliación de derechos sociales. Ese es, en esencia, el núcleo de su apuesta económica.
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