Viviane Morales vuelve al Gobierno. La abogada y exfiscal fue designada consejera comisionada de Paz y asumirá, como encargada, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Según el comunicado de Presidencia del 22 de octubre, deberá revisar el cumplimiento de los compromisos, verificar la destinación de los recursos e identificar las fallas institucionales. Pero el anuncio también parece anticipar el resultado de esa evaluación: le encomienda desmontar lo que el gobierno denomina la “falsa paz”.
No soy abogado, pero creo que no hace falta serlo para advertir los problemas de este encargo. Se anuncia una evaluación cuando ya se ha descalificado lo que será evaluado y se ha señalado qué debe hacerse con ello. ¿Qué puede cambiar la revisión si la conclusión es que estamos ante una “falsa paz” que debe desmontarse? Me preocupa que el examen termine siendo un trámite para justificar una decisión tomada de antemano. También que, mientras se realiza, se introduzcan cambios que debiliten a las entidades y empeoren el desempeño que se pretende evaluar.
Imaginemos un caso judicial en el que se anuncia la sentencia antes de investigar, se encarga el examen de las pruebas a alguien que ya ha cuestionado el asunto y se reúnen procesos distintos bajo una misma acusación. Mientras tanto, se toman decisiones que pueden perjudicar a quienes esperan el resultado. ¿Qué confianza tendríamos en ese procedimiento? El encargo de Morales es administrativo, pero la comparación permite plantear las preguntas: qué se evalúa, quién lo hace, cómo se valoran las pruebas y qué ocurre mientras se conocen las conclusiones.
Antes de la posesión, De la Espriella había anunciado la transformación de la oficina de paz y la eliminación de la Unidad de Implementación. Ahora encarga a Morales revisar esas dependencias bajo el propósito de desmontar la “falsa paz”. El gobierno puede evaluar y reformar sus oficinas dentro del marco legal, pero debe explicar qué está dispuesto a reconsiderar. Si la revisión encuentra equipos necesarios, funciones que deben conservarse y resultados positivos, ¿habrá espacio para fortalecerlos? Una evaluación tiene sentido si lo que encuentra puede cambiar la decisión.
También importa quién realiza la evaluación. Morales ha cuestionado aspectos de la implementación del Acuerdo Final. Esto no basta para afirmar que actuará sin imparcialidad, pero sí exige preguntarle cómo distinguirá sus posiciones políticas de los criterios con los que hará la revisión. Tendrá que examinar los avances con el mismo rigor que los incumplimientos. Como abogada y exfiscal, conoce la diferencia entre investigar para establecer qué ocurrió y buscar solamente las pruebas que confirmen una conclusión previa.
Pero ¿qué significa “falsa paz”? El comunicado utiliza la expresión sin precisar qué hechos la sustentan ni qué compromisos o instituciones quedan comprendidos en ella. ¿Se cuestionan los resultados de algunos programas, las decisiones de sus responsables o el contenido de los acuerdos? Encontrar gastos injustificados o fallas de coordinación exige corregirlos y establecer responsabilidades. No basta para descalificar toda la institucionalidad. La revisión deberá distinguir entre los problemas de diseño, los errores de ejecución y la falta de recursos para cumplir lo prometido.
La paz total del gobierno Petro y la implementación del Acuerdo Final de 2016 tampoco pueden tratarse como un solo expediente. Tienen trayectorias, instrumentos y obligaciones diferentes. Que Morales dirija la Consejería Comisionada y la Unidad de Implementación no borra esa distinción. Me preocupa que los cuestionamientos a la política del gobierno anterior se utilicen para debilitar compromisos que la preceden y que obligan al Estado. Cada proceso necesita sus propias preguntas y pruebas; las fallas de uno no demuestran el fracaso del otro.
Que se trate de una evaluación administrativa no hace menos importante la imparcialidad. La participación y la transparencia también deben orientar el trabajo de Morales. Habrá que conocer los criterios, las fuentes y los plazos de la revisión, así como las oportunidades para que las comunidades y las entidades involucradas aporten información y discutan sus resultados. Morales puede proponer reformas dentro de sus competencias, pero ese encargo no suspende las obligaciones del Acuerdo Final ni la autoriza a intervenir en las decisiones de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Mientras se evalúa, las entidades deben seguir cumpliendo sus funciones. Las víctimas esperan reparación; quienes dejaron las armas necesitan continuidad en su reincorporación, y las comunidades requieren respuestas que no pueden aplazarse hasta el informe final. Si durante la revisión se retiran equipos, se reducen recursos o se interrumpe la coordinación, el propio examen puede agravar las dificultades que pretende explicar. El riesgo es que después se presente ese deterioro como prueba de un fracaso, sin reconocer cuánto contribuyeron a producirlo las decisiones tomadas durante la evaluación.
Pensemos qué confianza puede ofrecer una evaluación cuya conclusión parece escrita desde el comienzo. Recordemos que el gobierno tiene derecho a revisar las políticas, pero también la obligación de cumplir los compromisos del Estado mientras lo hace. Esa responsabilidad debe ser exigida por las comunidades, las instituciones y la comunidad internacional que acompaña el Acuerdo. No esperemos al informe final para observar las consecuencias de esta revisión. Cuando llegue el veredicto, puede que parte de la condena ya la hayan cumplido quienes siguen esperando la paz.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
