La semana pasada ocurrió en la Universidad de Antioquia uno de esos ejercicios académicos que, aunque parecen pequeños frente al ruido cotidiano de la política nacional, dicen mucho sobre el tipo de país que necesitamos construir. El Departamento de Economía reunió a estudiantes de varias universidades de la región —Universidad de Antioquia, EAFIT, UPB, UNAULA, Universidad Nacional y Universidad del Atlántico— para realizar un concurso de debate macroeconómico alrededor de las propuestas de algunos de los principales candidatos a la Presidencia de la República.
La dinámica era sencilla, pero intelectualmente exigente. Los participantes debían defender o cuestionar propuestas de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. No se trataba de repetir consignas políticas ni de actuar como militantes. El ejercicio obligaba a estudiar programas de gobierno, comprender teorías económicas, revisar cifras, identificar contradicciones y construir argumentos sólidos. Incluso muchos estudiantes tuvieron que asumir posiciones distintas a sus propias convicciones ideológicas y sostenerlas con evidencia y razonamiento.
Ese detalle es fundamental. En tiempos donde buena parte de la discusión pública se reduce a videos de pocos segundos, titulares agresivos o ataques personales en redes sociales, formar jóvenes capaces de argumentar y escuchar se vuelve una tarea urgente para las universidades. Basta observar cómo debates complejos sobre déficit fiscal, transición energética, seguridad o sostenibilidad del gasto terminan convertidos en frases emocionales sin contexto ni análisis. Y esto no debería preocupar solo a las facultades de ciencias sociales o económicas. También compete a ingenierías, salud y ciencias exactas. Porque el debate razonado no es únicamente una competencia académica: es una capacidad democrática.
Durante las intervenciones aparecieron preguntas difíciles sobre gasto público, inflación, mercado laboral, seguridad, turismo, transición energética y reforma agraria. Los estudiantes discutieron supuestos macroeconómicos, cuestionaron metas irrealizables y señalaron inconsistencias entre promesas de reducción del déficit y propuestas que aumentarían el gasto estatal. Se habló del impacto fiscal del SOAT subsidiado para motociclistas, de los costos de ampliar el gasto en seguridad, de las limitaciones para reducir gastos inflexibles como salud y educación, y de los controles institucionales que el Congreso impone a cualquier programa de gobierno.
Pero quizá lo más importante no fueron las respuestas, sino el método. Los estudiantes comprendieron que las decisiones públicas no pueden sustentarse únicamente en intuiciones o consignas ideológicas. Requieren teoría, datos, evidencia y capacidad crítica. Aprendieron que detrás de cada propuesta existe un modelo económico, unos supuestos y unas consecuencias sociales. Incluso debieron defender argumentos con los que personalmente no coincidían, obligándose a comprender la lógica interna de posiciones contrarias. Y ese es, probablemente, uno de los ejercicios democráticos más importantes: entender antes de descalificar.
Ese aprendizaje tiene hoy un enorme valor formativo. Durante años las universidades colombianas se concentraron —con razón— en fortalecer competencias técnicas y profesionales. Sin embargo, poco a poco se fue relegando una dimensión esencial de la educación superior: la capacidad de deliberar públicamente. Muchos estudiantes aprenden fórmulas, metodologías y modelos especializados, pero encuentran enormes dificultades para defender una idea, escuchar una crítica o sostener una discusión argumentada frente a posiciones distintas.
No es un asunto menor. El Foro Económico Mundial ha insistido en que las competencias más importantes para el futuro del trabajo no serán únicamente técnicas, sino también cognitivas y sociales: pensamiento crítico, comunicación, resolución de problemas complejos, negociación y trabajo colaborativo. Hoy numerosas empresas, organizaciones públicas y organismos internacionales valoran tanto el conocimiento técnico como la capacidad para comunicar ideas, trabajar en equipo y argumentar en escenarios de incertidumbre. Las universidades que entiendan esto estarán formando profesionales mucho mejor preparados para un mundo cada vez más interdependiente y complejo.
Aquí aparece una discusión de fondo sobre el sentido mismo de la educación superior. La universidad no debe limitarse a transmitir conocimientos especializados. También debe formar ciudadanos capaces de intervenir responsablemente en los asuntos públicos. Profesionales que comprendan que las decisiones económicas, jurídicas, ambientales o tecnológicas tienen impactos sociales y políticos. Personas capaces de disentir sin caer en el insulto y de defender ideas sin destruir al otro.
Lo ocurrido en este concurso de debate fue precisamente eso: una pedagogía democrática. Los estudiantes no solo defendieron posiciones. Aprendieron a escuchar, responder preguntas difíciles, manejar el tiempo, ordenar argumentos y enfrentar públicamente la crítica. Algunos mostraron nerviosismo; otros mayor seguridad. Pero todos participaron en un ejercicio que fortalece capacidades fundamentales para la vida profesional y ciudadana.
Además, el debate permitió algo especialmente valioso en la coyuntura política actual: acercar a los jóvenes a las propuestas reales de los candidatos presidenciales. En un contexto donde gran parte de la discusión pública se mueve entre caricaturas ideológicas, memes y ataques personales, detenerse a estudiar programas de gobierno con rigor académico resulta casi un acto contracultural.
Y vale la pena decirlo con claridad: Colombia necesita más espacios como este. Necesita universidades que promuevan el debate argumentado y no el silencio cómodo. Necesita profesores que incentiven la lectura crítica y el análisis de la realidad nacional. Necesita estudiantes capaces de cuestionar incluso las ideas con las que inicialmente simpatizan. Porque la democracia no se fortalece eliminando el desacuerdo, sino aprendiendo a tramitarlo mediante argumentos, evidencia y escucha.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
