La primera vuelta presidencial de 2026 terminó configurando uno de los escenarios políticos más polarizados de las últimas décadas en Colombia. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la Presidencia de la República en segunda vuelta. Dos candidatos que representan proyectos ideológicos distintos y maneras muy diferentes de entender el Estado, la seguridad y la economía.
La fragmentación del centro político, la incapacidad de las candidaturas moderadas para consolidar alianzas fuertes y el ambiente de crispación que vive actualmente el país terminaron llevando la disputa electoral hacia los extremos del espectro político. El resultado es una segunda vuelta donde la discusión gira alrededor de dos proyectos claramente diferenciados.
La segunda vuelta simplificó parcialmente el análisis político. Durante varios meses la discusión pública estuvo dispersa entre numerosas candidaturas, consultas interpartidistas y alianzas inestables. Hoy la discusión queda concentrada en dos propuestas presidenciales y en la capacidad real que tendría cada una para gobernar un país con enormes restricciones fiscales, institucionales y territoriales.
Y es que las campañas presidenciales suelen construirse alrededor de una idea recurrente: que desde la Presidencia es posible transformar rápidamente la realidad nacional. Los candidatos prometen cambios profundos, soluciones rápidas y reformas estructurales como si el presidente tuviera plena capacidad para decidir sobre todos los asuntos del Estado.
Sin embargo, la experiencia colombiana muestra que gobernar resulta mucho más complejo. El Congreso, las cortes, las restricciones fiscales, la burocracia estatal, la fragmentación política y las dificultades territoriales terminan imponiendo límites muy fuertes a cualquier proyecto de gobierno. Allí aparece una distancia enorme entre las promesas electorales y las capacidades reales del Estado.
De allí que esta segunda vuelta no debería analizarse solamente desde las emociones o las afinidades ideológicas. También habría que preguntarse qué tan posible es ejecutar aquello que prometen los candidatos y qué tan sólidos son realmente sus programas de gobierno. En el fondo, el debate también debería ser sobre capacidad real de gobernar.
El programa de gobierno de Iván Cepeda se caracteriza por ser amplio y detallado. Se trata de un documento de más de 400 páginas, organizado alrededor de reformas políticas, sociales y territoriales, que busca profundizar buena parte de las transformaciones impulsadas por el progresismo durante los últimos años. Allí aparecen propuestas relacionadas con reforma agraria, transición energética, inversión social, fortalecimiento institucional y construcción de paz territorial (https://www.movimientopacto.co/programa-gobierno?utm_source=chatgpt.com).
Desde el punto de vista jurídico, buena parte de sus propuestas son viables. Varias podrían desarrollarse mediante leyes ordinarias, programas gubernamentales y reformas administrativas. Siendo el principal limitante la capacidad política, fiscal e institucional para ejecutarlas en un escenario de fuerte polarización y restricciones presupuestales.
En contraste, el programa de Abelardo de la Espriella es mucho más corto y concreto. Su propuesta está condensada en un documento de apenas unas pocas páginas, centrado especialmente en seguridad, reducción del Estado, disminución de impuestos y recuperación económica (https://defensoresdelapatria.com/wp-content/uploads/2026/04/PROPUESTAS-DEL-TIGRE.pdf?utm_source=chatgpt.com).
Buena parte de su fortaleza electoral está precisamente en la facilidad con que logra comunicar sus propuestas y conectar con ciudadanos preocupados por la inseguridad y el desgaste del actual gobierno. De la Espriella ha logrado construir una narrativa simple y directa alrededor de la autoridad, el orden y la necesidad de recuperar el control territorial del Estado.
Sin embargo, varias de sus propuestas enfrentan restricciones fiscales e institucionales importantes. La expansión acelerada de capacidades militares y policiales, la construcción de megacárceles, la reducción simultánea de impuestos y la disminución del tamaño del Estado implican tensiones presupuestales muy altas y difíciles de sostener en el mediano plazo.
Además, algunas propuestas requerirían reformas legales complejas y podrían enfrentar límites constitucionales y judiciales. Incluso algunas de sus metas económicas dependen de condiciones políticas y fiscales difíciles de garantizar rápidamente. Allí aparece una de las debilidades más visibles de su programa: la distancia entre las metas anunciadas y las capacidades reales del Estado.
Precisamente, una de las críticas más fuertes está en el tema de seguridad. La experiencia latinoamericana muestra que las políticas exclusivamente militarizadas tienen capacidades limitadas para resolver conflictos asociados a economías criminales complejas. La recuperación territorial exige —además de fuerza pública— justicia, inversión social y presencia permanente del Estado.
Dada esta situación, el llamado a la ciudadanía es que en esta segunda vuelta no se deje llevar por las meras emociones y los deseos de cambio. Que se pregunte por cuál de los dos candidatos tendría mayores capacidades políticas, fiscales e institucionales para ejecutar aquello que promete. Analice con razón si las promesas de campaña pueden convertirse en políticas públicas sostenibles y ejecutables.
Tanto Cepeda como De la Espriella construyeron propuestas ambiciosas para responder a distintos malestares de la sociedad colombiana. Sin embargo, entre ambos programas existen diferencias importantes. Mientras Cepeda presenta una propuesta más amplia, estructurada y técnicamente desarrollada —con diagnósticos, líneas de acción y apuestas de transformación territorial y social—, De la Espriella apuesta por un programa más corto, menos desarrollado y concentrado en mensajes directos alrededor de la seguridad, la autoridad y la reducción del Estado.
No obstante, los dos terminan enfrentando límites similares: un Estado con enormes restricciones presupuestales, un Congreso fragmentado, territorios con baja capacidad institucional y una sociedad cada vez más polarizada. De allí que el principal desafío del próximo gobierno no sea únicamente ganar las elecciones, sino demostrar capacidad real para convertir las promesas de campaña en políticas públicas sostenibles y ejecutables.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
