La ilusión populista de la seguridad en el programa de Abelardo de La Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella ha prometido resultados milagrosos en seguridad. No es el primero, ni será el último. En América Latina, la región más violenta del mundo, donde se combina la violencia interpersonal con la violencia política, el crimen organizado y la delincuencia común, la necesidad de tranquilidad y protección para la gente es una premisa de primer orden. Nadie quiere que lo maten por robarle un celular y ningún comerciante, a la final, quiere ser extorsionado. Además, las altas tasas de impunidad para los delitos del día a día crean un peligroso cóctel donde la gente cree que nada ocurre y nada cambia.

En Colombia esto se junta con viejas ideas y viejos dolores: nuestros ya tres ciclos de violencia organizada suman la frustración nacional por no haber podido construir un Estado funcional en las zonas más apartadas con la percepción de inseguridad. Parte de la victoria del hoy presidente electo De la Espriella se afincó en el miedo y en el hartazgo que produce la inseguridad, pero especialmente en que encontró, en la fórmula extendida de las nuevas derechas del continente —fallida en casi todos los casos—, un espacio para prometer ilusiones populistas en la materia. Es relativamente sencillo, porque Colombia es un país con la fantasía de que la única posible prevención del mal comportamiento es el castigo, entre más severo mejor. El miedo es la emoción a la que se apela desde el punitivismo, las políticas de militarización y varias de las promesas populistas del entrante gobierno. Y claro, nadie quiere escuchar la verdad: los problemas complejos no tienen soluciones milagrosas. Ni siquiera en la llamada patria milagro.

Pero esa fantasía no es más que eso. Que el crimen se detiene con más cárcel y más armas suena lógico, pero es falso. Como toda idea populista, es una fantasía reconfortante que permite presentar acciones de espectáculo como soluciones, como que “está pasando algo”, aunque los resultados sean nulos. En esto, el gobierno entrante está construyendo algo muy peligroso: un enemigo interno y civil encabezado por la oposición, pero donde evidentemente van a entrar —ya está ocurriendo— movimientos sociales, indígenas, campesinos reclamantes, feministas y probablemente otros grupos contrarios a su narrativa cultural conservadora. Para el gobierno entrante, el problema de la educación no es la calidad, los salarios de los maestros, la evaluación o la cobertura, sino FECODE. Un problema sencillo, con nombres y apellidos, que fácilmente pasa de problema a enemigo. En seguridad es igual, con la diferencia de que en esta materia sí hay enemigos y amenazas reales.

Los grupos armados llevan dos gobiernos consecutivos creciendo en tamaño y capacidad, con negociaciones y sin ellas. En 2019 todos los grupos tenían presencia en 198 municipios —tal vez el mejor número que hemos tenido en décadas—, pero en 2022 llegaban a 420 y en 2025 tenemos 518. Próximamente publicaremos el número de 2026. Este crecimiento tiene mucho que ver con cuán diversas son las economías que los alimentan —legales e ilegales—, cuánta gente logran reclutar —no tenemos siquiera una estrategia funcional de prevención— y cuántas armas logran comprar, que es un tema del que convenientemente no se habla en Colombia. Ninguna de las propuestas conocidas hasta el momento pareciera atacar cada uno de estos tres frentes: armas, gente, dinero. Mientras tanto, lo que el país conoce es un oscuro bloque de seguridad urbana —también una caja negra, donde no se sabe más que el anuncio—, flexibilizar el porte de armas —que ya es legal, con permisos— y revertir la reforma del UNDEMO para volver al antiguo ESMAD. Como buenas propuestas populistas, generarán símbolos pero no resultados.

La evidencia lo demuestra, especialmente en lo que respecta al populismo punitivo y al uso amplificado de armas de fuego. Décadas de investigación criminológica, experimentos naturales en distintos países y datos acumulados por agencias como la UNODC o el FBI convergen en un diagnóstico que el gobierno entrante ignora: armar a la población en contextos de crimen organizado no solo no produce seguridad, sino que produce más muertos y más criminales.

Empecemos por la disuasión. La premisa del populismo punitivo reza, como si fuera un mantra, que si el castigo es suficientemente severo, el delincuente racional lo sopesará y optará por no delinquir. El problema es que ese delincuente racional no existe, o no existe en las proporciones que el argumento necesita. El National Institute of Justice de Estados Unidos es categórico: lo que reduce marginalmente el crimen no es la severidad de la pena sino la certeza de ser atrapado. Aumentar de diez a veinte años una condena tiene efecto estadístico casi nulo. Aumentar la probabilidad de detención sí mueve la aguja, pero eso cuesta dinero, infraestructura y una política criminal seria.

Hay mucha evidencia sobre cómo han funcionado estos modelos en el mundo. En 1994, California introdujo la ley “Three Strikes and You’re Out”, que imponía cadena perpetua al tercer delito. El criminólogo Robert Nash Parker, de la Universidad de California en Riverside, analizó veinte años de datos y encontró que la tasa de criminalidad bajó al mismo ritmo en todos los estados, con o sin esa ley. Más aún: los condados que la aplicaron con mayor dureza registraron una caída del crimen del 12.7%, frente al 21.3% de los condados que la aplicaron con laxitud.

Si el miedo al castigo fuera el mecanismo determinante, los estados que aplican la pena capital deberían tener los homicidios más bajos. Ocurre exactamente lo contrario. Según datos del FBI analizados por el Death Penalty Information Center, los estados estadounidenses sin pena de muerte han tenido tasas de homicidio consistentemente menores; la brecha llegó al 44% en 2003. En Canadá, 27 años después de abolir la pena capital, la tasa de homicidios cayó un 44% respecto a cuando aún existía. El 84% de los presidentes de las principales asociaciones académicas de criminología rechaza que la pena de muerte prevenga asesinatos.

La segunda pata del populismo es el porte libre de armas: la idea de que una ciudadanía armada equilibra la balanza frente al criminal. También esta tesis colapsa frente a los datos, y de manera especialmente dramática en contextos donde opera el crimen organizado, como el nuestro.

Brasil ofrece el experimento más reciente. Jair Bolsonaro desreguló agresivamente el acceso a armas entre 2019 y 2022; las armas civiles registradas casi se triplicaron, de 700,000 a más de dos millones. El crimen organizado no solo no se amedrentó, sino que creció un tipo de crimen de control territorial que, como lo ha señalado el académico Thiago Rodrigues, tiene su mejor ejemplo en las milicias que controlan favelas conservadoras de Río de Janeiro, a las que

 no se persigue, pero que han montado un tinglado de extorsión dramático. Las milicias se armaron sustancialmente con esa desregulación.

Guatemala lo ilustra con aún más claridad. Su régimen de armas es extremadamente laxo, producto de años de cabildeo de distribuidores. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) documentó el mecanismo perverso que ya tenemos en Colombia pero que convenientemente ignoramos: las armas compradas legalmente con documentos falsificados terminan en manos de pandillas y estructuras del crimen organizado. El tráfico internacional se vuelve, en parte, innecesario, porque el mercado legal interno ya provee. En los departamentos con mayor densidad de armas legales, los homicidios son también proporcionalmente más altos. El 82% de las víctimas de homicidio en Guatemala muere por arma de fuego.

El caso extremo es México. Sus leyes de armas son relativamente estrictas, pero enfrenta una de las crisis de violencia más graves del mundo. La razón apunta directamente al efecto de la desregulación del vecino: la ATF estima que 380 armas cruzan ilegalmente de Estados Unidos a México cada día. Dos tercios de las armas recuperadas en escenas del crimen mexicanas tienen trazabilidad a suelo estadounidense, adquiridas legalmente en estados de regulación laxa como Texas y Arizona. Entre 2015 y 2022, México registró 160,000 homicidios con arma de fuego, un aumento del 102%. La desregulación, sin atender este llamado “río de hierro”, no nos va a servir. Recuerden los lectores que el arma que asesinó a Miguel Uribe se compró legalmente en Arizona y terminó en manos de la Segunda Marquetalia.